¿Qué hace el Estado con miles de bienes incautados al año en todo el país? Inicialmente, la respuesta debe ser que se aplica una ley que data de 1974, que quedó muy desactualizada a lo que hoy es la lucha contra el crimen organizado.
Un grupo de 50 organizaciones no gubernamentales, encabezadas por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), presentó este año un proyecto de ley llamado “Bien Restituido”. A estas ONG se sumaron las cuatro asociaciones federales de jueces y fiscales, Cáritas, ACIERA, la CGT, la CTA, cámaras empresarias, entre otras.
El proyecto de ley busca que activos, como autos, barcos, casas, campos, aviones -que han sido instrumento, producto y provecho de actividades delictivas complejas- puedan ser reutilizados con fines sociales. Está financiado por la delegación de la Unión Europea en Argentina e implementado por Libera (Italia), el Circolo Giuridico di Argentina, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Fundación Multipolar.
El proyecto original de la movilización social sobre el destino final de los bienes perdió su estado parlamentario el año pasado, ya que el Congreso no lo trató, a pesar de haber contado con la firma de unos 20 diputados de entre 5 y 6 bloques.
No hay mal que por bien no venga. En 2024 fueron 40 diputados de 9 bloques los impulsores de la iniciativa legislativa. “Tenemos cubierto todo el territorio nacional”, aseguró Lucas Manjon, coordinador de “Bien Restituido” de ACIJ y representante en Argentina de la organización Libera, promotora en Italia de la recuperación de bienes de la mafia desde los años ‘80.
En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones y canal 9 Norte Misionero, explicó que “Italia es el modelo desde hace 30 años. Allí, se reutilizaron 60.000 inmuebles y el Estado recuperó unos 40.000 millones de euros. La ley es de 1995 y la promovió la Asociación Libra y de la que formo parte para trabajar con ACIJ en este proyecto”.
“En plena ola de muertes de la mafia en Italia, se logró que se tenga en cuenta que perseguían la actividad económica pero que había que combatirla en lo cultural y civil. Juntaron un millón de firmas, hubo convocatoria popular y el Parlamento italiano lo aprobó por unanimidad”, agregó el referente de ACIJ.
Manjon cree que, si el Congreso sanciona la norma este año, “tenemos la esperanza que Argentina sea el segundo país en el mundo en reutilizar los bienes secuestrados del crimen organizado, al haber firmado el proyecto todos los bloques”.
Una ley antigua y desactualizada
Lucas Manjon, de “Bien Restituido”, recordó que la ley que se aplica actualmente en la Argentina para determinar el fin de los bienes decomisados “en su estructura central es de 1974 y tuvo unas pequeñas modificaciones en el 77 y 78. Luego, en 2009 y 2012, se hicieron cambios muy chiquitos sobre depósitos bancarios y aviones pero hoy nos seguimos manejando con esa misma ley del 74”.
Esa ley prevé que los bienes secuestrados se tienen que vender a los seis meses, haya o no sentencias, cuestión que hoy no se cumple por la falta de organización y medios que tiene el Estado nacional para ello.
“La ley de 1974 no preveía el secuestro de una casa o de 30 autos en una causa por el narcotráfico. Solo se refería a bienes que podrían estar en una casa como una máquina de escribir o una bicicleta. En su momento, cuando el Ejecutivo mandó el proyecto al Congreso en 1974, ya decía que se le estaban llenando los galpones de cosas, empecemos a venderlos y, si a la persona se le confirma la inocencia, para que no pierda el valor de los secuestrado, se le devuelve en dinero”, detalló Manjon sobre la normativa antigua y desactualizada.
“Hoy en día tenemos ese problema de gente sometida a proceso, se les secuestran casa o vehículos y hoy si se lo tienen que devolver, ese auto estuvo 7 años en un estacionamiento al rayo del sol y nadie lo encendió nunca. Por eso la gente casi no quiere que se los devuelvan por el costos que significaría volver a poner en funcionamiento”, ejemplificó sobre los inconvenientes que la norma legal actual genera por su falta de actualización operativa.
Pocos decomisos van a remate
Siempre sobre la ley vigente, Lucas Manjon de la ACIJ, aseguró que “un primer problema es que no hay un inventario real. Cada Juzgado lleva uno, otro la Corte Suprema pero no está completo. Y otro el Ministerio de Justicia que ya no coincide con lo que lleva a la CSJN”.
Luego contó las estimaciones económicas que mueven estos decomisos que podrían estar volcados a las organizaciones civiles con fines sociales: “En estos tres años y medio, un equipo económico nuestro trabajó en hacer una valuación y, al día de hoy, creemos que al día de hoy solo en vehículos en causas federales, el cálculo nos estaría dando unos 100 mil millones de pesos. Nos falta calcular campos, departamentos, galpones, casas”.
Manjon se refirió al contrabando y los problemas de aprovechamiento de granos y alimentos: “Es un tema que nos pareció muy importante, uno de los grandes problemas de frontera, y uno en particular, el de granos. Los jueces son los que disponen el destino pero nos contaban que, por ejemplo, en Formosa cuando se secuestran granos se terminan pudriendo porque el Estado no tiene un organismo al cual entregarle granos, alimentos, cemento, cualquier producto que se frene la maniobra”, indicó el referente de ACIJ.
Tasación no federal
Al insistir con que el porcentaje que va a remate “es muy chiquito y, el valor, es el 50% del que tiene el mercado”, Lucas Manjon reveló que “hay bienes que se deben rematar rápidamente al valor que sea porque es muy costoso para el Estado mantenerlos como barcos, aviones, autos. Pero el porcentaje es muy bajo porque no hay equipos de subasta. La Justicia federal se está recostando en la AABE pero tiene sede solamente en CABA. Entonces, cuando hay un juez de provincia de Misiones, Salta, Jujuy, Chubut, debe llamar a Buenos Aires si necesita que la AABE tase los bienes y, desde acá, mandar a alguien a tasarlos por lo general”.
El dirigente de la ACIJ aseveró que “el proceso es muy lento. Hay bienes secuestrados hace 10 años y todavía no se ha logrado subastarlos porque no hay tasadores ni equipos de subasta. Son problemas administrativos que, al Estado, les está costando mucha plata”.
Apoyo del Papa
El sumo pontífice católico participó el viernes pasado del seminario titulado “El uso social de los bienes confiscados”, en la sede de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, en el Vaticano.
Fue el marco en que el papa Francisco brindó su apoyo al decomiso de bienes del crimen organizado, como el que se pretende implementar, siguiendo el modelo italiano.
“El crimen organizado ataca a millones de hombres y mujeres que tienen derecho a vivir sus vidas y criar a sus hijos con dignidad, libres de hambre y miedo a la violencia, la opresión o la injusticia”, fue el mensaje del argentino ante juezas, jueces, fiscalas y fiscales de Italia, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido y España; agencias para la administración de bienes decomisados de Italia y Francia; organismos internacionales como la UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), la Corte Penal Internacional, INTERPOL, OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), Cáritas Internacional, IDLO (Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo), ILC (The International Land Coalition) y GITOC (La Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional).
También organizaciones sociales y cooperativas que han reutilizado bienes recuperados a la criminalidad organizada y que darán testimonio del trabajo en los territorios más golpeados por el crimen organizado y los procesos de resiliencia que se dieron en los mismos.
Otra mirada sobre el destino
Ignacio Yacobucci es el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo nacional que lucha contra el lavado de activos del crimen organizador. En diálogo con FM 89.3 de las Misiones y canal 9 Norte Misionero opinó sobre el proyecto de “Bien Restituido” y ponderó que se debata el fin de los bienes incautados. Sin embargo, sostuvo que muchos de ellos (o el resultado de su venta o remate) vendrían muy bien para reforzar la tarea de organismos como la UIF.
“Está bueno que haya debate, no se si me quedo con esa propuesta porque, hoy, hay grandes necesidades vinculadas a tener mejores laboratorios químicos para análisis de estupefacientes, mejores gabinetes tecnológicos para pericia de teléfonos y computadores y dispositivos; mejores gabinetes psicológicos para algunas pericias específicas; hornos para la destrucción de estupefacientes para que sea más fácil hacerlo y no estén dando vuelta con el riesgo de robo o que se utilicen de otra manera. Todos esos desafíos, lamentablemente, requieren de inversión y sería muy positivo que esa plata de las organizaciones vengan a fortalecer el sistema”.
“Hoy tenemos dos situaciones distintas: los bienes que se cautelan quedan a disposición del Juzgado que decide la finalidad que se les da mientras dure el proceso. Muchos de los automotores se dan en uso a las fuerzas de seguridad para que tengan mayor capacidad logística y operativa. Cuando se llega a una sentencia condenatoria, van a diferentes lugares dependiendo el caso. Si es una causa de lavado, van a la UIF y se pueden invertir en mejores sistemas tecnológicos de procesamiento de información, la apertura de más agencias regionales, etc”, explicó Yacobucci.
En cuanto al narcotráfico, “van a un fondo específico, dedicado a la prevención del narcotráfico que maneja el gobierno federal. Y si es por trata de personas, va también a un fondo que busca es compensar a las víctimas de trata para la reinserción social después de la violencia sufrida”.
