Cuando aún no abonó los salarios de febrero, y en un nuevo capítulo de su prolongada crisis financiera, la empresa agroexportadora Vicentin declaró un lockout y cerró sus plantas de Avellaneda y Ricardone, en la provincia de Santa Fe.
La cerealera, que desde hace más de 4 años se encuentra en concurso preventivo, argumentó que la decisión se debe a la falta de contratos para procesar mercadería, pero el conflicto con sus trabajadores por atrasos salariales ya venía generado tensión en los últimos meses.
A su vez, el freno de la operación deja en vilo a más de 1.000 empleados directos y a otros 3.000 puestos indirectos vinculados a la cadena productiva.
En un comunicado oficial emitido este sábado, el directorio explicó que esta medida se debe a “la imposibilidad de obtener contratos de fazón en tiempo oportuno para cumplir regularmente con los compromisos de la sociedad”, pero aclararon que esperan “poder revertir la situación una vez que la incertidumbre del proceso judicial sea resuelta”. “En este momento se impone la protección de los activos, lo que permitirá un rápido arranque cuando esto sea factible”, indicó.
Bajo la conducción de Javier González Fraga, el Banco Nación entregó a Vicentin casi US$ 800 millones y más de $2000 millones de agosto a diciembre de 2019.
“Manotazo y extorsión”
En diálogo con PERFIL, fuentes del sindicato aceitero desmintieron a la empresa y aseguraron que la planta de Ricardone tiene “girasol acopiado dentro de la celda”, mientras que la de Avellaneda cuenta con “un fazón firmado para un año”.
En ese contexto, advirtieron: “Cerraron todo para tirar el último manotazo y extorsionar para que les aprueben el Acuerdo de Acreedores que ya tumbó la Corte de Santa Fe, y ver si pueden escaparse de la causa judicial. Corren riesgo de ir presos”.
En relación a la incertidumbre sobre los puestos de trabajo y los atrasos salariales, desde el gremio señalaron que “este lunes deberían pagar los sueldos, pero no hay garantías de que eso ocurra”.
Además, anticiparon posibles medidas: “La idea del sindicato y del cuerpo delegado es esperar hasta el día lunes o martes que paguen los salarios y después veremos qué medidas tomamos. Seguramente será una medida de fuerza”.
Fraude y prisión
El pasado lunes 31 de marzo, el Tribunal Penal de Rosario -integrado por los jueces Nicolás Foppiani, Gonzalo Fernández Bussy y Valeria Pedrana- ordenó la prisión preventiva por 120 días para cuatro exdirectivos de Vicentin: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti. Están acusados de estafa y asociación ilícita, en el marco de la causa que investiga el vaciamiento de la histórica agroexportadora santafesina.
Desvíos millonarios
De acuerdo con la Fiscalía, los imputados habrían desviado casi $6.000 millones de la empresa entre 2019 y 2024 para gastos personales, además de autoasignarse retiros voluntarios por otros 2.000 millones.
También se los acusa de utilizar fondos de la compañía para pagar honorarios legales y seguros de caución con el objetivo de evitar la cárcel. Los fiscales sostienen que la crisis de Vicentin no responde únicamente al contexto económico, sino a maniobras fraudulentas orquestadas desde el propio directorio.
Entre ellas, se incluye la supuesta falsificación de documentación para acceder a créditos que la empresa no estaba en condiciones de devolver. Esta operatoria habría afectado seriamente el patrimonio de la firma, que permanece en concurso de acreedores y aún mantiene deudas millonarias con proveedores, bancos y trabajadores.
En este sentido, el juez Foppiani sostuvo que, por el nivel de organización de las maniobras, el volumen patrimonial comprometido y la sofisticación de las acciones delictivas, en caso de que los acusados sean condenados, podrían recibir penas de cumplimiento efectivo. La causa penal alcanza a un total de 19 exejecutivos de la compañía.
También está bajo investigación Carlos Vaudagna, exdirector de la AFIP, por presuntamente haber beneficiado a Vicentin desde su cargo para evitar sanciones fiscales en los años previos al default.
Mientras algunos de los imputados quedaron detenidos, otros recibieron medidas restrictivas como cauciones por medio millón de dólares, prohibición de salir del país y obligación de presentarse regularmente ante la Justicia.
