Luego de un extenso ida y vuelta entre presentaciones de los abogados y respuestas de la Justicia, el amparo colectivo presentado por un grupo de despedidos de la Entidad Binacional Yacyretá se reformuló hacia un proceso de demanda laboral común y corriente, que cada uno tendrá que continuar en los Juzgados donde tiene domicilio, teniendo en cuenta que hubo despedidos en Posadas, Ituzaingó (Corrientes) y Buenos Aires.
Se llegó a esta instancia casi un año después de que perdieran el trabajo, sin ninguna causa justificada, en abril de 2024, por decisión del nuevo presidente de la EBY, Alfonso Peña, quien tomó la medida solamente para alinearse con la filosofía de ajuste y recorte del gasto público, impulsada por el presidente Javier Milei.
Los despedidos fueron, en su gran mayoría, personas que se incorporaron al plantel durante el gobierno de Alberto Fernández, mientras que la Entidad estuvo dirigida por sectores del peronismo. A raíz de esto, los cesanteados denuncian que hubo una lista negra y un claro accionar de “persecución política” de parte de Peña.
Uno de los abogados que impulsa la demanda, Adrián Bellone, recordó a PRIMERA EDICIÓN que el juez federal de Posadas, José Luis Casals, “se había declarado incompetente anteriormente por aquellos que no tenían domicilio en Posadas. Nosotros habíamos apelado esa medida y la Cámara nos dio la razón, estableciendo que siendo un amparo no puede declararse incompetente por razón del territorio”.
Agregó que el juez “la próxima resolución que dictó fue la de reformular los términos de la demanda diciendo que el amparo es un proceso muy acotado y que no permite generar las condiciones para determinar las pruebas que corresponden para decidir la resolución”.
“Entonces, como hay cuestiones que hay que dilucidar y cuestiones que hay que verificar, que llevarían más tiempo de lo que el amparo permite, pidió que se readecuara el amparo a una demanda laboral común y corriente, en términos laborales”, sostuvo Ifrán sobre la decisión del juez.
Luego de eso, dijo que “ante la situación nosotros readecuamos la demanda porque en definitiva ya no se logró lo que se necesitaba, que era la reincorporación de los compañeros. Entonces adaptamos a la readecuación con una demanda”.
“Y una vez que quedó firme esa readecuación, ahí se volvió a declarar incompetente diciendo que como ya no es un amparo y ahora ya no funcionan la normativa del amparo, se puede declarar incompetente y todas las personas que no trabajaban en la sede de Posadas tienen que ir y continuar su demanda con los jueces que corresponden dependiendo del domicilio que tenían”, explicó el demandante.
“O sea, los que trabajaban en Ituzaingó tienen que ir a litigar a Corrientes y los que tenían domicilio de trabajo en Buenos Aires tienen que litigar en los juzgados de Buenos Aires”, culminó.
Cada uno en su domicilio
Mediante el Expte. 2262/2024 el juez Casals resolvió declarar la “incompetencia del Juzgado Federal de 1ª Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de lo Contencioso Administrativo de Posadas, respecto de los coactores: Sebastián Elizathe, Sergio René Roko, Cynthia Verónica Citadini Pirelli, Natalia Laura García, Adriel Rodrigo Padin, Diego Hernán Sánchez, Regina Larregui, Santiago Uriarte, María Verónica Muriel, Mauro Albano Baldelli, María Victoria Cazerre, y Gabriel Enrique Franco.
A la vez, remite a la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes a fin de que designe el juzgado que por turno y/o jurisdicción corresponda respecto a los primeros cuatro. Y gira a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Mesa General de Entradas, a fin de que designe el juzgado que por turno y/o jurisdicción corresponda a los restantes.
En tanto que declara la competencia de su Juzgado para resolver la demanda laboral de Carlos Nahuel Ifrán (de La Cámpora), Gastón Alejandro Douton, Lionel José Dahir, Lorenzo Darío Martos, Víctor Hugo Méndez, Gustavo Aníbal Charon, Efraín Fernando Samudio (pareja de la exdiputada nacional Cristina Brítez) Paula Jimena Simonte, Adrián Marcelo Bellone, Diego Rodolfo Sesnic, Paula Sánchez y José Gabriel Stevenson.
Despidos sin causa
En abril pasado, la Entidad Binacional Yacyretá despidió a 103 empleados de todas las sedes: Posadas, Ituzaingó y Buenos Aires.
Tienen la particularidad de que la mayoría ingresó a la Entidad a partir de enero de 2019, con el gobierno de Alberto Fernández, con lo cual, consideran que se los persiguió políticamente.
La EBY del lado argentino tiene 500 empleados, luego de 102 despidos ordenados por la nueva gestión, sin otra razón que el achicamiento de los gastos del Estado. Del lado paraguayo, en cambio, la Entidad tiene 1.800 empleados y el gasto salarial es tres veces mayor.
Las versiones políticas señalan que Peña sería “asesorado” desde las sombras por el macrista Humberto Schiavoni, quien fue director de la EBY dos años durante la presidencia de Mauricio Macri y conoce los manejos y los nombres de la mayoría. Entre los empleados despedidos se apunta a Schiavoni como responsable de señalar los nombres. También acusan al senador Martín Goerling, que fue director los otros dos años del mandato del PRO.
Peña es un excompañero de Macri en el Colegio Cardenal Newman y empresario en el sector de obras hidráulicas y de saneamiento.
Tanto en la Ciudad de CABA; cuando Macri fue jefe de Gobierno, como en la Presidencia, estuvo vinculado al Gobierno.
Sin fondos para Aña Cuá pero sí para un seguro
Desde enero de 2024 las obras del brazo Aña Cuá se encuentran paralizadas por la decisión del presidente Javier Milei y del macrista Alfonso Peña. Se trata de una ampliación de 15% en la generación total de la represa con la incorporación de tres nuevas turbinas, situación que le conviene más a la Argentina que a su socio, Paraguay.
A pesar de que no se movió un ladrillo, en diciembre se conoció una adjudicación que realizó la EBY de un contrato para asegurar la represa por 130 millones de dólares. El monto del contrato equivale, aproximadamente, a un tercio del costo total de la obra de ampliación de Aña Cuá, incluyendo las turbinas, las obras civiles y otros rubros.
Se sospecha que hay un negociado detrás, beneficiando a alguien relacionado con ese seguro porque, por un lado no hay fondos para la obra, pero al mismo tiempo se adjudica un contrato millonario por “seguro”.
Primero se hizo un llamado a licitación internacional para adjudicar el contrato, pero luego se declaró desierto y se llamó a concurso directo de precios. Y en esa instancia volvió a elegir a la empresa con la que venía trabajando hasta ahora, que se llama JNP y algunos medios, como la Política Online, dicen que está vinculada al expresidente Mauricio Macri.
