Luego de exponer en la Legislatura provincial las consecuencias negativas de una baja en la edad de punibilidad, la defensora de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham, se reunió con áreas que trabajan con infancias en la provincia para fortalecer la red de abordaje. La defensora aseguró que el mayor problema que atraviesan las infancias está en su núcleo familiar, donde los padres no pueden alimentar ni cuidar a los niños. Sumado a esto, alertan sobre la trata, la explotación y el abuso sexual infantil en contexto de vulnerabilidad.
Entre los desafíos, como defensores de las infancias, Marisa Graham respondió a PRIMERA EDICIÓN que gran parte de las acciones deben concentrarse en “bajar los índices de pobreza e indigencia”. En base a los datos de UNICEF y reportes de la UCA “el tener 7 de cada 10 niños por debajo de la línea de pobreza y 3 de cada 10 bajo la línea de pobreza extrema o indigencia es nuestra prioridad para trabajar”.
Como parte de las políticas nacionales, contestó que “necesitamos que los adultos tengan empleos, en lo posible formales, porque los niños y niñas tienen familias”. En este sentido, rechazan que las infancias “deban salir a trabajar, porque son los adultos que los cuidan los que deben tener un trabajo”.
La defensora analizó que “cuando las condiciones materiales de vida son tan bajas y vulnerables, también impacta en las condiciones simbólicas de vida de los niños, niñas y adolescentes, porque nadie puede cuidar y criar a sus hijos si no puede darles de comer y los tiene que acostar sin cenar”.
Al ser consultada por la repercusión del caso Kiczka, Marisa Graham se limitó a responder que “más allá de estos casos que aparecen y tienen notoriedad en los medios de comunicación, el tema del abuso sexual infantil, el uso de los niños y la pedofilia es un tema que nos viene preocupando hace tiempo”.
Cabe mencionar que, en la reunión con áreas de infancias de la provincia, se mencionó que realizarán charlas en una escuela de Apóstoles y planifican acciones de sensibilización junto a las fuerzas de seguridad en esa ciudad. En el marco de la reunión de los vicegobernadores realizada ayer, la defensora resaltó que se debatió este tema “porque también colapsa a la Justicia, tanto penal como de familia”.
Por su parte, al mencionar la problemática de la trata de niños, principalmente tras lo sucedido con Loan en Corrientes, relató que “tenemos trata en la República Argentina, con una lógica norte-sur, con tres fines: el primer fin es el laboral, la mayoría de los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de trata es para explotación laboral”.
Sumado a esto, “el segundo fin es para explotación sexual y el tercero es para adopción, porque hay compra y venta, trata de niños, para ser adoptados. Esto sucede con las familias más pobres donde lo último que tienen para dar son sus bebés a familias que los compran o también son víctimas de redes de trata, que ofrecen niños por fortunas, en dólares o euros”.
En cuanto al proyecto para bajar la ley de punibilidad, Marisa Graham aseguró que”es peor que la ley actual 22278 y que la 10903 la llamada Ley Agote, así que retrocedemos casi 100 años en un país donde no necesitamos retroceder”. En este sentido, respondió que “somos uno de los países con el índice de criminalidad más bajo de la región, junto con Bolivia y Cuba, cuando los que tienen el índice más alto tienen el índice de punibilidad a los 12 años”.
Por tal motivo, remarcó que “no hay ninguna razón para bajar la edad y mucho menos para privar de libertad en lugares que no están preparados para contener niños y adolescentes, ni siquiera de 16 y 17 años, así que mucho menos más chiquitos”. De tal forma, indicó que están en campaña para que no se apruebe esa ley ni otras que bajan la edad a los 14 años.
En este cambio, Graham comentó que lo principal es avanzar en un marco legal “sin bajar la edad, sin agravar las penas, porque ponerle a un niño de 13 años una pena de 20 años es casi una perpetua”.
