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Ley de Bosques: COFEMA y las provincias analizan acciones ante la eliminación del fondo fiduciario

El Consejo Federal de Medio Ambiente convocó a una reunión extraordinaria para este miércoles para tomar decisiones. A su vez, cada provincia tiene la libertad de emprender acciones puntuales según cómo se vea afectada.

13 octubre, 2024
Ley de Bosques - Misiones

El Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) se encuentra en un proceso de deliberación junto a las provincias para evaluar las acciones a tomar en respuesta a la reciente decisión del Gobierno nacional de eliminar el Fondo Fiduciario de la Ley de Bosques Nativos.

Este fondo es crucial para la preservación y manejo sostenible de los bosques en todo el país. Por ello, el equipo jurídico del COFEMA y los miembros de la Comisión de Bosques Nativos están revisando las estrategias y argumentos más adecuados para presentar un rechazo formal ante la Nación.

Las conclusiones se plasmarán en un documento que se discutirá durante la reunión extraordinaria convocada para este miércoles 16. En esta asamblea, se prevé que las provincias puedan incluso apoyar una moción para recurrir a instancias judiciales si la situación lo amerita, de acuerdo a lo manifestado, por ejemplo por funcionarios de las provincias como La Pampa.

Consultado al respecto, el ministro de Ecología de la provincia, Martín Recamán, quien también preside el COFEMA, explicó a PRIMERA EDICIÓN: “Hemos llevado a cabo una reunión de la comisión, donde se decidió elaborar un documento para ser presentado en la asamblea extraordinaria, a la que asistirán todas las provincias. El objetivo es definir cómo proceder, tanto en una consulta formal a la Nación como en acciones alternativas ante la disolución del fondo”, dijo enfático.

La reunión extraordinaria se convoca tras la decisión del Gobierno nacional de eliminar el fondo fiduciario, una medida que generó gran preocupación esta semana luego de su publicación en el Boletín Oficial.

Recamán destacó que el COFEMA había solicitado previamente un informe a la Nación sobre los pagos adeudados correspondientes a 2023 y 2024, pero hasta el momento no se recibió respuesta alguna. Esta falta de comunicación ha dejado a las provincias en un estado de incertidumbre respecto a la distribución de aproximadamente $15.900 millones que les corresponden entre sí.

“Nos enteramos de la eliminación del fondo a través del Boletín Oficial. La única comunicación directa que teníamos era con Octavio Pérez Pardo, el funcionario que se encontraba al frente de la Subsecretaría de Deporte, Turismo y Ambiente de la Nación, quien renunció. Hay una gran preocupación sobre cómo se procederá, especialmente con las deudas acumuladas de años anteriores. La situación es crítica, ya que los beneficiarios de estos fondos son en su mayoría propietarios privados que conservan los bosques, así como los ministerios y organismos que administraban estos recursos”, subrayó Recamán.

Los recursos provenientes del fondo eran vitales para combatir problemas como el desmonte, promover prácticas sostenibles en el uso del suelo y gestionar incendios forestales. La eliminación de este financiamiento pondría en riesgo no solo la conservación de los bosques nativos, sino también el bienestar de las comunidades que dependen de ellos, según la advertencia que vienen realizando las distintas organizaciones ambientalistas.

 

“Siempre se recibieron montos muy por debajo de la ley”

El presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente, el ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, Martín Recamán indicó que las 23 provincias coincidieron el miércoles de la semana pasada en que la decisión de eliminar el fondo fiduciario representa un grave retroceso en materia ambiental.

“Hubo una unanimidad absoluta al respecto, independientemente del color político de cada provincia. La próxima semana, el COFEMA realizará otra reunión extraordinaria y emitirá un documento detallando las acciones a seguir”, afirmó.

En ese sentido, Recamán también mencionó que, aunque el COFEMA liderará las gestiones, cada provincia tiene la libertad de emprender acciones específicas según cómo se vea afectada por la eliminación del fondo.

No obstante también analizó el funcionamiento de la presente ley y aseguró que desde su creación en 2010, las provincias siempre recibieron fondos muy por debajo de lo que establecía la ley, “que oscilaba entre 6% y 7% de lo que decía la ley”, puntualizó.

Por esa misma razón aseguró que el camino a tomar es la cautela hasta ver qué determinaciones toma la Nación para financiar a las provincias en materia de conservación de sus bosques.

De todas formas, el funcionario provincial resaltó que, a partir de que la Ley de Bosques nunca se cumplió como debía “y los fondos nunca alcanzaron ni fueron representativos para la gestión ambiental en Misiones, en relación a la inversión que hace la Provincia en materia de conservación, por esa razón ha venido trabajando en la consecución de otros fondos que tiene que ver, por ejemplo, con los bonos de carbono, que creo que van a ser para Misiones una alternativa que también llega de forma directa al trasladarle al privado un beneficio por la conservación”, remarcó.

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Tags: COFEMAConsejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA)Ley de BosquesMartín Recamánministerio de Ecología
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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