Los veintidós hogares convencionales que dan contención a niños, niñas y adolescentes en la provincia, por orden de la Justicia, recibieron recientemente el aporte de dos cuotas de la cápita para garantizar su funcionamiento, atendiendo el complejo panorama económico que atraviesa el país.
La titular de la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Rossana Franco, en diálogo con la FM 89.3 Santa María de las Misiones, explicó que vienen realizando monitoreos “a diario, de acuerdo a la reglamentación vigente porque tenemos la obligación de hacer esos controles sobre cómo están funcionando los hogares de la provincia”.
Agregó que “la Defensoría cuenta con un presupuesto que es para las cápitas, que corresponden al monto de una asignación universal a nivel nacional, pero son fondos provinciales. Desde la Defensoría lo que buscamos siempre es garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que estén en estos dispositivos convivenciales. Y cuando hablamos de los derechos, es que asistan a la escuela, que estén con sus libretas sanitarias al día, que cuenten con sus abrigos, que estén con toda la contención que necesita un niño, una niña o un adolescente que se encuentra en esos espacios”.
Resaltó Franco que “los últimos monitoreos los hicimos en el Hogar Santa Teresita, también en la Fundación Tupá Rendá que tiene sus dos hogares, por un lado el San José Obrero y por el otro el Hogar Mujica. El Sagrado Corazón también hemos visitado en estos días, que tiene un sistema que es transitorio, que alberga a los niños y niñas de lunes a viernes y luego vuelven con su familia. Son distintas situaciones y en el caso del Sagrado Corazón, se hace todo un acompañamiento con Desarrollo Social durante todo el fin de semana también”.
Detalló que “en la provincia contamos con veintidós hogares y cada vez que se recorren los espacios, se hace con un equipo jurídico para ver cuál es la situación judicial de cada uno de los niños, niñas y adolescentes que están en esos lugares, se verifica cómo están las medidas judiciales que son distintas en cada caso. Por otro lado se verifica la infraestructura, cómo están en cada una de sus habitaciones, la cocina, se revisan los alimentos para ver que no existan algunos vencidos y se corrobora que no falte lo básico”.
También la funcionaria contó que “hay un equipo psicosocial, conformado por trabajadoras sociales y psicólogas, que están autorizadas para hablar con los niños, niñas y adolescentes que están en esos hogares y nosotros contamos con una herramienta fundamental que es el consentimiento informado, que tiene como propósito que la voz de un niño, una niña o un adolescente, en el caso que haga una denuncia, la misma tiene un sentido que se puede judicializar. Por eso es muy importante la voz de los niños en estas visitas que hacemos y, por supuesto, teniendo en cuenta si ellos quieren o no hablar”.
Recorrida
En cuanto a lo observado en el monitoreo que llevan adelante y atendiendo las quejas de distintos hogares de la provincia, donde más de uno llegó a poner en duda su continuidad, Franco manifestó que “a nivel nacional sabemos que hay una situación económica compleja. Desde la provincia venimos acompañando con los monitoreos pero también es fundamental que se cuenta con esta cápita y que justamente por esta situación económica difícil, el Gobierno está haciendo un gran esfuerzo para ir haciendo entrega de dos cuotas”.
En la misma línea apuntó que “cada hogar tiene una cantidad de niños, niñas y adolescentes, que nosotros lo vamos trabajando desde la Defensoría a través del Registro Único de Niños y Niñas que están institucionalizadas. A partir de esa cantidad se ve cuáles son las cápitas para cada uno de los lugares en conjunto con el área de Acción del Presupuesto y con el Vicegobernador. Es por eso que los hogares están percibiendo, principalmente los que tienen más niños y niñas, estas dos cuotas”.
Por otro lado, mencionó que “estamos trabajando fuerte con la Ley 2 Nº 36, que es el Sistema Provincial de Acogimiento Familiar en nuestra provincia, que busca que los niños y niñas no estén institucionalizados, que hayan familias que acompañen a estos niños, porque sostenemos que el primer derecho de un niño, una niña o un adolescente es vivir en familia”.
Indicó que “buscamos que las medidas judiciales se vayan determinando de manera pronta. Que en esos seis meses, porque el sistema es temporal por ese lapso, se decida desde la justicia si el niño o la niña vuelve con su familia de origen, pasa a una familia ampliada, porque muchas veces una tía, una abuela, también van formando parte de todo este sistema que para nosotros es muy importante, o pasa a la adopción. Entonces lo que buscamos justamente es que los niños no estén institucionalizados”.
