Con la entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia el Gobierno busca cambiar el paradigma bajo el cual se desarrollaron las relaciones civiles, comerciales y de otros ámbitos en el país durante las últimas décadas.
La herramienta corre del medio al Estado y privilegia el acuerdo entre las partes por sobre la normativa existente, que pasar a ser complementaria. De hecho, el DNU contempla la derogación y modificación de al menos 300 leyes con la desregulación económica como eje de existencia y también de debate, ya que queda sujeta a la revisión y aprobación del Congreso. Si ambas Cámaras expresan su rechazo, la desregulación perderá su vigencia.
De igual forma, decenas de amparos presentados en la Justicia buscarán frenar su funcionamiento. Pero hasta tanto mucho de lo usual y consuetudinario experimentará modificaciones estructurales.