En respuesta a un insistente pedido de las empresas constructoras, el Gobierno de Misiones creó un nuevo índice alternativo a la UVI (Unidad de Vivienda) para redeterminar los costos de las obras públicas.
La decisión fue publicada ayer en el Boletín Oficial de la Provincia, decreto N°1114 y entró en vigencia para las licitaciones que se efectúen de ahora en adelante. Y las anteriores, que ya se encuentran en marcha, podrán solicitar que se use este índice nuevo.
El nuevo método de cálculo resulta más conveniente para las constructoras, utilizando valores actualizados a la inflación mensual de los materiales de construcción y del Índice de Precios al Consumidor. De esta manera tendrán una recuperación más inmediata y más cercana a la inflación.
Fue un pedido permanente que realizaron durante el año pasado las empresas constructoras de la provincia, argumentando que la inflación mensual devoraba sus presupuestos y al momento de cobrar la redeterminación de costos, no estaba actualizada a la suba que habían tenido.
El nuevo Coeficiente Complementario contemplará los siguientes parámetros:
- el precio de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra;
- el costo de la mano de obra de la construcción;
- la amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos;
- todo otro elemento que resulte significativo a criterio del Ministerio de Hacienda.
Para las obras financiadas con recursos extraprovinciales, que son muchas, la aplicación del Coeficiente Complementario “estará supeditada a la aceptación previa de los organismos de financiación”. Y los contratos de obra que cuentan con financiación de organismos multilaterales, de los cuales la Provincia forma parte, “se regirán por las condiciones acordadas en los respectivos contratos”.
UVI rezagada y desactualizada
En el decreto se establece que la redeterminación se utiliza en el contexto inflacionario existente para “el mantenimiento del equilibrio de la ecuación económica financiera de los contratos”.
Y se explica que “en el marco del contexto económico actual de gran volatilidad e índices de variación de precios elevados, como consecuencia de las sucesivas devaluaciones ocurridas, se ha advertido que a partir del año 2022 la evolución del indicador UVI (Unidad de Vivienda) se ha dispersado respecto a otras tendencias relacionadas con la construcción e inflación, tales como: Índice del Costo de la Construcción (son dos, uno elaborado por el INDEC y otro por la Cámara Argentina de la Construcción); y el Índice de Precios al Consumidor (IPC del INDEC), entre otros”.
Además, se detalla que “habiéndose analizado la proyección de los costos de los insumos específicos que se utilizan para la realización de obras de vivienda, de equipamiento comunitario, de provisión de agua potable, de evacuación de líquidos cloacales, eléctricas, de pavimento, de gas, entre otros; se observa que dichos costos no se ven reflejados acabadamente en el valor que arroja la Unidad de Vivienda (UVI)”.
Por otro lado, se ha advertido en la actualidad, que “la UVI presenta un rezago de aproximadamente dos meses en cuanto al reconocimiento de ajustes de precios, lo que, en tiempos de alta inflación, genera un detrimento para el mantenimiento de las condiciones financieras de las obras, con la consecuente repercusión en su desarrollo”, se precisó.
El Gobierno sostiene que “un gran número de obras públicas de vital importancia para la provincia se encuentran paralizadas o con un grado de avance significativamente menor al que le hubiese correspondido” y remarca: “La obra pública ocupa un rol fundamental en el desarrollo de la actividad económica, tanto por sus consecuencias multiplicadoras sobre la economía como por su significativa contribución a la productividad del sector privado y su fuerte impacto en la generación de empleo”.
Se agrega en el decreto que “el mantenimiento del equilibrio económico financiero de los contratos es una condición indispensable para garantizar el cumplimiento regular de los planes de trabajo de las obras públicas comprometidas, de modo que las mismas puedan ser puestas oportunamente a disposición de la ciudadanía”.
Y se justifica que por la inflación “el procedimiento de redeterminación de precios implica en los hechos una disociación entre los precios reales de los ítems en ejecución en un período determinado y el monto resultante de la aplicación de una variación de referencia, con el impacto perjudicial que estas situaciones generan en el avance de las obras”.
“Por todo lo mencionado precedentemente, se propicia la creación de un coeficiente complementario al valor que arroja la Unidad de Vivienda (UVI), tomando como referencia la variación de los índices publicados por el INDEC para determinados insumos representativos de las obras ejecutadas por los distintos organismos de Misiones, lo que permitirá mayor precisión al efectuar los sucesivos pagos por certificados de avance de obra, manteniendo la ecuación económica financiera de las obras en pos de asegurar su continuidad”, finaliza.
Pedidos de las constructoras durante 2023
La Cámara Argentina de la Construcción emitió un documento el año pasado, unificando el reclamo de 25 delegaciones, elevando reclamos hacia el Gobierno sobre los problemas que las afectan. En ese momento pidieron soluciones urgentes, referidas a pagos, redeterminaciones y plazos en distintas obras que se ejecutan en el país.
Advirtieron que “en los últimos meses se ha pasado de un desequilibrio financiero a una grave afectación económica, de alto impacto, que consumirá los patrimonios de las empresas”.
Según el sector, “el agravamiento de los guarismos de inflación de los costos; el cambio de las condiciones de comercialización de los insumos más importantes; las dificultades de abastecimiento; la imposibilidad de toma de créditos para restituir el capital de trabajo, ante tasas exorbitantes; sistemas de ajuste de precios contractuales pactados hace semestres que son totalmente irrepresentativos de la realidad, llevarían a una paralización del sector por imposibilidad de acción, con sus evidentes efectos sobre el empleo y la actividad regional”.
Las empresas pidieron el “pago urgente e íntegro de los trabajos ejecutados, los intereses por mora y sus redeterminaciones de precios, que adecuan los valores contractuales desactualizados a los costos actuales”.
También “la aprobación y certificación rápida de las redeterminaciones de precios, parte sustancial de la remuneración ante la enorme inflación acumulada”.
En Misiones los empresarios realizaron varias reuniones con el Gobierno a fin de encontrar una solución, que se vio reflejada en la promulgación del decreto creando el índice complementario de redeterminación de costos.
