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“El ajuste por IPC es una clara condena a muerte a los jubilados”

El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, se refirió a la terrible situación de los pensionados argentinos, muchos de los cuales siguen sin llegar con sus haberes a la canasta de indigencia. Quienes cobran la mínima ni siquiera reciben 4,2% de aumento, incluyendo el bono que se paga “en negro”.

8 julio, 2024

“Hace seis meses el Congreso no se pone de acuerdo para votar la nueva fórmula de movilidad; desde entonces el presidente (Javier Milei) ajusta por el IPC el haber de los jubilados y los condena a muerte”.

Con esta contundente frase, el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, se refirió a la terrible situación de los pensionados argentinos, muchos de ellos que continúan sin llegar a la canasta de indigencia con sus haberes.

En una charla a fondo con PRIMERA EDICIÓN, en la cual Semino expone su análisis y la línea temporal en la cual comenzó el achatamiento de los haberes, hasta la “durísima” actualidad.

“La semana pasada volvió a comisiones el proyecto que debaten nuestros legisladores mientras tanto se anuncia un aumento de 4,2% que ni siquiera es tal, sino de apenas un 2,8%”, fueron algunas de sus declaraciones a lo largo de la charla que se detalla a continuación.

 

El gobierno de Javier Milei anuncia de forma muy celebratoria un aumento de 4,2%, pero en la calle ¿Cómo afecta el día a día al poder adquisitivo del sector?

Obviamente muy mal. Pero hay algo que es muy importante que se sepa: los jubilados de la mínima no reciben el 4,2% de aumento, porque el bono que se paga en negro sigue siendo de $70 mil, el mismo monto que se paga por quinto mes consecutivo, por lo cual, si se toma el total en julio, el incremento real termina no siendo 4,2% sino el 2,8%.
Mientras tanto, todos los actores políticos están debatiendo hace seis meses una reforma de la Ley de Movilidad Jubilatoria, que nunca salió, que además es una ley cuyo proyecto tampoco modifica sustancialmente lo que estamos ganando.
La semana pasada la ley volvió a comisiones porque no hubo acuerdo y quienes hoy son la oposición son los mismos que votaron la ley vigente, que no tiene reajuste por inflación. A todo esto, el actual presidente Javier Milei dice que si vota el reajuste extra de 8 puntos que plantea la media sanción, tampoco modifica la situación de los jubilados porque en dinero significa $15 mil y los haberes están entre $280 mil y $300 mil, cuando la canasta con gastos de vivienda, que se publica cada 6 meses, al mes de marzo daba $685 mil. Entonces, se está muy mal.

 

La situación del jubilado en Argentina, históricamente fue postergada, pero ¿dónde empieza a caer drásticamente el haber jubilatorio?

La mala situación en la que están los jubilados involucra a las diversas administraciones que fueron pasando por el país: recordemos que en diciembre de 2017 el gobierno de Mauricio Macri aplicó el cambio de fórmula jubilatoria, ahí se perdieron seis puntos. Que no lo digo yo, porque es un asunto que se dirimió en la Justicia, ya que al tema lo tuvo la Corte Suprema de Justicia, quien dio un fallo a favor de los jubilados y que desde entonces ahora ANSeS no lo paga.
Entre los años 2018 y 2019, los jubilados tuvieron su peor caída, con una pérdida de 20 puntos con relación a la inflación. Algunos recordarán que quien era candidato a presidente en ese momento, Alberto Fernández, hizo su campaña diciendo que iba a recomponer esos 20 puntos perdidos. Cosa que no pasó. Cuando asume no solo no compensa los 20 puntos que habían perdido los jubilados, sino que suspende la ley de movilidad que recompone inflación, para el primer semestre de 2020 poner en vigencia un decreto de necesidad y urgencia, que también se encuentra judicializado en la Corte Suprema, aplica reajustes hacia la baja en forma decreciente de las mínimas que recibieron en 11,56% hasta las más altas que terminan en 3%; es decir acható la pirámide.
Entonces, lo que claramente aparece acá es que con la fórmula que se votó en 2020 y que no admitió una cláusula de garantía por inflación, el 2021 los jubilados salieron empatados, pero a partir del 2022 empieza a caer al punto que en 2023, las jubilaciones con bonos (pagos en negro) que se institucionalizaron reajustaron un 140%; la jubilación sin bono 110% y la inflación fue del 210%. Desde la fecha mencionada hasta ahora, se ha perdido siempre.

 

¿Qué pasó a partir del 10 de diciembre de 2023?

Al día siguiente de asumir Javier Milei como presidente hubo una devaluación del 118%, con lo cual el haber de los argentinos y los bolsillos más flacos de los jubilados se redujo a la mitad de lo que valía el día anterior.
Hasta el día de hoy, lo que viene pasando, es que tuvimos un 25% de inflación en diciembre; un 20% en enero; 13% en febrero, luego el 8%, 5% hasta llegar al 4,2%.
A todo esto, el Congreso sigue estancado en el debate de la nueva fórmula de reajuste, por lo tanto al día de hoy no se reajusta nada, el Ejecutivo por decreto ajusta por IPC el haber de los jubilados y los condena a muerte.
Obviamente son condenas que se viene dando desde 2017 a la fecha, donde a lo largo de estos años no se han tomado otras medidas más que ratificar estas condenas a muerte.

 

¿Cuál es la brújula a seguir desde las organizaciones que defienden a estos sectores?

En medio de toda esta crisis humanitaria, en la que se pierden vidas, quienes hacemos asistencia directa con más de 400 casos por día en la Defensoría; mis colegas lo hacen en los hospitales y la verdad es que vemos una realidad muy descarnada. De todas maneras se trabaja institucionalmente y nos queda ahora recurrir a las organizaciones internacionales, a las cuales podemos llegar después de haber agotado todas las instancias en el foro local.

Críticas sobre cómo se aplica la fórmula a los haberes

Con datos basados en el haber y la inflación en la canasta básica y de vivienda, el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, afirmó que “este IPC (según los datos que publica el INDEC) supuestamente hace perder menos a los jubilados; sin embargo, como este IPC también es mentiroso por cómo se aplica en un pago en negro, que se lo da de forma ininterrumpida (algo que también está en la Corte, a través de un Amparo Colectivo), lo que se hace es ir licuando con la ineficiencia de todos los sectores políticos, están generando esta catástrofe humanitaria”, dijo enfático el hombre.

Y prosiguió: “No solo está pasando que los jubilados no tienen plata para comer lo que necesitan sino que tampoco tienen atención médica, con lo cual el resultado es pérdida de vidas”.

Desde la Defensoría de la Tercera Edad, Semino viene realizando no solo denuncias en la Justicia local, sino también ante organismos internacionales, que lo vienen reiterando permanentemente sin ninguna repercusión de los actores políticos de ningún sector.

Pero a la vez, tampoco la Justicia sirve de algo con respecto a los jubilados, con quienes históricamente ha sido nefasta: “Desde 2017 nos hemos presentado en la Corte con los distintos casos y hasta ahora muchos de ellos no los resuelve, con el agregado de las denuncias realizadas de forma individual por muchos jubilados, hoy hay alrededor de 300 mil juicios de los cuales 80 mil tienen sentencia firme, que deberían haberse pagado dentro de los 120 días hábiles, pero ANSeS hace dos años que no las paga”, aseguró el Defensor.

Para Semino, sin lugar a dudas, el jubilado es la “variable de ajuste” de la economía y de los “disparates que se han hecho en términos de la economía desde hace muchos años y que se siguen haciendo al día de hoy. Con lo cual sus vidas han sido ofrendadas a las cuestiones del mercado, porque para los actores políticos y de la Justicia, sus vidas no vales absolutamente nada”, reafirmó.

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Tags: ajustescondena a muerteEugenio SeminoInflaciónIPCJavier MileiJubilacionesJubilados
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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