Los referentes sindicales docentes, Mónica Gurina y Leandro Sánchez, se sentarán en el banquillo de los acusados por “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte por tierra en concurso ideal” por los hechos ocurridos durante el acampe docente en reclamo de recomposición salarial en los meses de mayo y junio pasados.
La elevación a juicio fue firmada por el juez de Instrucción 7, Miguel Mattos entendiendo, tras el pedido del fiscal de turno, que la etapa instructiva de la causa estaba cerrada, y rechazando los planteos de la defensa de los acusados que pidió el sobreseimiento de ambos.
Tras conocerse esto, gremios y agrupaciones educativas y de otros ámbitos repudian la judicialización de ambos dirigentes y docentes, y se solidarizan con la secretaria general de la CTA Autónoma y el secretario general de la UTEM y secretario adjunto de CTA A.
Los firmantes apuntan que “es inaceptable” que sean encausados judicialmente Gurina y Sánchez. “Imponer judicialización, no solo obstaculiza la resolución del reclamo sino que genera mayor conflictividad, contradiciendo en la práctica al diálogo que declaman las autoridades del Ejecutivo provincial”, agregan.
Además, justificaron el reclamo salarial y de condiciones laborales dignas llevado a cabo en el contexto de crisis social y económica “que impone a miles de trabajadores a la reducción de sus ingresos y con ello a la degradación de sus condiciones de vida”.
Por ello exigen “la suspensión y anulación de las acciones judiciales que les fueron impuestas”. También, “interpelamos y exhortamos a las autoridades provinciales a abandonar inmediatamente esta práctica violenta, retrógrada, y persecutoria que la militancia popular y las organizaciones no permitiremos que se siga promoviendo ni que se instale como parte del repertorio de resolución de los conflictos laborales, sociales o políticos”, cierra el texto.
Vale recordar que la causa fue remitida al Juzgado Correccional y de Menores N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial, donde Gurina y Sánchez deberán responder por los cargos.
La protesta de mayo incluyó un acampe en la avenida Uruguay de Posadas, donde los docentes instalaron carpas durante varias semanas, hasta que la medida fue levantada el 4 de junio, tras un acuerdo con el Gobierno y dos órdenes judiciales de desalojo.
