Desde la madrugada de este viernes, un grupo de efectivos de la Policía de Misiones se manifiesta desde la madrugada frente al edificio del Comando Radioeléctrico I en reclamo de recomposición salarial. Durante la mañana tres denuncias fueron presentadas en relación a este incidente, y la Justicia dio luz verde para el desalojo del lugar.
La primera de las presentaciones la realizaron las autoridades del Comando Radioeléctrico I, en respuesta a la afirmación de los manifestantes de que contaban con el apoyo de los jefes de la repartición para llevar a cabo la protesta.
La segunda fue realizada por el Centro Integrado 911, donde se está investigando una posible interferencia en su funcionamiento entre las 3 y las 5 de la mañana, período durante el cual el sistema de emergencia no operó correctamente. Esta interrupción coincide con el inicio de la toma del comando.
Y la tercera, la realizó el Gobierno de la Provincia que argumenta que la protesta, incluyendo la quema de neumáticos, representa un riesgo de incendio, el cual se agrava por la presencia de armamento en la sede del Comando Radioeléctrico tomada por los efectivos.
Las tres denuncias recayeron en el Juzgado de Instrucción a cargo del juez Ricardo Balor y en la Fiscalía del Dr. René Casals, quienes mostraron su acuerdo con la solicitud de desobstrucción de la avenida Uruguay y el desalojo de la sede del Comando Radioeléctrico.
Dada la naturaleza de la protesta, encabezada por la Fuerza de Seguridad Provincial, la ejecución del desalojo podría recaer en la Gendarmería Nacional. Sin embargo, el momento exacto de la intervención aún no está determinado, ya que primero se deben iniciar conversaciones con las Fuerzas Federales.
La situación es incierta, dado que no hay una cara visible entre los manifestantes que se identifique como líder de la toma, lo que complica las negociaciones. En un entorno verticalista como el de la Fuerza de Seguridad, asumir un rol de liderazgo puede llevar a sanciones, por lo que hasta el momento nadie ha dado un paso al frente.
Las autoridades judiciales están ahora a la espera de ver si la Gendarmería Nacional procede con el desalojo o si se abre una instancia de negociación para evitar una confrontación.
