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El precio de la hoja verde tocó fondo: apenas es 5,8% del paquete en góndola

El “oro verde” misionero atraviesa una tormenta perfecta: desregulación con caída del precio, disminución del consumo en el mercado interno, y apertura de importación a materia prima extranjera, más económica pero no de la misma calidad.

9 agosto, 2024

El precio del kilo de hoja verde que recibe el productor de yerba tocó fondo, es el más bajo en muchas décadas: apenas 5,8% del precio promedio del paquete de un kilo en góndola; según un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) denominado “Impacto del DNU 70 en el Complejo Yerbatero”.

Describe que esta economía regional atraviesa “la tormenta perfecta: desregulación, apertura de importaciones y caída del consumo”. Algo muy lejos de las palabras del diputado provincial y empresario yerbatero, Pedro Puerta, cuando dijo que “los yerbateros estamos mejor con la desregulación”.

El informe recuerda que el INYM había fijado los valores para la materia prima desde octubre 2023 a marzo 2024 en $250 el kilo de hoja verde y $950 la canchada. Ese precio quedó retrasado como resultado de la aceleración inflacionaria. Peor aún, a partir de abril, la desregulación planteada por el DNU el precio quedó liberado a lo que puedan acordar los pequeños productores con los grandes molinos, oscilando entre $260 y $300.

CEPA explica que “si se analiza la relación entre lo que recibe el productor y el precio de góndola, el primero solo logra captar 5,8% del precio de venta en góndola, es decir, 3,1% menos que en junio 2023, cuando era 9,1%.

Para que los productores perciban el mismo porcentaje del precio de góndola que en mayo de 2023, el valor del kg de hoja verde debería ser de $396, un aumento de 52% en relación al actual. A su vez, los productores reclaman un valor de $505 por kg, lo que equivaldría al 11% del precio de góndola (volver a abril de 2023) y a un aumento de 94% en relación al precio actual.

La desregulación del precio planteada en el DNU 70, implica que las industrias procesadoras de yerba mate puedan decidir arbitrariamente el precio de pago al productor sin ninguna referencia de precios que garantice la cobertura de costos para afrontar una nueva cosecha.

Caída del consumo

Adicionalmente, tal como se observa en otros mercados, el consumo interno, producto de la sensible caída del poder adquisitivo, cayó 15 puntos interanual en el primer semestre del año. Los datos estadísticos registrados por el INYM revelan que, durante junio de 2024, el volumen de yerba mate elaborada a salida de molino alcanzó 19,9 toneladas: 15% menos que junio 2023 y el valor más bajo de los últimos 6 años.
Burla a la Justicia

La Justicia federal y provincial suspendieron la aplicación del DNU en lo respectivo al funcionamiento del INYM. La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas confirmó el fallo que suspendió, vía una cautelar, los artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/2023) para que “no se modifiquen ni alteren la estructura, funciones y atribuciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM)”.

Sin embargo, si el Presidente de la Nación no nombra al titular del Instituto Nacional de la Yerba Mate no es posible convocar a reunión y, por ende, fijar precio.

Alrededor de un 400% más de importaciones 

Esta cuestión se agrava por la decisión del Gobierno de reducir impuestos por 120 días a las importaciones de productos de primera necesidad incluidas las materias primas y la primera elaboración de yerba mate. De acuerdo a los datos publicados por el INDEC, las importaciones de yerba mate canchada y yerba mate excluida simplemente canchada (molida, lista para empaquetar), proveniente de Paraguay y Brasil, en los primeros seis meses del año alcanzaron 7,18 millones de kg., 394% más que el mismo período de 2023.

Este valor se encuentra muy por encima del promedio de los últimos 10 años, siendo superado solamente entre 2020 y 2022 producto de la prolongada sequía que afectó considerablemente los yerbales de la zona provocando una merma en los rindes.

Muy diferente es el escenario actual, donde no hay un problema de sequía y los niveles de producción se encuentran en valores altos.

Pero la ventaja de importar yerba es que Brasil y Paraguay cobran más barato, aunque no tienen la misma calidad. Los únicos perjudicados terminan siendo los 12 mil productores de la provincia.

¿Quiénes importaron? El aumento de las importaciones corresponde a las grandes industrias yerbateras de Corrientes y Misiones. Las Marías y La Cachuera explicaron el 70% de lo que ingresó desde Paraguay y Brasil, seguido por la Importadora Sudamericana SRL, una firma radicada en zona norte del Gran Buenos Aires que se dedica a importar marcas de consumo masivo y trae a la Argentina la yerba mate Canarias.

El perjuicio a los productores es muy claro: Ingresan la materia prima a un costo promedio de 1,2 dólares el kilo que, al valor oficial más el impuesto PAIS da unos $1.333, en cambio, la yerba canchada que se compra en secaderos se paga a $1.800, por lo tanto, en este momento los industriales reponen stock a precios bajos y le pagan menos al productor local por la canchada o la hoja verde, además de estirar los plazos de pago, generándoles un fuerte perjuicio. Vale mencionar que el 65% de las importaciones de yerba canchada y molida provienen de Brasil ¿Qué significa esto? La yerba proveniente de Brasil suele tener menos estacionamiento y, por ende, menor calidad.

El juez Civil y Comercial del juzgado número 5 de Posadas, emitió un fallo por el cual se prohibió el ingreso al país de yerba mate canchada y verde. Luego este se amplió prohibiendo la importación de yerba mate molida a granel, proveniente de los vecinos países. En paralelo, suspendió los efectos de las normas que autoricen la importación de materia prima de yerba que no cumplimente con los controles de calidad establecidos por la normativa dictada oportunamente por el Instituto Nacional de Yerba Mate, (INYM), el Código Alimentario Nacional y Reglamento Técnico del Mercosur.

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Tags: apertura de las importacionesConsumodesregulaciónMisionesPreciosYerba Mate
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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