“Una vez me llamaron a las 4 de la mañana porque un papá fue a la comisaría a denunciar que la mamá de su bebé no quería darle la teta”, contó a PRIMERA EDICIÓN la defensora oficial de la 1ª Instancia en lo Civil y Comercial Nº 5, María Isabel Bar. Es que, entre las tareas de los defensores oficiales, está la de evacuar las consultas de las comisarías cuando hay intereses de menores.
En una extensa entrevista, los defensores oficiales María Isabel Bar y su par de la 1ª Instancia en lo Civil y Comercial Nº 6, Marcelo Gustavo Ramos, analizaron en diálogo con PRIMERA EDICIÓN las complejidades de su trabajo en el patrocinio de las poblaciones vulnerables, especialmente los niños cuando son abandonados por sus familias e ingresan al sistema de protección y posterior situación de adoptabilidad; los niños con discapacidad o adicciones, los niños víctimas de abuso y maltrato.
¿Cuál es la función del defensor oficial en nuestra provincia?
Ramos: La función del defensor civil, comercial y de violencia familiar es muy amplia y va encaminada a permitir el acceso gratuito a la Justicia de toda la población vulnerable, es decir de niñas, niños, adolescentes, mujeres en situaciones vulnerables, discapacitados y personas mayores de edad.
También permitimos el acceso a la Justicia de las personas que no tienen medios y reciben una demanda. En estos casos somos el abogado del pobre y damos la asistencia necesaria para que pueda plantear su defensa en el juicio. Siempre en el ámbito civil y comercial, aunque en cuestiones específicas a veces entramos a ciertos rubros laborales o penales como contestar ciertos ministerios públicos que requieren nuestra intervención.
¿También cumplen una función complementaria en el proceso penal?
Bar: Sí, tenemos que estar presentes como ministerio público complementario cuando a los menores de 16 años se los cita a declarar en cámara Gesell, para que cuenten el hecho por única vez en el proceso penal. Nuestra función como defensores no es solo de abogados de pobres sino también complementarios por los menores en todas las causas donde hay intereses de menores.
Tenemos esta doble función, en otras provincias hay defensores de pobres y ausentes y otros para menores e incapaces. Estos últimos dictaminan evaluando la situación y tratando de solucionar la problemática del menor o de las personas que tienen limitadas sus capacidades. Los defensores de pobres, en cambio, se encargan de patrocinar, asesorar y llevar adelante un juicio ya sea de alimentos o contestando una demando civil. En Misiones, los defensores cumplimos ambas funciones.
¿Hay soluciones jurídicas para los problemas familiares con los que trabajan?
Bar: El tema es que no es nunca una solución jurídica ni un solo problema. En la problemática del grupo familiar, por ejemplo en una denuncia por maltrato donde la mujer dice que tiene que irse de su casa o pide la exclusión de hogar para la pareja, cuando empezamos a investigar muchas veces nos encontramos con problemas de adicciones y de abuso donde los menores están en el medio. No es nunca una solución jurídica ni un solo problema: no se trata de dictar la prohibición de acercamiento para terminar el problema familiar porque después de la exclusión de una mamá o un papá lo más probable es que haya reclamo de alimentos, de comunicación y contacto con los hijos. Normalmente, de un solo expediente se disparan tres o cuatro expedientes.
“Tenemos muchos casos de violencia en el noviazgo. Por los expedientes vemos que hay muchas adolescentes de 15 y 16 años que se van de la casa para vivir en pareja”.
¿Hay más abusos de niños o se denuncia más?
Bar: Las causas por violencia y abuso aumentaron mucho desde que estos temas se abordan en las escuelas con los niños. Las maestras, las encargadas de los comedores barriales y las mismas adolescentes denuncian, pero en la mayoría de los casos la denuncia viene de la institución escolar. También, a veces, del sistema de salud, ya sea de la psicóloga o de un médico al que se consulta por una enfermedad, como una venérea o la niña concurre al hospital y se encuentra que ya está cursando un embarazo. Tenemos muchos casos de nenas de 12 o 13 años así en los que intervenimos a través de la Gesell, muchos casos comienzan como violencia y después se transforman en una situación de abuso sexual por lo que deriva en una medida de protección general.
Cuando el abuso es intrafamiliar ¿el niño tiene que seguir con esa familia?
Bar: El abuso es casi siempre intrafamiliar, por lo que debemos evaluar si el niño permanece o no dentro del hogar de acuerdo a la circunstancia. Tratamos de no separar al niño de su familia de origen pero muchas veces es imposible debido a que el maltrato se da dentro del grupo y la otra parte (ya se el padre o la madre) no hace nada para proteger al niño. En esos casos, se trata de buscar miembros de la familia ampliada que tengan capacidad de tenerlos y puedan amparar al niño. La última instancia es la institucionalización.
¿Hay circunstancias que los obligan a buscar soluciones no jurídicas?
Bar: Muchas veces tenemos que encontrar soluciones que no son jurídicas. Me pasa mucho con los niños institucionalizados que están con sentencia de adoptabilidad, se van con unos pretensos adoptantes y a los pocos meses vuelven o los mismos pretensos adoptantes devuelven a los adolescentes. A los adolescentes les cuesta mucho adaptarse al grupo familiar. Ante estas dificultades de difícil adopción de un adolescente de 16 o 17 años, próximo a cumplir la mayoría de edad, uno se plantea qué hacer en función de lo que quiere el adolescente.
Entonces concurrimos a los hogares, entrevistamos a los menores, seguimos indagando para ver si dentro de su grupo familiar y afectivo hay intenciones de resguardarlos en esta etapa etaria tan difícil que se produzca la adopción y que el adolescente se adapte.
Porque el adolescente empieza su vida civil a los 18 pero necesita un seguimiento, no se le puede dejar en la calle. Ninguna familia deja a sus hijos en la calle cuando cumple los 18 porque ya es mayor de edad. Muchas veces las leyes están abocadas a cuestiones específicas y esta zona etaria queda sin la protección necesaria.
Por eso, a veces nuestro trabajo sale fuera de lo jurídico y entra en una labor humana, entrevistar al adolescente para saber qué quiere hacer en uno o dos años cuando cumpla los 18, qué busca de la vida, qué planes tiene.
Algunos nos dicen que quieren entrar a las fuerzas, otros que quieren estudiar una tecnicatura para aprender un oficio o trabajar en la chacra, entonces buscamos esas conexiones, conseguimos la lista de requisitos para que se inscriban, hacemos lo que haría un padre o madre de familia que es acompañar a ese adolescente, que no tiene nada que ver con nuestro deber legal de funcionario.
Muchas veces, cuando ya está resuelto el expediente, igual vamos a los hogares y hablamos con los chicos porque ellos nos tienen como referencia “él es mi defensor, quiero hablar con mi defensor” y yo me visualizo como una mamá que cubre, porque si está esperando hablar con el defensor. Y a él (por el doctor Ramos) lo deben ver como un papá, vienen y nos cuentan cómo están, cómo se llevan entre ellos, obviamente nos hacen las quejas.
¿Los defensores cuentan con equipos psicotécnicos?
Bar: Por suerte, ahora contamos con una psicopedagoga y una psicóloga. Es que uno puede ser madre y tener muchos títulos y diplomas pero hay situaciones familiares que nos superan y no sabemos qué hacer, sobre todo si no pasó por nuestra experiencia personal, rebeldía de los hijos experimentamos todos pero hay cosas por las que nunca pasamos y no sabemos cómo afrontarlas. La psicopedagoga y la psicóloga tienen otra mirada de la situación que genera conflicto a todo su grupo.
En la actualidad, todos los juzgados tienen su equipo interdisciplinario y las defensorías tenemos un equipo interdisciplinario integrado por una psicóloga, una trabajadora social y una psicopedagoga. Son profesionales a las que consultamos qué hacer con el grupo familiar cuando hay adicciones, abuso, cuando no hay capacidad de la madre de maternar o no asume el compromiso con respecto a sus hijos.
“Las familias no dejan a sus hijos en la calle cuando cumplen los 18. Muchas veces las leyes están abocadas a cuestiones específicas y esta zona etaria queda sin la protección necesaria”.
¿Los casos de personas con problemas de adicciones que reciben son mayormente de jóvenes?
Ramos: Sí, llegan a la Justicia Civil tres o cuatro años después de iniciar el consumo. Cada vez se adelanta más la edad de inicio de consumo, la mayoría comienza a consumir a los 11 o 12 años y llegan a la Justicia a los 14. Las familias se ven superadas ante la situación de consumo del niño/adolescente y los padres ya no los pueden retener, son niños en conflicto no solo con su familia sino con todo su entorno social.
Cuando llegan a la Justicia, suele ser tarde porque ya se aborda sobre las consecuencias de una situación que ya comenzó hace muchos años y la familia ya no puede contener y trata de buscar una internación involuntaria para su tratamiento.
Las adicciones atraviesan a toda la sociedad pero se visibiliza más entre los más pobres…
Bar: En la clase media o alta se ven menos causas judiciales de adicciones porque tienen más acceso a medidas previas (tratamientos en instituciones privadas). Esto no debería darnos la idea equivocada de que el problema de adicciones en los adolescentes está solamente en las clases pobres, aunque sí es allí donde se hace más visible porque además tienen problemas económicos.
También depende el consumo de la sustancia entre una situación social y otra. En las familias pobres la sustancia más consumida es el paco, días atrás sacamos un chico de 17 años con una cucharita de paco que consumía desde hace varios años, papá alcohólico, mamá muy sumisa y siete hermanos. En esa causa estamos los dos, yo patrocino a la mamá que vino en estado de desesperación por su hijo adicto y el dr. Ramos está con un ministerio público por ese menor, resguardando qué se puede hacer para reparar sus derechos.
Primero el chico se escapó, a través de las instituciones logramos buscarlo y encontrarlo. Lo nuestro sería ir y si no está se terminó la diligencia. Pero estas tareas son las que escapan a lo jurídico, seguimos, hablamos, pedimos que nos llamen si aparece y la policía está atenta porque si aparece hacemos la diligencia en forma inmediata… siempre ponemos más que nuestras funciones. En este caso, lo encontramos y fue evaluado para su internación.
¿Qué ocurre cuando, pese a todo, el centro médico dice que no es necesaria la internación del adicto?
Ramos: Es un problema cuando eso sucede porque, cuando la familia acude al centro médico, es porque ya no sabe qué hacer. Esta es una situación difícil para nosotros porque estamos ante el centro de salud que no lo quiere recibir porque dice que no hay necesidad de internación y por otra parte, vemos que la familia no está en condiciones de darle ese auxilio.
El juez dicta un pedido de internación involuntaria que normalmente tiene apoyatura médica (dictamen del cuerpo médico forense) pero muchas veces la urgencia de la situación no permite este proceso por lo que el juez dispone un traslado involuntario y queda en los médicos del centro receptor la definición si corresponde o no la internación. Creo que es ahí donde se le da muchas atribuciones al Poder Judicial que no tiene y sí entran las instituciones y organismos administrativos como los hospitales y servicios de salud que tiene el Poder Ejecutivo para brindar contención a estas personas. Porque se puede ir mucho más rápido a nivel administrativo que judicial, a pesar de eso se trata de coordinar y hacer lo más veloz posible pero llega a extremos en los que ya entramos en un espacio donde no tenemos herramientas para poder ejecutar.
Lo que más le conmueve
El defensor Marcelo Ramos contó que le conmueve profundamente todo lo referido a la salud mental de los niños y adolescentes, derivado de la adicción o no.
“En Misiones se empieza a despertar cierta institución en ese aspecto, pero aún no tenemos las contenciones necesarias para estos chicos. Tengo el caso de un niño con diagnóstico posible de esquizofrenia (puede variar el diagnóstico porque está en pleno desarrollo) que no puede no estar internado cuando tiene episodios de crisis porque se pone muy violento… y no hay un lugar apropiado para internarlo durante sus crisis”, contó.
Lo que más le impacta
Consultada sobre cuáles son los casos en los que más les cuesta trabajar, la defensora María Isabel Bar confesó que son todos aquellos en los que “hay la adicción de un hijo y una mamá que sufre mucho porque tengo a dos personas sufriendo y a todo el grupo familiar. Es muy fuerte cuando vienen las madres desesperadas y que la única esperanza seamos nosotros”.
