El reciente fracaso de la oposición en la Cámara de Diputados, al no alcanzar los dos tercios necesarios para avanzar con la ley jubilatoria, dejó un panorama sombrío. Sin embargo, la anulación del decreto 656 sobre los gastos reservados para la SIDE en ambas cámaras aportó un pequeño equilibrio en la escena política.
Con la promesa del presidente Javier Milei de vetar por completo la ley de financiamiento universitario, la oposición enfrenta una nueva y compleja batalla. Una vez que el veto se publique en el Boletín Oficial, se abrirá un plazo de diez días hábiles para que la Cámara baja lo aborde.
Aunque el tratamiento podría recaer en las comisiones de Educación y Presupuesto, el antecedente de la ley de movilidad previsional sugiere que el proyecto será llevado directamente al recinto, sin dictamen previo. Las comisiones, presididas por Alejandro Finocchiaro (PRO) y José Luis Espert (oficialismo), vigilan de cerca los intereses del Gobierno, lo que dificulta la convocatoria a las reuniones necesarias.
En una eventual sesión, el desafío inicial sería reunir quórum, un paso relativamente sencillo. Sin embargo, lo complicado será lograr los dos tercios para incorporar el veto presidencial en el temario y, posteriormente, obtener esa misma mayoría para rechazarlo.
En la votación del 15 de agosto, la oposición obtuvo 144 votos a favor y 77 en contra, pero quedó lejos de los dos tercios requeridos. Si se repitiera ese resultado, el oficialismo impondría su veto. A esto se suma que la UCR, que en su mayoría respaldó la ley, podría volver a dividirse, lo que dificultaría aún más el escenario para la oposición.
A juzgar por el último antecedente, una herida que todavía sangra en el radicalismo, los cinco diputados que se pintaron de violeta en la última sesión cambiando su voto, volverían a hacer lo mismo.
