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Ampliarán la licencia al gendarme esposo de Graciela Soto y se retirará de la fuerza

El sargento primero del Escuadrón 11 habría iniciado los trámites para retiro. El asesinato por ahorcamiento se produjo en el horario que finalizó su guardia el viernes 12 de enero y en su casa no se registraron evidencias de robo, ataque sexual y tampoco un suicidio como se intentó ocultar el delito.

2 febrero, 2024
ESCENARIO. Calle Pellegrini, entre Bolívar y Güemes, la vivienda en San Ignacio donde fue asesinada Graciela Soto a las 6.25 del 12 de enero y a pocos metros del Escuadrón 11.

ESCENARIO. Calle Pellegrini, entre Bolívar y Güemes, la vivienda en San Ignacio donde fue asesinada Graciela Soto a las 6.25 del 12 de enero y a pocos metros del Escuadrón 11.

La investigación por el femicidio de Graciela Beatriz Soto continúa en manos del juez de Jardín América, Roberto Sena, y hasta el momento no hay detenidos por el ataque que intentó ser ocultado como un suicidio, durante la mañana del viernes 12 de enero a pocos metros del Escuadrón 11 “San Ignacio” de Gendarmería Nacional donde presta servicio el esposo de la víctima fatal.

Las fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN y vinculadas a la fuerza federal y a la Justicia provincial, adelantaron durante las últimas horas que el sargento primero de 55 años y pareja de la mujer de 49 estrangulada con un cable en el patio de su casa a las 6.25 del día mencionado, inició las trámites para su adelantar su retiro de GN, lo que incluiría en los próximos días la ampliación de su licencia y su mudanza a Córdoba, entre las posibilidades que baraja. Vale agregar al respecto que un hijo de este matrimonio es también gendarme y afincado en la localidad de Sinsacate, a 90 kilómetros de la capital cordobesa.

Hasta el momento el suboficial de escalafón complementario solo prestó declaración ante investigadores policiales como testigo y no fue citado al Juzgado de Instrucción de Jardín América, jurisdicción que comprende a San Ignacio.

De acuerdo a los datos recolectados por este Diario, el sargento salió de su guardia pocos minutos después de las 6 del 12 de enero y fue quien asegura halló a su pareja sin vida y señaló que se trató de un suicidio.

Las primeras pericias, sin embargo, no tardaron en rectificar su postura ya que la víctima fatal presuntamente ahorcada y colgando en el living de la vivienda de calle Pellegrini, entre Güemes y Bolívar, a corta distancia del Escuadrón 11 (avenidas San Martín y Sargento Cabral), tenía marcas de un estrangulamiento completo, es decir, un cable le habría rodeado el cuello por detrás y por una persona con la fuerza suficiente.

La autopsia señaló golpes y lesiones de arrastre, lo que coincidiría con las evidencias halladas en el patio del inmueble, donde Soto habría sido sorprendida por su victimario mientras colgaba ropa para secar.

A Graciela Soto no se le hallaron lesiones de abuso sexual y en la vivienda tampoco quedaron señales de un robo o episodio violento vinculado a un suicidio.

De los relevamientos y labores de investigación que ya habrían pasado por las manos del juez Sena, no aparecen terceras personas relacionadas por fuera del nexo matrimonial.

 

ESCUADRÓN 11 “SAN IGNACIO”. Acceso principal a la dependencia de GN donde presta servicio el sargento primero.

 

Horarios

Otro de los detalles que debería ampliar y aclarar el gendarme y esposo de Soto, remite a que señaló un horario de muerte de cuatro horas previas.

Este detalle quedó enmarañado o contrapuesto con los registros periciales de la Policía, donde se sostiene que el cuerpo aún estaba tibio cuando llegaron al lugar los encargados del procedimiento de criminalística.

Al día siguiente, el sábado 13 de enero y con el adelanto de autopsia en la Morgue Judicial de Posadas, se descartó el suicidio y se abrió la investigación por femicidio.

 

Resiliente

Voces contactadas entre vecinos y allegados a Graciela Soto, la describieron como una mujer fuerte, ama de casa que se recuperó de una grave enfermedad y siempre dispuesta a colaborar en San Ignacio, sin contrapuntos o enemigos.

Se descartaron además hipótesis vinculadas a la labor como integrante de GN de su pareja. Es decir, el asesinato de Soto no fue un ajuste de cuentas por alguna investigación a algún delincuente u organización criminal que haya desplegado el Escuadrón 11 “San Ignacio”.

Según información confiada a este medio por fuentes indiscutibles, el análisis a los últimos movimientos del teléfono de la víctima, registraron un horario posterior a la salida de las guardia de su pareja, pasadas las 6.

Apuntarían, casi con certeza, que Graciela Soto utilizó su celular instantes previos a ser estrangulada con un cable.

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Tags: FemicidioGendarmeríaGraciela SotoHomicidioMisionesRoberto SenaViolencia
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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