En el último semestre, la pobreza en la Argentina llegó al 49%. La emergencia alimentaria volvió a estar en agenda: el Presidente habló de la autonomía de la población para evitar “morir de hambre”, la Justicia ordenó a la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello a entregar alimentos acopiados en depósitos con vencimiento próximo y su mano derecha fue despedido en medio de denuncias de corrupción. En ese escenario, movimientos sociales y comedores intentan dar abasto a una demanda cada vez mayor.
El 8 de febrero pasado, el Ministerio de Capital Humano extendió el acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por $20.000 millones para la compra y distribución de alimentos.
Las intervenciones de la Justicia Federal, que obligaron a la cartera a disponer de un plan de entrega de mercaderías o al menos de realización de un inventario, explicitan que la gestión nacional no ha cumplido con su parte del acuerdo. Aún más: han utilizado distintos argumentos para evitar su realización.
La eliminación de intermediarios, la mala calidad de los productos o la reserva para eventuales tragedias fueron algunas de las explicaciones que ofrecieron para justificar que aún, a casi seis meses del inicio del Gobierno, no se ha distribuido ningún producto.
“Nunca recibimos ni un kilo de arroz”
Los testimonios de los comedores consultados por Ámbito coinciden en ese sentido. “No hemos recibido ni ayuda ni un contacto por asistencia de ningún funcionario nacional. Solo nos hicieron llenar una planilla para saber cuántas familias venían a retirar comida y la dirección de los comedores. Más que eso, nada”, cuenta Sonia Chorolque, que trabaja en uno de los 14 comedores que la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) coordina en San Pedro de Jujuy.
“Hemos atravesado tres auditorías y nos dijeron que estaba todo perfecto, pero nunca recibimos ni un kilo de arroz”, agrega el padre Francisco “Paco” Olveira, coordinador de la Casa del Niño de la Fundación Isla Maciel, en la localidad bonaerense de Dock Sud.
Problemas de gestión
Esa situación coincide con una oleada de renuncias en el Ministerio de Capital Humano: Ricardo Spartano, Horacio Pitrau, Pablo Rodrigué, Agustín Sánchez Sorondo, Rodrigo Aybar, Omar Yasín, Mariana Hortal Sueldo, Liliana Acosta de Archimbal, Luis Palomino y Ricardo Boccacci son algunos de los secretarios o subsecretarios que dejaron sus puestos en el primer semestre de gestión.
Pablo de la Torre, despedido de la Secretaría de Niñez y Familia, fue la última baja y la más sensible. Será investigado por sobresueldos a raíz de un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) por $6.772 millones, que la propia ministra Pettovello firmó el pasado 3 de mayo.
Hostigamiento
“Los intercambios con funcionarios son de discusión constante, porque lo único que nos dicen es que no nos van a dar recursos porque los usamos para hacer política”, relata Nicolás Caropresi, integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), organización que sostiene unos 750 espacios sociocomunitarios en el país.
El MTE es la organización de referencia de Juan Grabois, uno de los principales apuntados por el Gobierno nacional como presunta malversación de fondos. “Hasta ahora, nunca nos llegó ninguna denuncia. Están revisando todos los papeles y se mueren por encontrarnos algo, pero todo lo que existe son denuncias mediáticas”, explica Caropresi. La misma situación de hostigamiento describe Norma Morales, de Barrios de Pie, organización que trabaja con unos 3.000 espacios de cuidados comunitarios en todas las provincias.
En diálogo con Ámbito, manifiesta que el primer acercamiento a los comedores que tuvo el actual Gobierno fue a través de allanamientos. En total, suman 31.
“Son denuncias anónimas que se realizan desde la nueva línea 134. A partir de eso, allanaron brutalmente las casas de dos compañeras de Villa Lugano, a las que les sacaron los celulares. Invadieron sus casas, que es lo más íntimo. ¿Y en los comedores qué van a encontrar? Buscaban cuadernos con informaciones y encontraron ollas vacías y alacenas vacías”, describe.
Morales ejemplifica con el caso del Centro Comunitario Arco Iris, en Dock Sud, catalogado como “comedor fantasma” por la actual gestión: “Yo parí ese comedor y está haciendo hasta lo imposible para seguir funcionando y atender a 240 familias”.
Emergencia alimentaria: el día a día de los comedores
Los comedores y merenderos son espacios de referencia para la atención alimentaria en los barrios populares. “Este año se acrecentaron las familias que vienen. Antes había un grupo reducido de 30 chicos que iban al almuerzo y últimamente aparece gente nueva que se enteraban que había un merendero e iban a solicitar ayuda de alimentos y de ropa”, precisa Maira Piris, fundadora del comedor Más Valores Presentes, que se expandió en cinco barrios de la ciudad de Formosa.
Además, relata cómo el aumento de la carne, el pollo y la leche en polvo dificultaron el valor nutricional de las raciones que se cocinan: “No damos abasto porque la mercadería está carísima y es imposible hacer un menú distinto porque lo que más rinde es el guiso o el estofado”.
“Trabajan a pulmón”
Según el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (ReNaCoM) en el país hay 34.782 comedores en los que colaboran 134.449 personas.
“Trabajamos a pulmón. La mercadería para abastecer a estos comedores las recibimos de donaciones de los vecinos, que son un gran sostén y una ayuda. Además hacemos ventas para poder solventar la olla que todos los días trabajamos”, narra Sonia Chorolque, desde San Pedro de Jujuy y se lamenta porque “a veces para darles a todas las familias tenemos que darle menos para que alcance. Cada día es más gente la que se acerca a los comedores”.
Ante esa situación, el padre Paco Olveira, junto a otros clérigos de la Opción Preferencial por los Pobres, anunció que iniciará una huelga de hambre a partir del martes si el Estado nacional no distribuye los alimentos acopiados en los depósitos que están a punto de vencer.
“No tenemos ganas de hacer huelga de hambre pero si nuestra gente no tiene para comer, y el Gobierno no reparte alimentos, nosotros decidimos compartir su suerte”, asegura y detalla: “No es metáfora que se come salteado, se cocina con leña porque no hay para cargar la garrafa”.
“Es muy jodido el momento de estar en un barrio y decidir a quién ayudar y a quién no”, concluye.
Caropresi, del MTE, comenta que “las compañeras que cocinan ahí apenas llegan a fin de mes” y que “la ración tiene más líquido que antes, por decirlo de alguna manera es más sopa que guiso”.
Ayuda narco
En contrapartida, apunta una situación que se está observando en los barrios vulnerables de la Argentina: “Los que venden la droga en el barrio se están acercando a las vecinas a ofrecerle las soluciones que el Estado no les está ofreciendo. Incluso en algunos casos han donado a los comedores unos 10 cajones de pollo, unos cuantos kilos de verduras. Se están volviendo jugadores territoriales y no lo están haciendo a punta de pistola”.
Capital Humano compró alimentos a proveedores que denunció antes
Los escándalos alrededor del Ministerio de Capital Humano no cesan y suman nuevos capítulos de misterio alrededor de por qué se despidió a Pablo de la Torre, ahora exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia.
Documentación a la que accedió LA NACIÓN arroja sospechas sobre otra información oficial aportada por el Gobierno: si bien el vocero Manuel Adorni aseguró que los productos acopiados en los depósitos eran “alimentos adquiridos por la gestión anterior”, según dijo en conferencia de prensa, la gestión actual sí compró alimentos, que fueron entregados en Villa Martelli y Tucumán. Aún más, fueron comprados a empresas denunciadas por esta misma gestión.
Licitación en la mira
El 8 de marzo de este año, la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI) publicó una licitación, por fuera del canal oficial del Estado, para la compra de alimentos, actuando “por cuenta y en nombre de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia”.
El 26 de abril se difundió el resultado de la licitación, firmada por Luis Scasso, director de la organización. El total desembolsado fue de casi $3.652 millones para la adquisición de 1.650.000 aceites de girasol de 900 mililitros y la misma cantidad de lentejas secas de 400 gramos.
La existencia de esta compra fue eludida por varias vías. Además de comunicar oficialmente que todos los alimentos acopiados habían sido adquiridos durante los años previos a la llegada de La Libertad Avanza, en el pedido de acceso a la información que solicitó y dio a conocer El Destape, el Ministerio admitió la existencia de este proceso, pero dijo que al 30 de abril no se habían seleccionado ganadores, pese a que se habían comunicado los adjudicados cuatro días antes.
En el organigrama, Schiavi se encuentra en la misma órbita de secretaría que Leila Gianni, que reporta directamente a Pettovello.
Ambos responden formalmente al virtual viceministro de la cartera, Juan Facundo Etchenique, que había sido designado el 27 de diciembre, despedido el 11 de enero, vinculado como subsecretario de Gestión administrativa de Niñez, Adolescencia y Familia el 7 de marzo, y recontratado para su cargo anterior el 29 de abril. La firma de Schiavi fue el 17 de abril.
Denunciados, pero…
Esos alimentos fueron entregados a los depósitos, por lo menos en una parte. LA NACIÓN pudo confirmar esto a partir de los pliegos de la licitación, que indican las fechas de entrega ya cumplidas, pero especialmente por la información oficial enviada por Capital Humano al juzgado de Sebastián Casanello, que ordenó inventariar los alimentos.
En el Excel presentado al juez, figuran ingresos de mercadería nueva tan cercanos como hace cinco días, el 27 de mayo de 2024, cuando entraron aceites a Villa Martelli. Las entregas de este año comenzaron el 3 de mayo.
Las firmas adjudicadas fueron Tanoni Hermanos SA, Valquiria SAS, Nomero SA, Alimentos Fransro SRL y Careaga Hermanos y Teglia SRL. No solo estas empresas resultaron adjudicadas en licitaciones de la gestión anterior, las que el Gobierno cuestionó en general por posibles irregularidades, sino que fueron denunciadas en particular por el Ministerio de Capital Humano por haber descubierto, presuntamente, direccionamiento, sobreprecios, cartelización en las compras y falta de trazabilidad. La OEI es finalmente la que adjudica, pero en base al visto bueno del Ministerio de Pettovello.
Prácticas fraudulentas
El 27 de abril de este año, Capital Humano informó una denuncia realizada contra funcionarios de la gestión de Alberto Fernández por incumplimiento de los deberes de funcionario público en el marco de una compra directa de aceite a “Proveeduría Integral MC SRL”, cuyos titulares eran Giuliano Carmelo Pellicori y Luisa Bianca Pellicori. Aseguraron que tenían “vínculos con el poder político de turno”.
En la denuncia destacaron que estas personas “habían firmado con el sello de otra SRL, Alimentos Fransro SRL, también de ellos, que como otras sociedades también se presentaron en varias licitaciones, y creadas al efecto”.
Lo llamativo, en términos de la aceleración de denuncias cruzadas y despidos de los últimos días, y de las compras mencionadas, es que hace unos días, el 28 de mayo, Scasso, de la OEI, firmó una rectificación para dejar “sin efecto la adjudicación efectuada a favor de la empresa Alimentos Fransro SRL del proceso Licitación Pública Nacional OEI BUE 01/2024” por 400.000 paquetes de lentejas secas de 400 gramos.
Para justificar la decisión, citan un artículo de las Condiciones Generales de la Contratación de los procesos de compra: el relativo a “Corrupción o prácticas fraudulentas”.
