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El 55% de la población es pobre y uno de cada cinco argentinos ya es indigente

Las cifras surgen del análisis de la base de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC. Las tasas de pobreza por aglomerado urbano van desde 80% en el “Gran Resistencia” a 25% en CABA. Siete de cada diez niños viven en hogares pobres.

5 agosto, 2024

La pobreza llegó al 54,9% y la indigencia al 20,3% de la población en el primer trimestre, según estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) en base a los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En su último informe, realizado en el período abril-mayo, el Observatorio se había acercado a la tasa de pobreza (55,5%) pero sus cálculos respecto a la indigencia se ubicaron un tanto por debajo (18,5%).

Con los datos oficiales del INDEC, y por aglomerado urbano, las estimaciones de la UCA ubican a la región de Gran Resistencia, Chaco, como la más pobre del país con una tasa del 79,5%. La indigencia alcanza al 38,6% de la población. Le sigue Formosa con un 72% de pobres y Santiago del Estero- La Banda con casi 30% de indigentes. Pero la mayoría de las regiones tienen niveles de pobreza por encima del 50% y del 15%, en el caso de la indigencia.

También, Agustín Salvia, director del ODSA, resaltó, teniendo en cuenta la concentración de población, las tasas de pobreza e indigencia del Conurbano bonaerense, que son del 62% y 25%, respectivamente.

Además, el especialista destacó el hecho de que más del 44% de los trabajadores residen en hogares pobres. “Todo ello a pesar de la sustantiva mejora que registraron la Asignación Universal por Hijo y las transferencias por Tarjeta Alimentar durante los primeros tres meses del año”, dijo.

A su vez, señaló: “Las tasas de indigencia y de pobreza infantil habrían alcanzado niveles casi récord: 7 de cada 10 niños viven en un hogar pobre, mientras que 3 de cada 10 lo hacen en un hogar indigente, es decir, con ingresos que no cubren el valor de una Canasta Básica Alimentaria”.

Cabe recordar que en el cuarto trimestre de 2023 la pobreza era del 45,2% y la indigencia del 14,6%. “Casi la mitad del incremento interanual registrado en ambas tasas, con respecto a los primeros 3 meses de 2023 (con tasas de 38,7% y 8,9% respectivamente), tuvo lugar antes de finalizar el año”, subrayó Salvia.

Las causas del agravamiento de la situación social a lo largo del año son variadas, pero desde el ODSA atribuyen el fenómeno principalmente a las diferentes devaluaciones y su impacto en los precios, sin que se hayan generado subas inmediatas y similares en los salarios.

Aseguran que hubo un antes y un después en diciembre de 2023, cuando se redujo fuertemente el consumo, se agravó la recesión y en consecuencia, cayó la demanda de bienes y servicios a los trabajadores autónomos, especialmente en el sector informal.

“Esto explica la caída en la pobreza de trabajadores asalariados formales y clases medias cuyas remuneraciones no lograron acompañar a la inflación (incluidos los jubilados y pensionados), al mismo tiempo que caían en la indigencia trabajadores informales pobres ante la falta de demanda de trabajo y mayor competencia de precios; o, incluso, jubilados con haberes mínimos sin otros ingresos”, consideró Salvia.

Por su parte, Martín González Rozada, economista y profesor titular del Departamento y director de la Maestría en Econometría de la Universidad Torcuato Di Tella, precisó en su cuenta de X: “Usando los microdatos de la EPH del primer trimestre de 2024, la pobreza del semestre octubre 2023 – marzo 2024 se estima en 50%, unas décimas por encima del límite superior del intervalo de confianza estimado por el nowcast en abril”.

Qué se espera

En lo que respecta al segundo trimestre, en marzo y abril la pobreza y la indigencia tendieron al amesetamiento debido tanto a una caída significativa de la tasa de inflación como al aumento de las remuneraciones de trabajadores formales por sobre esta.

“A ello cabe sumar los incrementos en los haberes jubilatorios y en los programas sociales, los cuales, si bien no lograron alcanzar los niveles de 2023, lograron mejoras efectivas con respecto al primer trimestre. Se encuentra también el pago de aguinaldos de junio, y acuerdos salariales formales o informales entre empleadores y trabajadores”, aseguró Salvia.

En este marco, según los pronósticos del ODSA, tanto la indigencia como la pobreza habrían caído durante el segundo trimestre del año, ubicándose en la zona del 17-18% y 49-50%, respectivamente.

Hacia delante, “dado que cabría esperar que inflación siga bajando y que las remuneraciones continúen lentamente ajustándose al alza, lo cual permitiría cierta reactivación del consumo; se puede suponer una cierta caída de ambos indicadores pero todavía muy lenta, sin cambio alguno en la matriz económico-ocupacional que genera los niveles estructurales de pobreza que registra la Argentina”, afirmó Salvia.

“Para superar estas privaciones necesitamos creación de más y mejores empleos, lo cual se genera a través del crecimiento económico genuino y continuo, mayores tasas de inversión y más PyMEs. Ese horizonte todavía no está a la vista”, agregó.

 

El sueldo no alcanza en Argentina

Aldo Abram, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, enfatiza a iProUP que “la inflación es uno de los factores que hace que nuestros ingresos tengan menor poder adquisitivo” y advierte que el gobierno de Alberto Fernández “generó una pérdida fenomenal del poder adquisitivo de nuestra moneda para financiar sus excesos de gastos políticos”.
El experto sugiere que la recuperación económica está siendo obstaculizada por la falta de un cambio de rumbo claro en las políticas económicas y legislativas, lo que afecta la confianza y la inversión.
Por su parte, Brian Torchia, gerente de Finanzas Corporativas de PGK Consultores, resalta a iProUP que “los ingresos siempre actualizan luego de que los precios ya hayan generado movimientos, buscando ‘compensar’ la pérdida de poder adquisitivo”.
En ese sentido, el experto señala que, en una situación de fuerte escalada inflacionaria, los valores de abril cobrados en mayo serían compensados por la evolución de precios previa.
Es por este motivo que Torchia señala que, aunque hay una recomposición salarial, “la pérdida de consumo en el período previo a la actualización es significativa, especialmente en rubros como vivienda y educación, que han aumentado un 110% y 84% respectivamente”.
Al respecto, el economista Joel Lupieri añade a iProUP que “es factible que este mes, los sueldos hayan superado a la inflación debido a una recuperación en los salarios que vienen a la saga respecto al aumento de los precios. Sin embargo, en términos anuales, seguimos a la baja en poder adquisitivo”.
Lupieri reclama la necesidad de una mayor puja distributiva por parte de los trabajadores para recomponer parcialmente lo perdido en términos reales.

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Tags: ChacoIndigenciaMisionesObservatorio de la Deuda Social ArgentinaPobreza
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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