El misionero Pedro Amadeo Arrúa (56), conocido como “Pity”, fue condenado junto a la organización que montó y dirigió para transportar y vender estupefacientes desde las prisiones de Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, en Entre Ríos.
Fue el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay, integrado por los magistrados Roberto Manuel López Arango (presidente), Mariela Rojas y Sebastián Gallino como vocales, quienes firmaron ayer la condena tras extensas jornadas de debate oral, iniciadas en febrero.
Y concluyeron que “Pity” Arrúa, nacido en Dos de Mayo, es culpable y deberá saldar con trece años de prisión haber encabezado la banda de compradores y distribuidores de cocaína y marihuana desde Posadas hacia distintos puntos entrerrianos pero también a otros lugares del país.
Arrúa fue juzgado como “organizador y financiador de actividades de tráfico de estupefacientes en concurso real con el delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en calidad de autor”.
Fue condenado, tras una investigación iniciada en 2017 por liderar “una empresa criminal” que operó primero desde la unidad penal 4 de “Concepción del Uruguay” y luego desde la 2 “Gualeguaychú” valiéndose de sus familiares directos, entre ellos Isela Giménez Cabral, su expareja, que colaboraba comunicándose con proveedores y preparando las “mulas”.
Pero también sus hijos Franco Jesús Arrúa (20) y Pedro Augusto Arrúa (27), quienes comercializaban la droga que se proveían en Paraguay y también preparaban “mulas” para que trasladaran cargas desde Posadas hacia Entre Ríos.
Ilda Rosana Galeano (36 años, paraguaya) y Marta Raquel Domínguez fueron señaladas como las personas que enviaban droga a Concepción del Uruguay, en colectivos de larga distancia y en un automóvil particular y se encargaban de contactar a los compradores y distribuirla.
Pero “Pity” Arrúa montó una compleja red de comercialización, que involucraba a otros sujetos: Javier Alejandro Caire (40 y nacido en Entre Ríos) –detenido junto con Arrúa en la UP-4- y su mujer Nadia Soledad Maidana junto con Walter Fernández Cañete y Brian Ríos; y Graciela Ofelia Barreto, quien se proveía para luego entregárselo a su hija Keila Clotet y su yerno Emanuel Cheves, quienes se encargaban del narcomenudeo en Concepción del Uruguay y localidades próximas. Como también se señaló a Fabiana Angio como la persona encargada de guardar el dinero de Javier Caire.
Según el Tribunal Federal, “toda la actividad ilícita estaba comandada por Pedro Amadeo Arrúa, con la colaboración de su pareja e hijos. En cuanto al reclutamiento de quienes transportaban el estupefaciente, también la realizaban ellos”.
“No hay dudas que Pedro Amadeo Arrúa montó una estructura funcional para el transporte, distribución y comercialización de estupefacientes. Una ‘cadena de distribución’ que lo ubicaba en el centro de la escena desde la Unidad Penal 4 y luego desde la 2 de Entre Ríos”, aseveraron los camaristas, pero también recalcaron que la modalidad de delito “se convirtió en un modus operandi que se repite en diversas causas, lo que agrega un peligro extra a la actividad esencial del narcotráfico, en la medida que supone la existencia de cierto margen de corrupción interna en las unidades del Servicio Penitenciario y desidia en los controles”.
“Quedó de manifiesto que cuando fueron a cumplir la orden de requisa de la celda de los internos Pedro Arrúa y Javier Caire la maniobra fue dilatada por las autoridades de la unidad penal, lo que provocó que al efectivizar la medida no pudieran requisarse los aparatos de telefonía celular, advirtiéndose sólo la presencia de cargadores, indicio de que operaba de manera subrepticia con aparatos telefónicos cuya tenencia está vedada por el régimen penitenciario”.
Según el fallo al que PRIMERA EDICIÓN tuvo acceso, Arrúa “desde sus lugares de detención se encargó de contactar a distintas personas de Concepción del Uruguay que le compraban la cocaína que traía desde Misiones. Era habitual que una vez por semana coordinara que preparen a la “mula” de turno para que transporte desde Posadas el material espurio”.
Escuchas a teléfonos celulares develaron conversaciones que mantienen “Pity” Arrúa con sus cómplices donde hablan, solapadamente, de los estupefacientes: “Vino Nico y llevo diez”, o “armen todo para ir para aquel lado”, “cuánta mercadería tenes allá en la casa”, “¿Vos tenés cosas ahí o no?”, “preparen un medio y dos cuartos”, “perdió sin nada sin nada” o directamente sin utilizar ningún código como se desprende de la conversación que tuvo Amadeo con su hijo Franco quien le dijo que en una casa “había droga por todos lados”.
Arrúa contaba con dinero suficiente para financiar y conseguir el estupefaciente, que resguardaba en distintos inmuebles de familiares y amigos de Misiones. Hay escuchas como la del 7 de noviembre de 2017 mientras allanaban su vivienda de calle Franklin en Posadas, Amadeo Arrúa ordenaba guardar el dinero en la casa de uno de sus doce hijos.
La colaboración que le prestaban sus hijos se advierte de una de las tantas escuchas, donde “Pity” le pide a Augusto que vaya a comprar papel film para uno de los paquetes que iban a enviar. A sus hijos los reta en varias oportunidades por su “falta de profesionalismo”.
“La hipótesis de los investigadores fue que se abastecían en Paraguay y surge de una escucha en la que Arrúa le indica a su pareja que tenía que ir ‘al negocio de la otra vez’ en Paraguay, que debía llevar dólares y realizar el intercambio”.
Los jueces destacaron “la notable astucia con la que se manejaba Arrúa (…) Estaba al tanto de todos los movimientos de obtención y distribución de las sustancias ilícitas y su rendimiento económico (…) Y tenía previsión por eventuales procedimientos con advertencias para esconder droga y dinero”.
“Pity” Arrúa fue sentenciado como “autor material y responsable del delito de organizador y financiador de actividades de tráfico de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas para cometerlos”.
Sus dos hijos a cuatro años como “partícipes secundarios de comercialización”, los siete condenados restantes a penas de entre seis y siete años como coautores transporte y venta.
