La Libertad Avanza acaba de dar otro paso para asemejarse a la casta que ataca en palabras casi a diario. Con la firma de Javier Milei, el oficialismo limitó desde esta semana el acceso a la información pública, una herramienta clave para conocer los irregulares pasillos sobre los que se sigue moviendo la política al igual que antes.
En paralelo al veto presidencial que limita los haberes de los jubilados, Milei firmó un decreto que reglamenta diversos artículos de la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública y establece una serie de restricciones para la ejecución de este derecho. No es para menos viniendo de un representante de la casta política y económica.
Desde que asumió como Presidente, estos pedidos de acceso a la información pública fueron la herramienta mediante la cual salieron a la luz algunas estadísticas, datos públicos y hechos que hasta entonces no se conocían sobre la actual gestión: visitas a Olivos, alimentos guardados en depósitos del Ministerio de Capital Humano, millonarios gastos en viajes del Presidente, el envío de oro al exterior por parte del Banco Central, por nombrar los que tomaron estado público por la polémica que generaron.
Es cuanto menos irónico que el Presidente que se declara el general de la libertad global firme un decreto que frene e impida el acceso a la información que todo ciudadano debe tener. Pero es también esperable de un dirigente que navega las ambigüedades como pocos antes que él… y eso que lo precedieron políticos altamente reprobables.
La clave entonces para el oficialismo sigue estando en mantener la potestad del mensaje para que sus verdades sean las absolutas, una lógica que explica el desenvolvimiento de la mayoría de las presidencias anteriores a Milei. De hecho esa sigue siendo la clave del relato que domina las redes sociales y que ajusta el acceso a los datos que lo comprometen, tal el paso que acaba de dar La Libertad.
Para aplicar los cambios, la administración libertaria modificó además el concepto y alcance de lo que se conoce como “información pública”, y expresó: “No se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido”.
Precisaron que “la Agencia de Acceso a la Información Pública tendrá en consideración, a los efectos de la elaboración de estadísticas, aquellas solicitudes reiterativas que generen un dispendio innecesario de actividad administrativa por parte de los sujetos obligados, o que configuren un abuso en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública por parte de los solicitantes”.
“Derecho fundamental”
Diego Armesto, abogado constitucionalista, fue uno de los especialistas que analizó la gravedad del camino que a-caba de adoptar el Gobierno. “Lo que hace la ley específicamente es modificar todo lo concerniente al objeto de la ley, que esto es lo más grave, es decir, el acceso a la información pública como lo conocemos empieza con una redacción de negación”, comentó Diego Armesto. “El acceso a la información pública es un derecho humano fundamental, que lo que hace es que en cabeza de cada ciudadano está la facultad de saber”, agregó.
Posteriormente, Armesto planteó: “Cuando no se tiene la facultad de saber y te quitan ese derecho, eso es lo que está haciendo este decreto”.
“La primera cuestión es que modifican el espíritu de ley, en segundo lugar modifican el artículo 32, que es la buena fe, si el Gobierno cree que la persona está molestando su esfera privada le pueden iniciar una acción judicial por abuso del derecho”, describió.
“Esto lo que hace es limitar y que todo aquel que tenga ganas de averiguar algo deje de averiguar”, sostuvo entrevistado por Perfil. “Es una supresión de libertades, es un ataque directamente a los derechos fundamentales de las personas”, advirtió.
Al mismo tiempo señaló que “el Gobierno está desatendiendo una cuestión que es la jurisprudencia”. “El interés público -agregó- no lo define un decreto o una ley, el interés público lo define el ciudadano, es toda construcción colectiva de la sociedad, donde la sociedad considera que tiene un interés público y una relevancia pública que es necesaria averiguar”.
“Lo que permite el acceso a la información es una lucha abierta contra la corrupción y a parte lo que abona es la transparencia”, expresó Armesto quien, para finalizar, dijo que “si no hay transparencia, el gobierno republicano, automáticamente, desaparece y esto es lo que el decreto está llevando adelante”.
Hay sobrada jurisprudencia internacional y nacional que ratifica que el acceso a la información es un instrumento clave para el ejercicio de otros derechos, como los económicos, sociales y culturales. Es decir, el derecho a la información permite a los ciudadanos definir ciertas circunstancias que pueden afectar su vida cotidiana y desarrollar la capacidad para tomar decisiones informadas y acciones concretas con el fin de mejorar sus condiciones de vida.
“Grave retroceso”
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechazó los cambios que el Gobierno nacional introdujo en la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública y advirtió que implican un “grave retroceso democrático, ya que al limitar los datos que pueden ser proporcionados desalienta la participación ciudadana en los asuntos del Estado y oscurece la gestión pública”.
FOPEA señala que debe presumirse como regla que toda la información que existe en poder de órganos públicos puede y debe ser divulgada. “Ponemos de manifiesto hoy, tal cual lo hicimos en 2016 cuando la ley se sancionó, que son los ciudadanos los dueños de la información pública y no el Estado, por lo que el permitir su conocimiento no es una concesión discrecional de los gobiernos sino un imperativo normado”, señala el comunicado.
“Por ello -agrega-, alertamos que una limitación en este aspecto ataca todos los principios de transparencia activa. Tal como sostiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y a la crítica del público y esa diferencia se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente”.
Error interno
La decisión del oficialismo de avanzar sobre esta ley encendió las alertas en más de una bancada. A la preocupación del peronismo y los bloques dialoguistas, se sumó el radicalismo que a través de un comunicado calificó al decreto como “inconstitucional” y apuntó al Gobierno por “empeorar la calidad de las instituciones”.
Aunque sin tanta excitación, el PRO también apuntó contra el oficialismo por esta medida. “Esta ley es fundamental para la ciudadanía, ya que garantiza un derecho esencial en cualquier democracia: el acceso libre y sin restricciones a la información pública.
Alterar esta norma por la vía reglamentaria sin el debido consenso representa un retroceso en términos de transparencia y control público, elementos esenciales para el buen funcionamiento de nuestra democracia”, reza el contundente comunicado del partido.
La insistencia del espacio comandado por Mauricio Macri por hacer cumplir el buen funcionamiento del acceso a la información pública -reglamentado en la Ley N° 27.275, creada durante la gestión Cambiemos- no cayó en gracia en el Gobierno.
Para un alfil del presidente, el PRO “se pasa de rosca con la institucionalidad y ve fantasmas donde no los hay”. Del otro lado del mostrador retrucan: “Nos gustan las cosas transparentes”.
La explicación oficial
Al responder las preguntas que le realizaron los miembros de la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió al decreto 780/2024 publicado el pasado lunes.
“No hay ninguna intención de limitar el acceso a la información pública”, aseguró el jefe de Gabinete en su defensa de gestión en la Cámara baja y afirmó que “no nos pareció que hubiera en todo esto una violación a este derecho constitucional”: “La intención fue tratar de ordenar el tema del acceso a la información por la cantidad de tarea administrativa que demanda”, agregó y ratificó que “no se pretende ocultar información pública”.
Finalmente, el funcionario se comprometió a “recoger las inquietudes que ustedes han planteado aquí y se las voy a transmitir al Presidente de la República y veremos si tenemos necesidad de modificar el decreto”. “No tenemos ningún reparo en dar todas las respuestas de ser necesaria”, concluyó.
El viernes, en su habitual conferencia de prensa, el vocero Manuel Adorni desmintió a Francos y negó que el Gobierno analice cambios.
“Nosotros siempre estamos dispuestos, a que, si tenemos que modificar algo, modificarlo. No va a ser este el caso”, avisó el vocero.
La negativa de Javier Milei a presentarse frente a periodistas que lo incomoden -tarea que delega en su portavoz, Manuel Adorni-, lo asemeja a la expresidenta Cristina Kirchner, quien también arremetió con dureza contra el periodismo crítico durante sus dos mandatos presidenciales (2007-2015). A diferencia de ella, sin embargo, Milei optó por desfinanciar y recortar los medios públicos.
