En el marco del Día del Abogado, el presidente del Colegio de Abogacía, Antonio López Forastier, reflexionó en diálogo con PRIMERA EDICIÓN sobre la situación laboral y de ingresos de los profesionales del sector, la Justicia misionera, un Poder Judicial que crece en empleados pero no en número de jueces y cuáles son las cuestiones que hoy más preocupan a nivel nacional, entre otros temas.
¿Cuántos abogados matriculados hay en Misiones?
Hay 3.600 matriculados activos en la provincia (NdR: casi el doble que el número de médicos). Es decir que somos un poco menos de la cantidad de dependientes que tiene el Poder Judicial, que son 4.700. En Posadas están concentrados alrededor de 2.000 abogados y los 1.600 restantes distribuidos en distintas localidades del interior. La gran mayoría ejerce la rama civil comercial, laboral, derecho de familia y después lo penal.
¿Porqué piden un régimen tributario especial?
En Misiones hay 60.000 profesionales de todas las áreas que están nucleados en 25 colegios profesionales, que están en la Federación de Profesionales, presidida por el Colegio de Abogados.
Desde esa Federación impulsamos distintas iniciativas no solo para los abogados sino para todos los profesionales, una de estas es el proyecto para un régimen tributario especial que implique la baja de Ingresos Brutos porque hoy pagamos el 5%, la tasa equivalente al comercio, una de las más altas del país. La mitad de los profesionales del país se encuentran exentos y la otra mitad paga el 2,5% y los misioneros tributamos 5%.
El comercio paga 5% de ingresos brutos y percibe una política activa de consumo impulsada a través de los programas Ahora; mientras que los profesionales pagamos el 5% y no recibimos ningún tipo de incentivo de una política activa del Estado.
¿Empeoró el ingreso salarial del abogado en los últimos años?
No creo que haya empeorado, pero sí puedo decir que no mejoró. Por eso, desde el Colegio bregamos por el cumplimiento de las leyes arancelarias que establecen los honorarios de los abogados e hicimos una campaña muy fuerte para que se regulen los honorarios al momento del dictado de la sentencia, para poder acelerar los tiempos en el cobro. Desde la pandemia a la actualidad, los abogados sufrieron mucho el cese de sus ingresos… no tuvimos ATP, ni IFE, ni otro acompañamiento del Estado. En contrapartida, implementamos en el Colegio de Abogados un sistema de reintegros pospartos para que la abogada que tenga un hijo, ya sea por parto o adopción, tenga seis meses de matrícula exenta y un año de reintegro a nuestro sistema de salud.
¿El proceso de digitalización que reclaman al Poder Judicial está implementado en el Colegio?
El Colegio digitalizó el 100% de su actividad administrativa. A través del portal digital institucional se tramitan y pagan los fondos permanentes, la matrícula y se gestiona toda la actividad de los profesionales. Además, tenemos dos diplomaturas virtuales.
El Poder Judicial también inició la digitalización, pero se requiere mayor agilidad y dinamismo. Resta que se terminen de digitalizar los procesos faltantes, en particular la tasa de justicia que todavía se paga a través de una estampilla que se pega en el expediente judicial. Si se cumplen los tiempos prometidos, esta etapa de digitalización terminaría a fin de año. Al Poder Judicial le falta inversión en todo lo que tiene que ver con la digitalización.
¿Cuál es la mayor preocupación de los abogados?
Creo que hoy, la mayor preocupación es que no se respete el debido proceso. Hemos visto que hay ciertas iniciativas del Poder Ejecutivo Nacional, como las referidas a las sucesiones notariales y divorcios administrativos que a nuestro entender quitan calidad al servicio y nivelan hacia abajo.
Estos procesos no pasan porque sí por el Poder Judicial sino para tener la garantía de una decisión definitiva con efecto de cosa juzgada… es decir que cuando tres herederos pasan por el Poder Judicial y acuerdan una determinada distribución de los bienes, el tercero adquiriente de esos bienes tiene la garantía de no sufrir cuestionamiento alguno por alguna diferencia que pueda resultar de los herederos o de otro heredero que no fue incorporado debidamente. En el sistema de sucesión administrativa que propone ahora el Estado nacional sí puede ocurrir que quien adquiera un inmueble derivado de una asociación notarial puede quedar involucrado dentro de un proceso judicial.
Lo mismo pasa con los divorcios administrativos, si bien pareciera una cuestión de sentido común, si uno se casa ante el Registro Civil puede divorciarse ante el mismo Registro. Pero el motivo por el que el Estado exige este paso por el Poder Judicial es por las consecuencias derivadas del matrimonio: bienes, hogar y alimentos de los niños. La función del abogado es garantizar el derecho de defensa de cada parte, requisito que debe cumplirse para que sea cosa juzgada.
“No hay previsión de hacia dónde vamos en materia judicial”
Para Antonio López Forastier, “el denominador común de la problemática del Poder Judicial de Misiones es la falta de administración adecuada de los tiempos y de los recursos, no hay previsión de cómo y hacia dónde vamos”.
A su entender, “la Justicia de Misiones atrasa 20 años porque en ese momento la provincia era otra. Pero hoy tenemos una provincia distinta, hablamos de educación disruptiva, de Silicon, de salud pública de avanzada, de una policía universitaria… pero seguimos con un Poder Judicial con los mismos y mayores problemas que hace diez o veinte años”.
Entre los problemas del Poder Judicial señaló “la falta de inversión, la falta de planificación de la inversión y un presupuesto que no representa las necesidades actuales. El presupuesto para 2024 del Poder Judicial prevé un 95% de gasto en personal, un 4% en gastos operativos y menos del 1% en inversión informática. Cuando todos los poderes judiciales del país están ampliando su presupuesto para la materia informática y reduciendo en recursos humanos porque la tecnología puede dinamizar el servicio justicia”.
Bolsa de trabajo
Recordó además que Misiones no tiene carrera judicial, “no hay concurso de ingreso al Poder Judicial por lo que es la gran bolsa de trabajo del poder político de turno. Ingresan por año alrededor de 350 personas, dos por día hábil, sin concurso ni calificación previa y esto es inaceptable en los estándares actuales. Por eso proponemos una carrera judicial con una residencia formativa para abogados también”.
A su entender, la demora del Poder Judicial tiene que ver con varios factores, uno de ellos la distribución territorial de los jueces “hay pocos jueces y muchos dependientes. En 2014 el Poder Judicial tenía 143 jueces y hoy tiene 171, mientras que hace diez años tenía 2.700 empleados y hoy tiene 4.700, es decir casi duplicó el número de empleados”. Otra cuestión que incide en la lentitud de la Justicia es que el Poder Judicial trabaja 196 días hábiles al año frente a los 238 a 240 del sector privado.
