El Gobierno nacional decidió extender el presupuesto 2023 para el año 2025, tras el fracaso de las negociaciones en el Congreso. Esta medida fue formalizada mediante el decreto 1131/2024, publicado en el Boletín Oficial el 30 de diciembre, después de que no se lograra aprobar el proyecto de presupuesto enviado en septiembre y tras el cierre de las sesiones ordinarias del Poder Legislativo.
El presupuesto inicial para 2023 fue fijado en $28.954.031 millones, destinado a gastos corrientes y de capital. Sin embargo, durante 2024, este monto se amplió mediante decretos presidenciales hasta alcanzar un total de $95.9 billones, lo que representa un incremento del 138.4% debido a la alta inflación que afectó al país en los primeros meses del año.
El decreto establece que el Presupuesto General de la Administración Nacional para 2025 será una prórroga del presupuesto vigente de 2024, replicando así las disposiciones de 2023. Este enfoque es inédito en la historia reciente del país, justificado por la falta de una Ley de Presupuesto aprobada para el próximo ejercicio fiscal.
Firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el artículo 1° del decreto señala que las disposiciones vigentes al cierre del Ejercicio 2024 comenzarán a regir desde el 1° de enero de 2025. Además, se faculta a Francos para realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias durante el próximo año.
La prórroga del presupuesto se da en un contexto de tensiones políticas y financieras. Las negociaciones entre oficialismo y oposición no lograron un acuerdo, lo que dejó en suspenso el tratamiento del proyecto presentado por Milei, que incluía medidas importantes como la movilidad jubilatoria y cambios en las asignaciones familiares.
Nunca antes se había prorrogado el presupuesto nacional dos años consecutivos. En su momento, Milei justificó esta decisión debido a la emergencia económica heredada. Sin embargo, la oposición ha expresado preocupaciones sobre la falta de transparencia y los efectos negativos en los acuerdos con organismos internacionales como el FMI.
Asimismo, aunque el Ejecutivo busca garantizar la continuidad de servicios esenciales con esta medida, analistas advierten que podría generar tensiones adicionales a mediano plazo. La falta de un presupuesto aprobado complica la planificación fiscal y expone al Gobierno a críticas tanto internas como internacionales.
Boletín 30.12Fuente: La Nación
