El Gobierno nacional intimó a 10 mil empleados públicos a que inicien los trámites para jubilarse, en una medida que va en línea con la política de achicar el Estado y reducir el gasto público. Sin embargo, genera un fuerte rechazo en todos los señalados porque perderían gran parte de sus ingresos al dejar de ser trabajadores “activos”.
Jubilarse es el fin de una etapa laboral de una persona y es todo un desafío, tanto emocional como económico. Esto último, sin dudas, pesa muchísimo porque una persona recién jubilada en Argentina pasa a cobrar casi la mitad de su salario en actividad.
En este sentido, la especialista previsional, Florencia Markarian, explicó con detalles por qué muchos trabajadores no quieren jubilarse.
En declaraciones a FM 89.3 Santa María de las Misiones, indicó que un trabajador que se jubila “está cobrando alrededor de un 55% de lo que percibía estando en actividad, o sea, un 45 menos de lo que venían cobrando mientras estaban en actividad”.
“Es bastante el descuento porque uno tiene cierto nivel de vida y puede ser que se piense que cuando uno se retira quizás tiene menos gastos, pero la realidad indica otra cosa”, afirmó la abogada Markarian.
Respecto a sí conviene pagar un seguro de retiro a la par de la vida activa, la especialista en previsión indicó que es una opción que debería analizarse bien y ver en qué empresas uno va invirtiendo, asegurarse que sean empresas que hayan estado por muchos años, “porque lo que suele pasar es que esas firmas presentan la quiebra, y entonces esos ahorros de toda la vida termina no teniéndolos”, comentó.
No se pueden negar
Por otra parte, sobre la decisión del Gobierno nacional de apurar aproximadamente a 10 mil trabajadores para que se jubilen, la abogada dijo que no se pueden negar si tienen la edad y los aportes.
“En este caso no podría negarse, ya que hay una ley que está vigente y lo que viene a hacer la resolución es dar instrucciones de cómo implementarlo, con algunas excepciones y prórrogas en los plazos. Pero, viene a poner un poco de orden, quizás en el funcionamiento de esta ley”, sostuvo.
Sin embargo, marcó una diferencia en el ámbito privado, ya que el empleador puede estirarlo hasta los 70 años o más, pero después de esa edad se puede invitarlos a retirarse de la actividad. “En el empleo privado está la posibilidad de extender hasta los 70 años de edad la actividad laboral en relación de dependencia”.
De público a privado
La especialista en previsión reveló que recibe numerosas consultas sobre personas en situación de jubilación, en forma permanente.
Uno de los temas donde más la requieren es para saber si una persona que toda su vida se desempeñó en el sector público puede trabajar en el ámbito privado, a lo que Markarian respondió que “por supuesto”.
Aunque aclaró que “se debe recordar que una vez que uno se jubila, los aportes ya no van para la jubilación sino que van para el Fondo de Desempleo”, debido a la reforma laboral impulsada por La Libertad Avanza, sancionada en el Congreso, que modificó las normas anteriores.
La plata no alcanza: cada vez más jubilados hacen changas
Los paupérrimos ingresos de la mayoría de los jubilados de Argentina están muy lejos de cubrir sus necesidades básicas, por lo que un número creciente se ve obligado a seguir trabajando, mayormente en la informalidad y con salarios igualmente deprimidos.
En Argentina, la edad de jubilación es de 60 años para las mujeres y de 65 para los hombres y hay unos 6,5 millones de jubilados, lo que representa casi el 14% de la población total del país.
Un estudio del Observatorio de la Deuda Social de la UCA (ODSA), publicado a mediados de octubre, aborda una serie de cuestiones sobre la calidad del empleo, el no pago de impuestos, la inseguridad alimentaria, que aquejan a los mayores de 60 años, y, en mayor medida a los que cobran los haberes mínimos.
El estudio revela que los mayores de 65 años representan el 4,5% de la población ocupada (603.000 personas). De esta cifra surge que uno de cada tres tiene pleno empleo, en el caso de los hombres y uno de cada 4 en el caso de las mujeres, es decir prevalece el trabajo en “negro”. Es creciente la tendencia de “hacer changas”.
Según el informe “ninguna estadística es muy buena para los mayores de 60; no tanto si uno mira los estratos más altos, que -aclara el informe- salen a buscar trabajo para ‘mantenerse activos’, sino en aquellos que sobrevuelan el mercado laboral por necesidad”.
El informe hace referencia al alza de 15 puntos en la última década del subempleo inestable, es decir el aumento del empleo precario, es decir cuentapropistas que no hacen aportes a la seguridad social o empleados a los que no se les hacen aportes.
Casi un tercio de los mayores de 60 años (el 31,8%) en actividad laboral es un subempleado inestable. Este sector se vio obligado, especialmente en los últimos diez años, a dejar de pagar impuestos, servicios, algún tipo de cuota o el alquiler de su vivienda. A este panorama se suman dos cuestiones fundamentales: una, la carencia de una atención médica acorde a las necesidades de los mayores de 60 años.
El PAMI, con 5 millones de afiliados, manejado discrecionalmente por interventores de los distintos gobiernos de turno -muchos de ellos procesados por malversación de fondos- es absolutamente deficitario.
La intervención actual ha profundizado el recorte a la salud de sus beneficiarios, limitando cada vez más las prestaciones y quitando la cobertura del 100% de medicamentos esenciales.
