Luego de que se hiciera público a través de una nota de Agencia Hoy que un docente acusado por abuso sexual de niños sordos del Instituto Próvolo de La Plata continuaba frente a alumnos en la EPET 7 de Jardín América, el Consejo General de Educación (CGE) decidió ayer reabrir por oficio el sumario administrativo ante la gravedad de los hechos investigados por la Justicia, según confirmó su presidente, Daniela López, a PRIMERA EDICIÓN.
También ayer, ante el escándalo, el docente en cuestión, José Ángel Britez, quien tiene el máximo de horas permitido en el nivel medio (42 horas), pidió licencia médica.
“El director de Enseñanza Secundaria del CGE, Diego López, me confirmó que el hombre inició sus trámites jubilatorios pero ahora este trámite queda suspendido mientras dure el sumario administrativo. Cuando el CGE dio por concluido el sumario, en 2021, no había encontrado nada que impidiera su regreso al cargo. De todas maneras, la Dirección de Asuntos Legales del CGE tomó conocimiento de lo publicado en los medios sobre la causa y el pedido de apelación de la prescripción de la causa, por lo que la Dirección de Sumario volvió a abrir el expediente hoy (por ayer)”, confirmó la presidente del CGE.
El sumario puede concluir con su exoneración o degradación
Indicó que en su gestión se habilitó la posibilidad de abrir sumarios de oficio, sin necesidad que se presente una denuncia formal ante el CGE, “la denuncia pública a través de los medios de comunicación es el puntapié inicial para abrir muchos sumarios y actuar en forma inmediata”, destacó López.
En este caso, al estar el docente en cuestión en uso de licencia, se procede de todas maneras a dar curso al procedimiento administrativo, “siempre adjuntando la licencia del docente; de todas maneras, un docente con sumario abierto no puede jubilarse porque éste puede determinar como sanción su exoneración o retrogradación del cargo”, remarcó.
Vale recordar que el CGE de Misiones se enteró de la investigación penal contra José Ángel Britez en 2019 cuando el juez Jorge Moya Panisello de Buenos Aires ordenó su detención en la causa instruida por la fiscal penal platense, Cecilia Corfield.
Abuso sexual y corrupción de menores
Los hechos de abuso sexual investigados en el Instituto Próvolo de La Plata ocurrieron entre 1980 y 1990.
Para la detención preventiva de Britez en 2019, se tuvo en cuenta el testimonio de varias víctimas que relatan los abusos sexuales sufridos por parte de Britez y que permitieron concluir a la fiscal que constituyen “prima facie”, “los delitos de abuso sexual simple agravado por su condición de guardador o educador -cumplía funciones de profesor de informática-, abuso sexual con acceso carnal reiterado agravados -por lo menos cinco hechos-, y corrupción de menores agravada por el medio comisivo y por la edad de la víctima”.
En una nota publicada en Página 12 en mayo del 2019, se dio a conocer el testimonio de dos de sus víctimas, que en el momento de los hechos tenían entre 8 y 10 años, y permanecían internadas en el Instituto Próvolo de La Plata, porque sus familias vivían en otras provincias, quienes relataron cómo eran sorprendidas en sus camas o en el baño por Britez, quien “los accedía carnalmente”.
A causa de esos abusos, sufrieron “un daño en la salud psíquica irreparable, tanto en su sexualidad como en su vida diaria, angustia, desazón, deseos de autoeliminación, venganza”.
Según argumentó la fiscal, “no solo resultaban ser menores de edad, sino que eran incapaces en razón de su condición de sordomudos, lo que los convertía en niños indefensos, algunos de ellos sin familia contenedora, otros con familias con quienes no lograban comunicarse, y que presuntamente padecían los más atroces malos tratos, día y noche, durante años”.
Hace cuatro años que volvió al aula
Cuando a principio de 2019, el Consejo General de Educación fue notificado de la causa penal contra Britez tomó la decisión de iniciarle un sumario administrativo y separarlo del cargo hasta que finalice la investigación.
En ese momento estaba al frente del CGE Mauricio Maidana. Pero un año y medio después, en diciembre de 2020, cuando el organismo ya era presidido por Alberto Galarza, el cuestionado docente presentó el oficio de la Cámara de Buenos Aires dando por prescripta la causa en su contra.
Hasta esta semana, Britez tenía 42 horas de distintos espacios relacionados con la informática en casi todos los cursos de la EPET 7 de Jardín América.
Vale decir que si bien fueron probados los hechos de abusos sexuales contra más de 20 niños durante esos años y fueron condenados dos sacerdotes, no prosperó la causa contra Britez que a fines de 2020 fue dada como prescripta. No obstante, la fiscal apeló ante la Corte Suprema de Buenos Aires por lo que el caso aún no está cerrado.
PRIMERA EDICIÓN no pudo confirmar si el CGE fue notificado oportunamente de este pedido de apelación.
“Arturo Irigoyen fue designado al frente de Asuntos Legales del CGE después de estos hecho. Esto puede suceder con los sumarios cerrados que pueden ser reabiertos cuando aparecen nuevos elementos. Y los que estamos en la nueva gestión debemos interiorizarnos de todos los detalles para poder avanzar… por eso tomamos la determinación de actuar de oficio en forma preventiva, más aún con el tema abuso sexual”, remarcó.
Consultada al respecto, la dirigente de la UDA, Mirta Chemes, indicó que “entiendo que no fue cesanteado porque el docente no tuvo sentencia judicial, pero lo que no correspondía desde mi opinión, era dar de baja el sumario porque fue una prescripción y no una absolución, sobre todo por los delitos investigados”.
Para que sea sin goce de haberes
La presidente del CGE, Daniela López, anticipó además que están trabajando junto a la Dirección de la Defensoría de la Niñez, a cargo de Rosana Franco, para elaborar un instrumento que nos permita retener los haberes de los docentes (y empleados públicos) involucrados en temas de abuso sexual y otros delitos contra la integridad física y emocional de los niños.
“En la actualidad, estos docentes son separados del cargo en forma preventiva pero siguen cobrando su sueldo, por lo que estamos trabajando en esta resolución que esperamos poder tener vigente a partir del mes que viene”, remarcó López.
