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“Varios municipios tenían la intención de llevar adelante un Parque Industrial”

El intendente de Campo Grande, Carlos “Caco” Sartori, habló de la derogación de los programas y registros destinados a fomentar estos espacios y cómo esta medida afectará a varias localidades misioneras.

9 diciembre, 2024

El Gobierno nacional, a través del Decreto 1077 publicado ayer en el Boletín Oficial eliminó el Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales, junto con el Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI). La decisión implica también la derogación de los decretos 915/10 y 716/20, normativas que sostenían la creación y financiamiento de infraestructura en parques industriales a través de aportes no reintegrables (ANR) y créditos a tasa bonificada.

Esta medida significa un perjuicio importante para aquellos municipios que empezaron a emplazar o tenían proyectado la instalación de un parque industrial en sus comunas, como es el caso de Campo Grande, que accedió a un ANR durante la pandemia del coronavirus, un momento donde era muy difícil trabajar y que había solicitado otro en agosto del año pasado.

“Hemos tenido justamente una reunión el 23 de enero con el nuevo Gobierno, éramos 16 parques industriales que teníamos la posibilidad de percibir estos haberes para poder culminar obras y ahora tenemos la noticia de que esto no sucede”, explicó el intendente Carlos “Caco” Sartori, en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones y Canal 9 Norte Misionero.

El jefe comunal aseguró que esta decisión del Gobierno nacional quita expectativas a las comunas que tenían la seria intención de fortalecer su parque industrial, de percibir o recibir Aportes No Reintegrables que son ayudas del Tesoro Nacional justamente previstas para hacer obras intramuros que hacen al desarrollo de un parque industrial. “La verdad, es que es lamentable porque sé de varios municipios que tenían la intención de llevar adelante un parque industrial, presentando también este ANR”.

Según el Gobierno, el programa, inicialmente ideado para promover la planificación territorial y el desarrollo industrial, sufrió diversas irregularidades. Según cifras oficiales, se otorgaron 309 ANR, pero menos de la mitad presentaron una rendición de cuentas adecuada.

En muchos casos, los fondos no fueron destinados a cumplir los objetivos previstos, como la mejora de la infraestructura intra y extramuros de los parques.

Debido a este motivo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger, celebró el fin del programa afirmando que esta política era “una fuente inagotable de corrupción”, afirmación cuestionada por Sartori.

“Es tremendo que una persona piense de esa forma, pero yo te puedo venir a mostrar acá, qué es lo que hicimos con 34 millones de pesos, el aporte que hizo el Municipio para poder concretar en nuestro parque industrial y que, de esta forma podamos tener la posibilidad de que industrias se instalen en nuestra localidad. No sé a qué se refiere de que son fuentes inagotables de corrupción”, afirmó.

En esa línea, apuntó contra la filosofía libertaria de abolir el Estado como se conoce. “Evidentemente hoy hay una mirada que no se cree en el Estado, que no tiene esa visión federal que se necesita, siendo que la Nación es un consorcio de las provincias, porque la Nación no produce, los que producen son las provincias”, sentenció.

“Pero si nosotros no tenemos una mirada de que se instalen las industrias, de que se fomente el proceso industrial, nos vamos a comer la cola”, agregó.

DESARROLLO. Estos espacios aportan al crecimiento industrial de las comunidades, a través de la radicación de empresas de diferentes sitios.

Menos coparticipación

En el marco de una reunión de trabajo entre el Gabinete provincial e intendentes de todos los municipios de Misiones, el gobernador, Hugo Passalacqua, entregó recursos por un total de 449.351.798 millones de pesos con el objetivo de fortalecer el desarrollo de obras viales, la infraestructura urbana y la atención primaria de la salud en los 78 municipios del territorio misionero.

Durante la entrega de fondos, el Gobernador también se refirió a la caída en los ingresos de la Nación a las provincias y a la medida nacional de no invertir en obras públicas. “Lo que nos habló el Gobernador, es que debemos estar juntos, trabajar juntos para salir adelante y optimizar los recursos, cuidar los recursos o aplicar a esos recursos donde más se necesiten porque se vienen momentos muy complejos”, indicó Sartori.

En consonancia, el alcalde de Campo Grande señaló que la Provincia siempre se caracterizó por contar con obras públicas de alto impacto, algo que se vio suspendido el último año y cree que continuará así, el año próximo.

“Son obras elementales que pueden estar haciendo en algunos municipios, como cordón cuneta, empedrado, algún mejoramiento en algún espacio público, vereda, iluminación, es por ahí en lo que se está trabajando para garantizar seguridad, pero obras de alto impacto o que genere un movimiento importante, no se da”, finalizó Sartori.

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Tags: Campo GrandeCarlos "Caco" SartoriFM 89.3parques industriales
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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