En absoluto hermetismo, los dirigentes yerbateros Hugo Sand (APAM) y Jonas Petterson (Asociación de Productores del Norte) llegaron esta semana a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un tractor en un tráiler, hasta Plaza de Mayo, frente al centro del poder nacional: la Casa Rosada.
Ambos son muy reconocidos por haber sido protagonistas del tractorazo que hace más de 20 años dio vida al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Sin embargo, la movida generó incertidumbre y hasta causó malestar en otras asociaciones que se habrían sumado a una posible manifestación pero no fueron invitadas a sumarse.
Alrededor de Sand y Petterson, hubo cámaras audiovisuales y hasta personas que admitieron la posible y única intención de la llegada de este modo: grabar un documental sobre la lucha yerbatera, con apoyo de un ministro provincial. Y, de paso, la presentación en la Casa Rosada de un documento donde se cuestionó al presidente, Javier Milei, el DNU 70 que desreguló la actividad yerbatera y deshizo lo construido con el INYM.
Ambas acciones no tienen nada de ilícito, pero sumaron malestar al ya existente en el sector por la cuestión de precios. Especialmente porque no se “blanqueó” la motivación real y se buscó siempre, ante los medios de comunicación, una versión de protesta. Al menos visibilidad sumaron. Después, de soluciones a la crisis económica que atraviesa el sector yerbatero, no hubo ninguna buena noticia.
Cuando arribó el tractor con los misioneros a la Plaza de Mayo, mientras la Policía Federal les impidió la permanencia en el lugar, Sand dijo algo que se esperaba desde hace unas semanas: la confluencia en CABA de representantes de todas las producciones regionales en crisis, por acción del mismo DNU 70/2023. Aunque no precisó quiénes ni cuándo, el productor de la zona centro confirmó la intención de generar una movilización más importante.
Pero, si pretendían un mayor impacto, ¿por qué dejaron en la tierra colorada a mucha gente a la que no dieron participación? Ante la incógnita, otra vez tomó relevancia la versión del documental.
Mientras tanto en la chacra…
Fuera de esa acción que llamó la atención, en las chacras se debaten sobre qué hacer con la yerba. Hay quienes sostuvieron que la industria acopió la suficiente materia prima nacional e importada para “aguantar” hasta que aclare.
Otros, en cambio, aseguraron que la demanda sigue latente y por ello se debe crear el Instituto misionero de la yerba para unificar exigencias de precios para la verde y canchada, a fin de evitar que la industria imponga precios que los ahoguen.
El ex diputado nacional, Héctor “Cacho” Bárbaro aseguró horas atrás en FM 89.3 Santa María de las Misiones que la oferta es de $80 por kilo de hoja verde. Y comparó la yerba con el precio del gasoil: “El año pasado en septiembre la yerba valía en planta entre 120 y 160 pesos la tonelada. Si tomo al valor del gasoil, el euro diésel estaba 352 pesos, quiere decir que con dos kilos de hoja de yerba podía cargar un litro de euro. Ahora necesito 15 kilos de yerba”.
Luego insistió: “Con cien mil kilos de yerba uno se compraba un autito económico, cero kilómetro, y lo llevaba a su casa. Hoy no te alcanza ni para comprar una motocicleta 125cc”.
Finalmente, aseguró que el Instituto Misionero de la Yerba (IMYM) contará con los votos del PAyS pero le reclamó a la renovación el avanzar con la ley. La iniciativa parlamentaria es del exgobernador, Carlos Rovira, presentada cuando el DNU 70 liquidó al INYM. A propósito, Bárbaro sostuvo que la dirigencia productiva está “dormida” y que el organismo nacional ya no tiene ninguna razón de ser.
El glifosato y la “prueba” misionera
Tras conocerse el decreto del gobernador, Hugo Passalacqua, que amplió a otros cinco años el uso de glifosato para producciones que vean complicada la venta al exterior con su prohibición, fue el propio ministro del Agro de Misiones, Facundo López Sartori, el que admitió que no hay un bioinsumo sustituto certificado y hasta aclaró que su repartición estaba entregando fertilizante de la empresa Agrosustentable, instalada en el Parque Industrial de Posadas.
Hace un tiempo, legisladores del PRO misionero pidieron informes al SENASA para conocer qué reconocimiento o examen de calidad habían realizado desde ese organismo de certificación nacional a los productos de la mencionada firma, como ser Bioretard (insecticida, acaricida, coadyuvante, fitorregulador); Bioherb (insecticida, acaricida, coadyuvante); o Bioinsect (insecticida, acaricida, coadyuvante).
Días después, con la firma de Diego Quiroga, director de Protección Vegetal del SENASA, llegó el informe con la siguiente consideración: “Los productos citados son elaborados a base de mezcla de ésteres y jabones provenientes de ácidos grasos de aceites vegetales transesterificados con sucroglicéridos al 80% y no poseen la clase de uso herbicida aprobada”.
“La ampliación de uso como herbicida debe ser solicitada, presentada y tramitada por la empresa titular del registro original del cual se referencian los demás registros, cumpliendo con lo establecido en la Resolución SAGPYA N°350/1999”, agregó. Y sostuvo que “la empresa Agrosustentable SA no posee registros de sustancias activas ni productos formulados fitosanitarios bajo su titularidad, por lo que los productos fitosanitarios que distribuya deben estar identificados con sus rótulos aprobados a nombre de las empresas titulares de los registros, no pudiendo contener el logotipo de SENASA”.
Finalmente, se indicó en el informe que “… los productos formulados entregados a cualquier título, es decir, vendidos o por entrega gratuita con destino a ensayos o pruebas deben cumplir con la Resolución SENASA N°324/2011 previo a su distribución, la que limita la superficie total de las pruebas a 20 hectáreas totales en todo el país y los mismos no pueden contener en su identificación el logotipo de SENASA)”.
Ante la revelación, desde el Gobierno misionero se informó que “varios técnicos del organismo nacional (por el SENASA) recorrieron durante cinco horas las instalaciones, consultando con los ingenieros a cargo y comprobando las bondades y los beneficios que el biofertilizante derrama sobre las diferentes producciones a las que se aplica en la tierra colorada”.
“El producto (Biofert GTG) actúa puntualmente sobre el suelo donde se colocan las semillas para la plantación y puede ser empleado de dos maneras diferentes: mediante aplicación foliar y mediante aplicación por riego (ambas proveen aminoácidos de biodisponibilidad inmediata). Tienen una acción que logra cambios positivos con respecto a la sanidad y crecimiento de las plantas”, agregaron las fuentes a este Diario. Y detallaron que “los nutrientes que contiene y aporta Biofert GTG son: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, hierro y trazas de manganeso”.
Concluyeron que “los grandes jugadores en este mundo de los agroinsumos comienzan a apostar muy fuertemente por empresas de tamaño mediano o chico que producen bioinsumos. Las compran incorporando soluciones biológicas a los portfolios que ofrecen a los productores”.
Semana política para el caso Kiczka
El jueves 22, si no hay cambios de decisión política, la renovación va a proponer en el recinto legislativo la suspensión de los fueros y de su figura como legislador de Germán Kiczka (Activar). Deberá tener 27 votos para hacerlo, al no querer aceptar la renuncia del legislador puertista.
En lo judicial, el viernes se realizó la apertura de los aparatos secuestrados en los tres allanamientos a la familia del diputado en Apóstoles. En el medio, hubo un intento de dilación por parte de los investigados, para evitar que la SAIC y Cibercrimen policial misionero intervinieran pero no prosperó, ya que el juez Miguel Faria ratificó a los peritos misioneros.
El informe se podría conocer en 15 días hábiles, lo que definirá la suerte judicial de los apostoleños.
