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Prepagas: “Lamentablemente, el precio aumentará y habrá mucha gente que no podrá pagar”

Fue tras el fallo judicial que aceptó un recurso de amparo del Ministerio de Salud de la Nación contra las prepagas. Para la especialista, habrá mayor cantidad de litigios de pacientes contra las empresas de medicina por la actual situación. Así, lo aseguró la abogada experta en Derecho de Saud Miriam Medina.

5 mayo, 2024

Pensar que el amparo que el Ministerio de Salud de la Nación obtuvo de la Justicia para retrotraer el incremento de cuotas de medicina prepaga va a detener la suba mensual, es un error.

Así lo explicó la abogada, Miriam Medina, experta en derecho a la salud en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones y canal 9 Norte Misionero.

La letrada explicó los alcances de la medida judicial del Juzgado Civil y Comercial Federal 3 que determinó que un grupo de 23 prepagas deberán fijar el valor de las cuotas a diciembre de 2023, actualizada al Índice de Precios al Consumidor (inflación) que determinó el INDEC.

“Va a ser la cuota de diciembre actualizada, no al mismo valor que había en diciembre, pero a menor valor de lo que se venía pagando con los tremendos aumentos habilitados con el DNU 70/2023”, indicó Medina.

Agregó que “las personas que pagaron una barbaridad desde entonces, que les pasó a casi todos, que no correspondía, la diferencia va a quedar como saldo a favor y las prepagas lo van a tener que devolver. En cinco días, las prepagas van a tener que explicar cómo devolver esa cifra”. Indicó que las empresas de medicina que no cumplan, tanto en la devolución como en el cobro de la cuota actualizada por IPC, “van a ser multadas porque se aplicará la Ley de Defensa de la Competencia”.

Las 23 prepagas alcanzadas por el amparo, que representan al 95% de los afiliados de todo el país a la medicina privada, son: ACA Salud, Asociación Hospital Británico de Buenos Aires, Asociación Mutual del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales Nacionales, Asociación Mutual Sancor, Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas, Círculo Médico de Lomas de Zamora; Galeno Argentina, Grupo DDM, Hospital Alemán, Medicina Esencial, Medicina Prepaga Hominis, Medifé, Medicus Medicina Prepaga-MET, Mutual Federada 25 de junio Sociedad de Protección Recíproca, Obra Social de Dirección de Sanidad Luis Pasteur, Obra Social de la Unión del Personal Civil de la Nación, Omint Prevención Salud SA, Sistema Integrado de Prestadores de Salud SA, Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires, y Swiss Medical SA.

Miriam Medina explicó que los que sigan afiliados a las prepagas mencionadas, deberán realizar una denuncia ante Defensa del Consumidor y ya no ante la Justicia para obtener los alcances de la medida cautelar dictada el viernes por la Justicia Federal.

Sin embargo, quien ya se dio de baja (está actualmente desafiliado) pero llegó a pagar algunos meses con el aumento desmedido, “puede reclamar con esta resolución judicial, hay una denuncia en Defensa de la Competencia por cartelización. Ese afiliado podría reclamar a la Justicia para volver y pagar la cuota a valor de diciembre actualizada por IPC. Y que el precio pagado de más se le pueda devolver. En este caso habría que hacer una presentación judicial aparte”.

La causa sigue

La especialista en derecho a la salud, se refirió al trámite legal que seguirá la denuncia de la Nación a las prepagas: “Esto es una medida cautelar, por tratarse de una cuestión urgente que no podía esperar a la resolución de fondo. En este caso es el aumento y la devolución porque la gente no podía pagar más.

Las prepagas seguramente van a apelar, y van a llegar hasta la Corte Suprema porque no van a estar de acuerdo con devolver el dinero o no poder aumentar. Pero la cautelar está vigente y las prepagas deben cumplirla. Podrán seguir discutiendo lo que quieran, el juicio pueden durar años, pero la cuota se tiene que retrotraer y los montos cobrados de más se deben devolver”, aseveró.

Miriam Medina destacó de la resolución del amparo que, antes del mismo, “se podían presentar quienes tuvieron una enfermedad, una discapacidad o adultos mayores. Pero no los jóvenes. En mi caso, se me triplicó tres veces lo que pagaba en diciembre pero no pude reclamar, ya que me iban a decir ‘pero usted es sana, en joven y si no le gusta el aumento váyase’. Con esto yo joven también voy a poder hacer el reclamo y pedir el beneficio del amparo”.

 

Mayor cantidad de demandas

La abogada Medina admitió que todo este contexto lleva a más afiliados a reclamar por la vía judicial la cobertura de tratamientos o medicamentos. “La cobertura de prestaciones siempre se puede reclamar judicialmente para que el Programa Médico Obligatorio (PMO) se cumpla, que las prestaciones ofrecidas se cumplan”, recordó.

A su vez, advirtió que “lamentablemente la consecuencia de todo esto va a ser que habrá gente que no podrá pagar la prepaga -por más que se haya actualizado el precio a diciembre con IPC- porque la cuota va a seguir aumentado. Va a haber gente que ni siquiera va a poder pagar ese monto de actualización con la fórmula que determinó la Justicia”.

Sin embargo celebró la resolución judicial al sostener que “ahora las prepagas no van a poder hacer lo que quieran como lo hicieron desde diciembre; es una buena noticia el amparo. Ahora hay una orden que les dice cómo se tienen que ir actualizando las cuotas”.

Admitió que se vendrán tiempos de mayor cantidad de litigios judiciales ya que “va a aumentar la cantidad de obras sociales porque, cada vez, van a cubrir menos o van a rechazar más los pedidos, porque algunas van a estar desbordadas mucho más que en estos tiempos y la lucha se va a trasladar a Tribunales”.

Agregó que “quien tenga una enfermedad y la obra social no le cubra los medicamentos o tratamientos a un paciente oncológico; a alguien que requiera de una cirugía, no les va a quedar otra opción que recurrir a la Justicia para obtener la cobertura, desgraciadamente”.

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Tags: EmpresaFallo JudicialFM 89.3Ministerio de Salud de la NaciónMiriam MedinaPacientesPrepagas
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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