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Por la inflación, cada vez menos familias pueden comprar elementos ortopédicos

Al ser herramientas importadas, los precios de sillas posturales nuevas llegan a los 3 millones de pesos. Incluso algunas zapatillas de medidas especiales rondan los 500 mil pesos.

29 marzo, 2024

En todo el país, el aumento sostenido de los precios impactó de forma importante en los elementos médicos, sobre todo en la parte ortopédica, con obras sociales por un porcentaje mínimo de cobertura. PRIMERA EDICIÓN recorrió algunos centros especializados de Posadas, donde una silla estándar de baja complejidad arranca en precios que rondan los 500 mil pesos, en tanto que zapatillas ortopédicas cuestan desde 200 mil pesos, dependiendo del talle y patología. Sin embargo, los costos comienzan a elevarse en otros puntos de la provincia, donde hay presupuestos de casi medio millón de pesos para una zapatilla ortopédica.

El panorama de complejiza aún más en el país, con distribuidores que comercializan sillas de ruedas posturales, para personas con discapacidad motriz, a un precio que supera los dos e incluso los tres millones de pesos. A todo esto, comercios posadeños advirtieron que en abril los costos de los productos se actualizarán y se esperan nuevos incrementos a lo largo del año. No obstante, indicaron que se pueden aprovechar los descuentos por compras por tarjetas.

Las familias que más necesitan

Desde la Fundación Ferroclub del Nordeste Argentino, que permanentemente se dedica a ayudar a familias humildes a conseguir donaciones, su presidenta Analía Colazo Bidegain contó a este Diario que “los pedidos llueven y la parte de elementos ortopédicos es una constante”. Entre las necesidades, que se ven en todo el país, llegan pedidos “de sillas de ruedas, muletas, andadores, sillas posturales”.

Sobre el panorama actual y en base a las solicitudes que reciben, explicó que “las sillas posturales de traslado, el año pasado se conseguía una usada a 60 mil pesos, pero hoy te salen medio millón. Es una suba considerable, en una economía donde se complica para adquirirla para cualquier familia”.

En cuanto a una silla nueva, los precios rondan los 3 millones de pesos, ocurre que “la mayor parte de lo que se usa son sillas importadas”. En este sentido, señaló que existen en el país fabricantes de estos productos, “donde podrían llegar a conseguir a la mitad de precio, porque tenemos una industria nacional buena, con precios accesibles”.

A su vez, algunos elementos pueden repararse, pero “todo depende del uso que le den, porque una cosa es el ámbito de la casa y otra es si tiene que ir a la escuela, por una calle de piedras o tierra, ahí tiene otro desgaste que una que solo se usa dentro de la casa”, añadió Colazo Bidegain. Sucede que con un uso constante, en una silla se pueden desgastar las ruedas y se necesitan cambiar las cubiertas.

En la alta inversión que requiere para una familia sustentar una patología, detalló que, por ejemplo, “una persona oxígeno dependiente necesita un promedio de tres millones”. De los casos que llegaron hasta la Fundación, “el otro día me pasaron presupuesto de un tubo de oxígeno a 700 mil pesos, la mochila portátil cuesta unos 300 mil pesos. También hay que rebuscarse para ver cómo hacer llegar a ese objetivo, que a veces es muy complicado”, agregó.

Por ello, algunas colectas solidarias arrancan pidiendo desde 100 pesos. En el contexto actual, resaltó que “hoy un millón de pesos no es mucho, pero para quien no lo tiene es un montón de plata”. Compartió que “los precios están por las nubes” y esto se complica aún más en los casos de chicos que necesitan medicamentos y elementos especiales, como alimentos específicos. En esto, han tenido que conformar una red de adquisición de elementos, reparación y traslado, porque pedidos de sillas de rueda, muletas y otros recursos llegan de todas las provincias hasta la Fundación.

Celebró que, en el caso de Misiones, “tenemos una provincia que se ocupa, que no sucede en otros lugares, donde es una batalla campal para que hagan algo”. Con una importante limitación en presupuesto nacional, las provincias están en alerta, sobre todo por el impacto de programas como el Incluir Salud y el reclamo de la falta de recursos: “Un medicamento oncológico, una ampolla está 4 millones de pesos y la gente no puede esperar”, remarcó Analía Colazo Bidegain.

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Tags: #economíaCrisispamisociedad
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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