Un suboficial mayor de 45 años y con servicios asignados en la Unidad Regional VIII en San Vicente y un sargento (33) con funciones en Jardín América (UR-IX) fueron los primeros dos efectivos de la Policía de Misiones en concurrir al Juzgado de Instrucción 6 de Posadas para responder a la denuncia por su presunta participación de actos ilegales durante los doce días de protesta de la fuerza de seguridad desplegados en mayo pasado.
Por consejo del abogado que representa los derechos de los quince notificados por el juez de Instrucción Ricardo Walter Balor y el fiscal René Germán Casals, se ampararon en su derecho de guardar silencio y no fueron indagados, solo notificados de que se los imputa provisoriamente por hechos vinculados a presunta “sedición”, por ejemplo hurto de patrulleros, incumplimiento de funciones y el uso indebido de los transportes para actos intimidatorios.
Las audiencias se iniciaron a las 8.30 pero ante la negativa de los citados a responder, el acto judicial fue breve en ambos casos.
De fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN se pudo resumir la acusación denunciada por la Policía. Se los imputa, a los integrantes de la lista preliminar de quince, el haber participado “de actos coactivos e inapropiados en incumplimiento del reglamento al que están subordinados”. Esto conforme al Reglamento del Régimen Disciplinario Policial (artículo 83 del decreto 751 o RRDP), “no prestando servicio adecuadamente y no realizando tareas de pratrullaje y prevención, exigiendo coactivamente un aumento de haberes por vías de hecho como también retrotraer traslados y sanciones disciplinarias que ya se habían impuesto y que buscaban ser exculpadas”.
Además de la exigencia de “una amnistía general”, que se interpretaría a su vez como otro acto coactivo “porque conocían cabalmente que habían cometido delitos, trasgredían además reglamentos internos como la usurpación de oficinas públicas o entorpecimiento del funcionamiento de las mismas, impidiendo o bloqueando el libre acceso a dependencias policiales e imposibilitando el uso de los patrulleros porque fueron sustraídos para ponerlos a disposición de los manifestantes y omitiendo que hicieron uso inapropiado, de interés propio y los utilizaron como medio de intimidación pública transitando frente a la Casa de Gobierno y Jefatura de Policía y desobedeciendo la orden del juez y fiscal de restituirlos a sus dependencias”.
Otro de los hechos por los que se los investiga es por “incitar a sus camaradas mediante redes sociales, mensajería de texto como la aplicación Whatsapp a dejar de prestar servicio y sumarse a la protesta”.
Se espera que este viernes se presenten un cabo de 31 años y un oficial ayudante de 32, ambos integrantes de la división “Motorizada” de la Unidad Regional X y con funciones en el barrio Itaembé Miní. Los demás, bajo la misma modalidad de dos por día, tienen las fechas previstas desde el lunes próximo y hasta el 8 de julio.
La jornada que despierta mayor expectativa corresponde al martes, en que los referentes de la protesta, Germán Carlos Palavecino (46) y Ramón Oscar Amarilla (57), ambos retirados, están citados a responder sobre la denuncia realizada por la Jefatura de Policía a través de jefes de las dependencias respectivas.
Para Casals, el principal delito que se investiga es el de “sedición”, que tiene tiene una pena de 1 a 6 años de prisión. “El funcionario judicial policial no es un empleado provincial, es una persona que ejerce una función del Estado que se le delega y se toma estado policial. Por eso no puede hacer ese tipo de reclamos”, remarcó Casals a FM 89.3 Santa María de las Misiones, hace pocas horas.
Se intenta determinar la existencia o no de un grupo de Whatsapp que utilizaba el nombre de uno de los jefes para convocar a esa revuelta. “Hubo una instigación a cometer delitos por parte de algún grupo de personas, pretendía extraer o conseguir algo del Gobierno que era un aumento salarial por una forma inadecuada”.
Uno de los vehículos que apareció en la manifestación desde el primer día fue un camión autobomba de la Dirección Bomberos. Casals reveló que una declaración testimonial señala que “dos compañeros policías que estaban dentro de la autobomba fueron detrás de un llamado falso de incendio a un sendero y cuando volvieron, en ese momento otros dijeron: ‘Vamos a la revuelta, vamos al comando’. El chofer se negó y empezó un forcejeo que generó el peligro de tumbar u ocasionar un accidente. Hasta quisieron entrar en contramano por Trincheras de San José”.
Agregó que “hay muchos involucrados que dijeron ‘me obligaron a llevar el auto y yo me quedé ahí para resguardar’. Veremos en las indagatorias si es así o no, es el primer acto de defensa su testimonio”.
