Una triste historia envuelve a cuatro hermanitos misioneros, que vivían en una casa del IPRODHA de madera, del sector 508 Viviendas del populoso barrio Itaembé Guazú. Ayer fueron rescatados de un hogar donde su mamá, paciente psiquiátrica, decidió que abandonaran el tratamiento médico que tres de ellos debían realizar, para contener una esclerosis degenerativa congénita, que los fue dejando incapacitados de varias funciones corporales.
El cuarto y más pequeño de los hermanos, tiene seis años y aún no ha manifestado signos de la misma afección, por lo cual se espera poder tratarlo a tiempo para evitar cualquier discapacidad.
En la casa de Itaembé Guazú convivían además con tía adulta que también tiene problemas psicológicos, sin capacidad para revertir la situación.
Sin escolarización
PRIMERA EDICIÓN pudo reconstruir el caso que se inició el pasado 30 de agosto, cuando personal del CAPS del sector, sobre avenida Pino Paraná y Chivato, dio aviso al área de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social, que la madre de los varones (que tienen 8, 10 y 12 años de edad) había abandonado el tratamiento que el Estado les seguía a los niños para intentar disminuir los daños corporales, por esa enfermedad que se transmite de la madre a los hijos varones.
Para determinar ante qué situación se enfrentaba el Estado, la Provincia envió a profesionales para realizar una evaluación sociosanitaria. “Nos encontramos con una situación de extrema vulnerabilidad. No solo porque hicieron dejar el tratamiento médico sino porque ninguno iba a la escuela”, confió una fuente oficial a este Diario.
“Era muy evidente el abandono en el que se encontró a los niños y una negligencia por parte de las dos adultas que estaban a cargo de la casa”, agregaron las mismas fuentes.
Según se determinó en los informes médicos, por determinación hospitalaria del cuadro, los niños fueron perdiendo la capacidad motriz hasta quedar en silla de ruedas, algunos la escucha y otro el habla.
En al menos tres entrevistas, la madre de los niños admitió en medio de su esquizofrenia no tratada, la imposibilidad de atenderlos como necesitaban por su vulnerabilidad. En las averiguaciones, se constató que tres de los cuatro cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y perciben una pensión. A tal punto que, ayer cuando los fueron a sacar de la casa, no opuso resistencia.
Dos vías posibles
En estos casos, el Estado cuenta con dos posibilidades de abordaje, dependiendo de la urgencia con la que decida intervenir, para evitar que cualquier burocracia pueda ralentizar la implementación de un abordaje. La actuación debe hacer cumplir la ley nacional 26.061, de protección integral a niños, niñas y adolescentes.
Una es la judicial, donde un magistrado defina las medidas. Y la otra por la vía administrativa y posteriormente la denuncia judicial. En Desarrollo Social de Misiones optaron por esta última.
Por ello, comenzaron a buscar en qué lugar se podían llegar a quedar los niños, mientras un magistrado judicial define si los revinculan con familiares hasta incluso con la propia madre si se cumplen algunos requisitos básicos como pueden ser: el tratamiento psiquiátrico de la mujer, que le permita tener noción de la situación y de los cuidados que deben tener sus hijos; la continuidad de la atención médica de los menores, en especial de quienes ya se encuentran en peor estado de salud; entre otros.
En Misiones no hay muchas opciones para niños con estas patologías severas que requieren de una atención a tiempo completo.
En la búsqueda, se encontraron con la predisposición del hogar Santa Teresa de Oberá, de la Fundación Guillermo Hayes, que lleva 31 años atendiendo a personas con discapacidad motriz que fueron abandonadas.
Según explicaron a PRIMERA EDICIÓN, desde ese dispositivo se solicitaron diversos informes que incluyeron las historias clínicas médicas, los diagnósticos, los informes de relevamientos socioambientales que son comunes en este tipo de organizaciones, antes de incorporarlos entre su población.
Autorización judicial
Una vez cumplimentados los requisitos, aún con algunos informes médicos pendientes, los funcionarios de Niñez y Adolescencia de Desarrollo Social se presentaron ante la Justicia de turno para informar la situación y, a su vez, solicitar la autorización para realizar el operativo de traslado.
Ayer viernes se cumplimentaron los trámites y, con apoyo de la Comisaría de la Mujer de la Policía de Misiones, las trabajadoras sociales y funcionarios fueron a rescatar los cuatro hermanitos.
Como se explicó, no hubo ninguna resistencia por parte de las mujeres a cargo de la casa, al punto que la madre habría manifestado que se encontraba abrumada por la situación que no pudo contener.
Así, se pudo actuar con rapidez para, luego, viajar desde Itaembé Guazú a Oberá, donde ya fueron recibidos por el personal del Santa Teresa.
Qué establece la ley 26.061
Esta ley tiene por objeto la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte.
Los derechos aquí reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del niño. La omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de medidas expeditas y eficaces.
