La pelea entre el Gobierno y las universidades por los fondos sigue latente, abierta, con posiciones dispares y por lo menos con varios rounds por delante. Con un oficialismo, además, que analiza cómo se puede costear la ley de financiamiento universitario si el Congreso rechaza el veto de Javier Milei a la normativa.
En Balcarce 50 ya se encargan en estas horas de armar distintos escenarios. Y el primero es avanzar hacia la judicialización de la ley porque, como señalaron distintos referentes de La Libertad Avanza (LLA), incumple el reglamento por no especificar “de dónde se sacan las partidas presupuestarias” para financiarla. De todos modos, puertas adentro, dirigentes libertarios saben que el proceso judicial será lento, habrá amparos y temen cautelares en contra.
Opciones de recortes
Por lo cual, comenzaron a explorar opciones de recursos. En total, el proyecto cuenta con un costo del 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI), equivalentes a unos $740 mil millones. Precisamente, de ese monto global, unos $441 mil millones (0,8% del Producto) corresponde a la recomposición de salarios docentes y no docentes, el tema que hoy impulsan y colocaron en la mesa de discusión los gremios que representan a los trabajadores de las casas de estudio, con una mayoría de gremios, las dos CONADU, que se muestran inflexibles a la hora de ejecutar reclamos.
En ese marco, en LLA estiman que si deben cumplir con lo que dicta la normativa, van a recortar fondos del presupuesto de Salud. La opción es factible ya que Mario Lugones se propuso, tras una reunión con la primera línea de la cartera, reformular programas vigentes, reducir estructuras (ya se achicó el Sedronar por ejemplo), y empezar a priorizar gastos al momento de comprar medicamentos.
En la cartera quieren que en esta etapa que se abre con un nuevo ministro, el gasto sea lo más eficiente posible.
Otra alternativa, como reconoce un estrecho colaborador de Javier Milei, pasa por quitar fondos de la obra pública del Presupuesto 2025 para redirigirlos a la secretaría de Educación y que la ley funcione sin problemas.
¿Qué sucederá con los distintos gobernadores de distinto signo político que reclaman dinero para que se finalicen obras que el oficialismo se comprometió a terminar?
Es una pregunta que en LLA todavía no tiene respuesta y que puede representar un foco de tensión para nada menos.
“No se va a emitir ni se va a tomar deuda”
Desde el entorno de un ministro, insisten en que “no se van a cometer los errores del pasado: para cumplir con la ley no se va a emitir ni se va a tomar deuda, simplemente se reasignarán recursos si es que no hay avances en la Justicia”.
Con todo, hay posibilidades de que el Gobierno siga, a su manera, arremetiendo contra las casas de estudio en el plano presupuestario.
Hoy, cumple con los gastos de funcionamiento y paga salarios, pero se pueden quitar becas para alumnos de bajos recursos (hoy están congeladas en 20 mil pesos desde noviembre), desfinanciar todavía más a los comedores universitarios, además de terminar con los fondos que tienen las universidades para investigación y las salidas de campo de estudiantes, dos actividades que de acuerdo a un sindicalista hoy están “muy ahogadas en su presupuesto”.
Más allá de la potestad de arancelar la universidad para extranjeros, que el Gobierno pretende reglamentar.
Extranjeros en la mira
Una idea del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que los rectores resisten, sobre todo considerando que los extranjeros que estudian son menos del 1% del total y el cobro a esos alumnos “no mueve el amperímetro” de las cuentas públicas, como afirman.
En torno a la negociación salarial, ante este medio Carlos de Feo, secretario general de CONADU, mencionó que probablemente exista un cónclave este lunes con autoridades de la secretaría de Educación para discutir.
Y sabe que puede llegar una oferta superadora para clausurar el conflicto (según trascendió, sería del 5,8% a cobrar en octubre y una recomposición del 20%).
Pero hay una posición fuerte: por lo menos, quieren el porcentaje puesto sobre la mesa para octubre y que los haberes tengan un incremento en cuotas del 40%.
El rol de PRO
En las últimas horas el asesor estrella del Gobierno libertario, Santiago Caputo, visitó de urgencia al expresidente Mauricio Macri, porque los votos que el oficialismo necesita para “blindar el veto al financiamiento universitario” están en riesgo.
Milei necesita de Macri, y Macri, en menor medida, necesita de Milei. Pero esa dependencia mutua no garantiza que las tensiones se disuelvan fácilmente.
El veto al Financiamiento Universitario será una prueba de fuego para esta incipiente alianza entre el PRO y La Libertad Avanza.
Los números en pelea educativa
• $740 mil millones. Es el costo de la ley de financiamiento universitario, el 0,14% del PBI. De este total, casi $441 mil millones corresponden a la recomposición de salarios docentes y no docentes.
• 270%. El Gobierno informó que ese fue el porcentaje de incremento que recibieron las casas de estudio este año.
• 5,8%. Es el incremento salarial que propuso LLA para los docentes y no docentes desde octubre.
• 40%. Es el porcentaje de recomposición de remuneraciones que quieren los gremios más fuertes, las CONADU.
