Ayer se conoció que los haberes jubilatorios indexados por inflación recién comenzarán a aplicarse en el mes de julio, por decisión del presidente Javier Milei, y la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 274/2024 con la nueva fórmula de movilidad. En los meses previos, los jubilados percibirán adelantos a cuenta del cobro de junio, mientras que en abril se otorgará un incremento extraordinario del 12,5%.
En junio, cuando debería concretarse el aumento trimestral por la actual fórmula de movilidad, se descontará el porcentaje adelantado en abril y mayo. En caso de que esos adelantos fuesen iguales o mayores a lo que correspondería por movilidad, en junio no habría un aumento. Eso a pesar de que el vocero Manuel Adorni insistió en que a partir de abril se aplicará el ajuste por inflación.
El ministro Luis Caputo aseguró que los jubilados cobrarán en abril una mínima de 172 mil pesos.
En este sentido, el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, cuestionó la falta de voluntad política del Gobierno para resolver las necesidades salariales de los jubilados. En declaraciones a FM 89.3 Santa María de las Misiones, indicó que “el acumulado de inflación del trimestre (diciembre, enero y febrero) fue de 60 puntos y lo que reajustó para el primero de marzo, en ley de movilidad, fueron 27 puntos” por eso era necesario un reajuste de al menos 20 puntos en marzo pero se anunció solo 12% y otros 12,5% para abri. “Respecto a lo que están cobrando hoy, son 60.000 pesos más. Es decir, 2.000 pesos por día, no llegan a poder tomar un café al día”, dijo.
El referente señaló que “la canasta del jubilado, que se publica dos veces por año, con gastos de vida es de 685.000 pesos” entonces “toda esta entelequia del debate del IPC y de todos estos números, no llegan a cubrir un tercio de su canasta de necesidades básicas”.
“Por eso venimos diciendo ya hace tiempo que el sector de jubilados, pensionados y personas con discapacidad en Argentina viene sufriendo una crisis humanitaria, y a todo esto que estamos comentando que tiene que ver con lo económico, hay que agregarle prestaciones de salud que no llegan nunca ni en tiempo ni en forma. Medicamentos que no se pueden comprar y la dificultad en términos de subsistir, no de tener una vida digna ni una vida tranquila” enfatizó.
Ningún Gobierno dio solución
“Nadie ha podido solucionar nada hasta ahora. Hago gerontología hace 40 años y cuando uno se remite ve que todos los ajustes de las crisis económicas en Argentina los pagó la seguridad social”, recordó Semino.
“Siempre uno le asigna a la última etapa, al último Gobierno, pero realmente es una caída histórica y con la particularidad que no hubo ningún sistema que funcionara (estatal, público y privado)”, añadió. Por otra parte, comparó que Argentina tiene los haberes jubilatorios más bajos de Latinoamérica.
“No me estoy comparando ni con Alemania, con la Unión Europea, donde es mínimo 800 euros, a diferencia de nuestros 135 dólares. Ese es el ingreso real porque el bono es un invento argentino, es discrecional y lo paga el ministro que quiere”.
Dijo que, por ejemplo, el salario en Uruguay son 400 dólares, en Chile que tiene un sistema muy cuestionado, están en 270 dólares. En Paraguay están en 235 dólares.
Y como si fuera poco, advirtió que “están ingresando un millón de nuevos jubilados al sistema vía una moratoria que está vigente hasta el año 2025, que es gente que obviamente necesita tener protección social”, pero se lamentó que “los metemos en la misma gran mesa de miseria que viven los actuales jubilados. En una torta cada vez más chica sentamos cada vez más comensales a la mesa para que se mueran todos de hambre igual”.
Cambiar el modelo
Semino analizó que en la Argentina “hay un pensamiento primitivo respecto al envejecimiento. Acá no se ha comprendido que a los 65 años la gente se jubila de un trabajo y no de la vida. La vida hoy nos ofrece, después de los 65, por lo menos 25 años más de vida plena con calidad. Por lo cual, o nos convertimos en un gasto social, o, como se lo ve en el mundo, en un fabuloso reproductor de riqueza a partir de disponer tiempo, no tener las cargas sociales que tenía en cuanto a formar una familia, educar hijos, y poder consumir”, dijo.
Explicó que “Brasil, antes del primer gobierno de Lula, la inclusión que tenía dentro del sistema de seguridad social era de un 20-30%, y hoy tiene más del doble, un 70%”. Y comparó esa realidad con la actual donde “en la Defensoría, tenemos 300-400 casos por día, viene la gente cuando cumplen los 70 años a ver cómo pueden evitar rejubilarse. No cómo jubilarse lo más rápidamente”.
Dijo que hace falta cambiar el modelo y enfocar a las personas de la tercera edad desde otra visión. Recordó un caso “lamentable” donde participó de una cena con egresados de un posgrado de medicina donde todos estaban analizando a qué país irse.
La Justicia lenta siempre
Por último, el defensor de la Tercera Edad señaló las innumerables medidas que se llevan adelante desde esa oficina para defender los derechos de los jubilados. Contó que “tenemos pendiente de resolución amparos colectivos por el factor empalme de los 8 puntos que se pagaron de menos en diciembre del 2017 por el cambio de fórmula”.
Dijo además que también “tenemos el amparo colectivo por la suspensión de ley de movilidad y decreto de necesidad y urgencia del 2020, que dio todos los reajustes distorsionados y hacia abajo”.
“Y tenemos cuestionado judicialmente el bono de (Sergio) Massa, porque veníamos planteando que debe ser parte integrante del haber y si eso hubiera pasado hoy los salarios serían el doble”. “Qué pasó con todos estos amparos. Están en la corte” se lamentó.
