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Concedieron prisión domiciliaria al caponarco misionero “Pity” Arrúa

La resolución fue firmada ayer por el Tribunal Federal de Concepción del Uruguay. La defensa del acusado solicitó en varias ocasiones dicho beneficio debido a que el imputado tiene cáncer.

7 mayo, 2024
SU ÚLTIMO “ALOJAMIENTO”. “Pity” Arrúa cuando era trasladado a la cárcel de Marcos Paz (de máxima seguridad).

SU ÚLTIMO “ALOJAMIENTO”. “Pity” Arrúa cuando era trasladado a la cárcel de Marcos Paz (de máxima seguridad).

El Tribunal Oral Federal de la localidad entrerriana de Concepción del Uruguay le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria al caponarco oriundo de Misiones, Pedro “Pity” Arrúa (60), por un pedido de su defensa debido a que necesita tratamiento oncológico por un cáncer de próstata que lo aqueja desde hace un tiempo, según consta en la resolución judicial.

El imputado estará bajo supervisión electrónica (tobillera) en el domicilio de una de sus hijas, ubicado en el barrio de Villa Urquiza de la provincia de Buenos Aires, agregó el fallo emitido ayer y firmado por los camaristas entrerrianos.

Arrúa, quien estaba detenido en la cárcel de Marcos Paz, debe cumplir dos condenas dictadas en 2019 y 2021 por Tribunales federales de las provincias de Entre Ríos y Misiones.

Tal como adelantó PRIMERA EDICIÓN en enero pasado, su defensa oficial insistió con la mencionada solicitud ante la Justicia debido al agravamiento de las condiciones de detención y su situación de salud.

Por ello, y luego de analizarlo, el juez de Cámara de Entre Ríos, Jorge Sebastián Gallino, ordenó que “la prisión domiciliaria se muestra como la mejor alternativa para poner fin a un proceso sin dilaciones indebidas en la conducta terapéutica”.

El imputado, nacido en la localidad misionera de Dos de Mayo, quien además de las mencionadas condenas acarrea otras dos anteriores por violar la Ley 23.737 o de drogas, mostró los primeros síntomas de la citada enfermedad en 2017, cuando estaba detenido en una cárcel de la provincia de Entre Ríos.

Luego fue trasladado al predio penitenciario federal de Marcos Paz en la provincia de Buenos Aires, cárcel catalogada como de máxima seguridad y adonde fue enviado tras ser condenado a trece años de prisión en 2019 y 2021 por los tribunales federales de Concepción del Uruguay (Entre Ríos) y Posadas.

 

“Líder de una organización”

Arrúa fue condenado el 7 de julio de 2021 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay, como líder de una organización de tráfico y comercialización de estupefacientes en Misiones, Corrientes y Entre Ríos.

Fue sentenciado a trece años de prisión. En septiembre de 2019 se realizaron catorce procedimientos simultáneos en Posadas, Corrientes y en varias localidades de Entre Ríos, que se desprendieron de las escuchas realizadas a “Pity” Arrúa, que desde su celda en Gualeguaychú daba las órdenes y disponía los recursos para el tráfico de cocaína y marihuana que ingresaba a la capital misionera y se distribuía en localidades entrerrianas.

En enero de 2020, Pedro Arrúa sumó una condena similar, la tercera por violar la Ley 23.737 de estupefacientes. Fue el Tribunal Federal de Posadas quien homologó un juicio abreviado por un cargamento de marihuana prensada interceptado en 2014, y que también “Pity” organizó desde una celda pero en la unidad penal federal de Candelaria.

No obstante, “Pity” estuvo involucrado en múltiples expedientes penales. En marzo de 2009 la policía bonaerense allanó su vivienda de la calle Franklin al 5000 en Posadas, y lo detuvo por su supuesta vinculación con “la ruta de la efedrina”.

El juez federal de Campana, Federico Faggionato Márquez, lo liberó tiempo después por falta de mérito y lo trasladaron a Misiones para que se presentara ante el juez de Instrucción 3, Fernando Verón, bajo el cargo de “tenencia ilegal de armas de fuego”. El 23 de enero de 2010 fue detenido por la Policía de Córdoba y Gendarmería por encabezar una banda de narcotraficantes.

 

Varios rechazos

Un largo derrotero tuvo que pasar la defensa de Arrúa desde 2017 y cuando aún estaba detenido en Entre Ríos, más precisamente cuando comenzaron a manifestarse los primeros síntomas clínicos de un desarrollo tumoral a nivel prostático.

Tras varios rechazos de los Tribunales de las distintas jurisdicciones donde fue condenado “Pity”, finalmente le concedieron en las últimas horas la domiciliaria para poder atenderse en centros médicos especializados (con los permisos correspondientes cada vez que tenga que abandonar la vivienda donde debe estar para que lo atienda un facultativo). Acerca de su enfermedad y según precisó el letrado que lo representaba, “estos primeros síntomas se manifestaron con dificultad y dolores miccionales, además de la PSA (antígeno prostático) muy elevado, lo que indicaba riesgos de tumoración prostática.

A pesar de estos síntomas no se efectuaron estudios ulteriores, y en el tratamiento realizado durante la estadía en el penal entrerriano, luego en el Complejo Penitenciario Federal III de Marcos Paz, no se efectuó ningún estudio (…). Y fue agravándose al extremo que este año comenzó una inflamación testicular que obligó el traslado a un hospital, y se detectó la presencia de un tumor maligno confirmada por una biopsia en febrero de 2022, casi cinco años después de los primeros síntomas”.

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Tags: #NarcotráficoPity Arrúa
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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