El gobierno de Javier Milei está próximo a oficializar la reglamentación que permitirá el cobro de aranceles a estudiantes extranjeros no residentes que asistan a universidades argentinas, como parte del capítulo educativo de la Ley de Bases.
Además, se revisarán los criterios de distribución de recursos universitarios, basándose en la cantidad de estudiantes y graduados, lo que ha generado un acalorado debate en el contexto del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.
La medida ha suscitado tensiones con la oposición, quienes cuestionan el impacto que podría tener sobre el financiamiento de las instituciones públicas. Aunque algunas universidades aún no han recibido notificación formal sobre el alcance de la normativa, se prevé que cada institución tendrá la libertad de decidir si implementa o no el cobro a los estudiantes extranjeros.
Además de los cambios financieros, elGgobierno también planea evaluar a los docentes secundarios y el sistema educativo en su conjunto. Sin embargo, algunos referentes académicos, como el vicerrector de la UBA, han advertido que la medida podría ser inviable si el presupuesto universitario se ve reducido drásticamente para 2025.
A pesar de que la normativa fue elaborada bajo la dirección del ministro de Educación, Carlos Torrendell, el subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez, no participó directamente en su diseño. Mientras tanto, se espera la conformación de una “comisión técnica” para abordar la disparidad salarial entre docentes universitarios y otros sectores estatales, una cuestión que sigue generando roces entre las universidades y el gobierno.
