Luego de 16 meses de parálisis, y tras numerosas advertencias de técnicos, trabajadores y gobiernos locales, la obra de maquinización del brazo Aña Cuá de la represa Yacyretá volverá a ponerse en marcha.
La reactivación se producirá en el segundo semestre del año y será posible gracias a un acuerdo firmado la semana pasada entre los gobiernos de Argentina y Paraguay, que permitirá mejorar los ingresos de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) a partir de un aumento en el precio que ambos países pagarán por la energía generada.
La decisión representa una fuerte contradicción respecto al discurso que el presidente Javier Milei sostuvo desde su llegada al poder, cuando prometió “cortar con la obra pública” y dejar en manos del mercado toda intervención estatal.
En los hechos, el propio Gobierno reconoció con este acuerdo que sin financiamiento público y sin planificación interestatal no hay energía, ni desarrollo ni equilibrio fiscal posible. La obra de Aña Cuá, paralizada desde enero de 2024, se encontraba en un 40% de avance y se proyecta que aumente un 15% la generación energética del complejo hidroeléctrico, equivalente a 270 megavatios de potencia instalada. Esa energía extra representa ingresos estimados de 70 millones de dólares anuales para la EBY y cerca de 6,8 millones para Paraguay en concepto de regalías.
Aunque aún resta definir con precisión la fecha de reinicio y cerrar acuerdos con las empresas contratistas, la EBY confirmó que se retomarán las tareas de hormigón armado en el segundo semestre de 2025, en lo que constituirá un fuerte impulso a la actividad económica y el empleo, sobre todo en la región fronteriza de Ituzaingó, Corrientes. “Nos hubiese gustado reiniciar antes, pero mantuvimos la obra con un plan mínimo. El impacto social del reinicio será muy importante”, explicó el gerente paraguayo de Aña Cuá, Carlos Yorg a los medios de ese país.
Durante más de un año, las obras permanecieron en un virtual estado de “terapia intermedia”, con movimientos de suelo limitados, sin mano de obra intensiva y con cientos de trabajadores desvinculados, por falta de fondos.
En terapia intermedia
El gerente paraguayo de Aña Cuá, ingeniero Carlos Yorg dijo que “si era por nosotros nos hubiese gustado ya reiniciar lo antes posible, y no hacer un plan de transición, que es un plan de transición mínimo, que consiste en movimiento del suelo. Son tareas que hacen también al programa de trabajo, no aisladas. Por ejemplo, estamos recreciendo la presa principal, la presa principal hay que recrecer, hay que rellenar. Entonces, va avanzando así por cota, por capa, eso se está haciendo. Y eso se hace porque requiere menos personal y más equipos. Por ejemplo, los camiones, los compactadores, son más equipos que personas. Entonces, es más fácil hacer ese programa de transición que hacer hormigón armado. Hormigón armado requiere mucha logística, mucho movimiento de personal, muchos recursos”.
El objetivo es que reinicie la obra en el rubro de hormigón armado, “que es el camino crítico del proyecto”.
El ingeniero destacó el acuerdo en la EBY porque “posibilita tener el financiamiento necesario y suficiente” para reiniciar y culminar las obras de Aña Cuá. “Hoy tenemos un avance de más del 35% de ejecución de la obra, y nosotros, desde octubre del año pasado, estamos haciendo lo que se denomina un plan de transición, que es un plan de trabajo mínimo necesario y suficiente para poder mantener la obra. Es como decirte, bien y pronto, que es terapia intermedia, para que el paciente pueda seguir manteniendo las funciones, seguir tratándole hasta que se recupere”, relató Yorg.
Más energía, más cara
El giro en la política oficial se materializó con la firma del Decreto 303, a través del cual el Ejecutivo argentino autorizó a la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería, encabezada por Daniel González, a rubricar un nuevo acuerdo tarifario con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) de Paraguay y la EBY. El convenio, con vigencia hasta diciembre de 2025 y posibilidad de prórroga por cinco años, eleva a 28 dólares por megavatio/hora (US$/MWh) el precio que ambos países pagarán por la energía generada. Hasta ahora, Argentina abonaba apenas 16 US$/MWh, muy por debajo de los 50 dólares establecidos en el tratado original. Ese desfase era cubierto por CAMMESA con pagos en pesos, realizados con años de demora y sin actualización por inflación, lo que deterioraba la situación financiera de Yacyretá. El nuevo esquema reduce el subsidio indirecto, estabiliza ingresos y permite contar con fondos para cubrir gastos operativos, saldar deudas e inversiones.
La mejora tarifaria beneficiará particularmente al margen derecho de la represa, correspondiente al lado paraguayo, donde los costos de operación son sensiblemente más altos. Sin embargo, Argentina continuará absorbiendo entre el 65% y hasta el 90% de la energía producida, gracias a la cesión de energía de Paraguay, que se abastece prioritariamente de Itaipú.
En este contexto, la mayor parte de los ingresos adicionales que obtenga la EBY se canalizarán hacia la finalización de Aña Cuá, donde aún se necesitan unos 400 millones de dólares, además de cubrir compromisos con proveedores, bancos y personal.
“El acuerdo va a cubrir el presupuesto total de la entidad y permitirá seguir financiando las obras”, sostuvo el ingeniero Ángel María Recalde, exconsejero de la EBY.
La obra pública necesaria
El caso de Aña Cuá refleja de manera evidente la inviabilidad de una política energética o económica basada exclusivamente en el recorte del Estado. La retórica “anti obra pública” de Milei no solo se desmorona en los hechos, sino que también comienza a mostrar sus límites prácticos en sectores estratégicos como la energía. La hidroeléctrica binacional Yacyretá abastece a más del 50% del consumo domiciliario de la Argentina y cualquier ampliación o mejora en su capacidad de generación tiene un impacto directo sobre la balanza energética nacional. Sin embargo, la obra quedó paralizada durante más de un año por decisión política, en un país que enfrenta una creciente demanda eléctrica y cuyo sistema energético sufre cuellos de botella.
A su vez, la experiencia deja una enseñanza extrapolable a otras áreas de la infraestructura pública.
Si para generar energía -actividad estratégica y rentable- fue necesario restablecer el financiamiento estatal, ¿por qué no extender la misma lógica a obras de vivienda, cloacas, rutas o escuelas?
La parálisis de obras públicas dejó inconclusos miles de proyectos en todo el país, frenó la generación de empleo formal y desarticuló cadenas productivas enteras.
En Misiones, decenas de proyectos de asfalto urbano, redes de agua potable y escuelas rurales siguen esperando definición, mientras el Gobierno nacional prioriza el ajuste fiscal a corto plazo sin medir el impacto territorial.
Una reactivación en cuotas
Pese al optimismo oficial y a la expectativa que genera el reinicio de Aña Cuá, el proceso no está exento de incertidumbres. Las negociaciones con las constructoras civiles aún no están cerradas y los trabajadores despedidos no fueron reincorporados. Tampoco se reactivó aún la llamada Nota Reversal 2/17, un documento firmado en 2017 que proponía un ordenamiento definitivo de las cuentas de la EBY y una nueva estructura financiera.
Ese instrumento, que ya fue aprobado por Paraguay pero duerme “en un cajón de algún burócrata argentino”, como graficó Recalde, permitiría estabilizar a largo plazo el funcionamiento de la represa y su esquema tarifario. La falta de voluntad política para aprobarlo refleja las contradicciones de un Gobierno que dice querer “déficit cero” pero bloquea los mecanismos que podrían garantizarlo. La vuelta al trabajo en Aña Cuá desnuda los límites de la ideología del “no Estado” en un país que necesita inversión pública sostenida para desarrollarse.
