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Cómo funcionará la tarjeta de débito en dólares, un uso ligado a la salida del cepo

El Gobierno quiere que la gente gaste los dólares que están fuera del sistema, tanto los declarados como los que van a blanquearse. Pero gastar ese dinero débito no se volverá masivo mientras haya restricciones cambiarias.

9 septiembre, 2024

En el marco del blanqueo, la posibilidad de hacer pagos con una tarjeta de débito en dólares que el ministro de Economía Luis Caputo anunció la semana pasada avanza a paso lento y posiblemente se implemente es este semestre.

Por un lado, hay dudas acerca de si hace falta o no que el BCRA agregue alguna regulación específica. Pero además, las posibilidades de que se extienda el gasto en dólares con tarjetas de débito dentro del país (ya es posible hacerlo en el exterior) están vinculadas a la salida del cepo cambiario, algo que aún no tiene fecha cierta.

El Gobierno tiene la intención de que los argentinos empiecen a gastar los dólares ahorrados por dos vías. La primera es que los billetes debidamente declarados ante AFIP, que duermen en las cajas de seguridad, cara chica o cara grande, se depositen en cajas de ahorro bancarias en dólares.

La segunda, son los dólares a blanquear que, hasta el 30 de septiembre, pueden depositarse en las cuentas especiales del blanqueo, las CERA. Para ello, habría que “vincular” las tarjetas de débito a ambos tipos de cuentas. Hoy es posible gastar con débito desde una caja de ahorro en dólares, pero solamente en el exterior.

Desde hace algunos meses, tanto Visa como Mastercard trabajan en esa posibilidad, en conjunto con el Banco Central y con las empresas adquirentes, aquellas que le ofrecen el servicio de pagos a los comercios. La idea es que no se necesite emitir nuevos plásticos, sino que las tarjetas de débito existentes puedan incorporar el gasto en dólares.

 

¿Qué rol jugaría el cepo en las compras?

Fuentes del Banco Central aseguran que para implementar eso no hace falta ningún cambio normativo. De hecho, explican que si las empresas no lo hicieron hasta ahora es por su propia decisión, por incentivos comerciales.

Cualquier banco podría dejar que sus tarjetas de débito puedan servir para hacer compras en el país, tanto en dólares como en pesos.
Allí es donde aparece el cepo. Si se gasta en dólares para comprar en dólares, no hay problemas; pero si se compra un producto en pesos desde una cuenta en dólares, hay una operación cambiaria.

Y allí habría que aplicar topes, impuestos y toda las restricciones existentes. Y ver a qué tipo de cambio se hace esa transacción. Por eso, ni las tarjetas ni los bancos quieren hacer ese desarrollo.

De hecho, algunas fuentes del sector financiero consideran que si el Gobierno impulsa la tarjeta de débito bimonetaria como una vía para gastar los dólares del colchón, será una señal de que la salida del cepo está más cerca.

Mientras sigan las restricciones, explican, el uso en dólares de la tarjeta va a ser muy limitado porque los bancos no van a querer asumir el costo operativo de la implementación y el riesgo cambiario que supone el cepo. En algunas entidades todavía se lamentan por la cantidad de cambios a que los obligó el dólar turista en los últimos años.

 

¿Qué pasará con las billeteras virtuales?

Otro punto central es qué pasará con las otras tarjetas, las prepagas y las de crédito, para gastar los dólares del blanqueo. En el primer caso, quedarían fuera de esta opción las tarjetas de Mercado Pago y el resto de las billeteras virtuales ya que no hay cuentas CVU en dólares.
Con respecto a las tarjetas de crédito, la ley que las regula establece que el cliente puede elegir la moneda en que paga, lo que suma una nueva traba regulatoria.

Una fuente de Mastercard señaló que la empresa está en conversaciones por este tema “con el regulador y los diferentes jugadores del ecosistema de pagos para habilitar la operatoria en todos los productos: débito, crédito y prepago, siendo débito el primero en estar disponible”.
Agregaron que “para habilitar estas operaciones con tarjetas de crédito y prepago se requieren cambios en el marco normativo vigente. Esperamos tener novedades durante el segundo semestre de 2024”.

Al poner el tema en agenda, Luis Caputo advirtió que en Economía analizan que el uso de la tarjeta de débito esté exento del pago de la multa del 5% que excede a los blanqueos superiores a 100.000 dólares.

“Es decir: vos podrías regularizar 200.000 dólares y quisieras comprar un auto de 50.000 dólares. Si se retiran los fondos correspondería la multa. Pero si lo pagas con la tarjeta de débito no te aplicaría ninguna multa”, explicó el Ministro.

Si ese auto estuviera facturado en dólares, podría pagarse desde una cuenta CERA con una transferencia inmediata que no tiene costo; pero en el ejemplo que dio Caputo, se cobraría la multa del 5%.

Al explicar la medida, el Ministro enfatizó que “el blanqueo va a acelerar el proceso de competencia de monedas”. En ese sentido, destacó que ya está permitido que un vendedor facture su producto en dólares y el comprador también puede cancelar la operación en moneda estadounidense. “No hace falta pasar por el Congreso” para que eso se ponga en práctica, dijo el Ministro.

 

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Tags: BCRAcepoDólaresLuis Caputo
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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