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Llaman a licitación de líneas de colectivos y Bencivenga anunció que se va de Posadas

Darío Skrabiuk, titular de Río Uruguay, marcó que ya no pueden pagar salarios porque la Provincia les adeuda más de $2 mil millones en subsidios y denunció un sistema “de competencia desleal” que busca favorecer al Grupo Z. Además de sus cuatro ramales, concursarán otras dos de Casimiro.

28 diciembre, 2023

El único “estorbo” que tenía el Grupo Z para hacerse del control total de la “caja millonaria” del servicio de transporte urbano de la capital provincial se hará a un lado las próximas semanas. Es que las cuatro líneas que posee la empresa Bencivenga (parte del grupo empresarial de transporte Río Uruguay) están siendo licitadas y desde la firma ya anunciaron que no renovarán la concesión.

Lo atribuyeron al incumplimiento de pagos de subsidios, que los puso en un escenario de “competencia desleal” con la otra prestataria.

De esta manera, la compañía nacida en Apóstoles dejará de brindar el servicio el próximo 31 de enero. Así lo confirmo a PRIMERA EDICIÓN Darío Skrabiuk, titular de la firma, quien marcó que se trata de una decisión tomada y, en un tono de resignación, lo atribuyó a “un cansancio” por acciones de la Provincia y la Intendencia para “beneficiar al Grupo Z”.

“Ya pasó en otras ciudades. Todo en la provincia está armado para el Grupo Z”, cuestionó.

En este punto, cabe señalar que la licitación de las líneas del servicio urbano no es una medida sorpresiva. El propio intendente de la capital, Leonardo “Lalo” Stelatto, confirmó semanas atrás, en una entrevista exclusiva con FM 89.3 Santa María de las Misiones y Canal 7 Somos Misiones de Flow, que se iba a realizar la convocatoria en aquellas concesiones que se encontraban vencidas o próximas a hacerlo.

Skrabiuk reconoció que las licencias de Bencivenga vencieron en agosto. Sin embargo, no dudó en atribuir el llamado a licitación de sus ramales a un “operativo desgaste”, que incluyó una deuda millonaria en subsidios que dejaron de percibir.

Como un ejemplo de lo anterior, señaló que hace 15 meses no reciben los fondos correspondientes al fideicomiso provincial, un dinero que, según sus estimaciones, supera los $2 mil millones.

A lo anterior, sumó que le deben recursos del fondo compensador nacional y pagos del Boleto Estatal Estudiantil Gratuito Misionero (BEEGM).

Skrabiuk indicó que la falta de los recursos anteriores derivó en que tuvieron que endeudarse para poder cumplir con sus compromisos salariales y de inversión “para brindar un buen servicio”.

“Ya no podemos pagar los haberes”, lamentó.

Posteriormente, remarcó que Bencivenga “nunca recurrió a un lock out empresarial” para presionar por recursos, haciendo referencia a recortes de frecuencias y paros por falto de pago que hicieron choferes del Grupo Z, sin ser convocadas por la UTA y que luego finalizaron cuando la Provincia depositó millonarios subsidios.

“Nosotros siempre pagamos los sueldos de acuerdo a la escala salarial vigente. Nunca hicimos paro y nos premian echándonos”, dijo Skrabiuk.

Para el empresario transportista, a Bencivenga “lo castigaron por brindar un buen servicio”.

“Nuestro problema fue comprar unidades con aire acondicionado para que los usuarios viajen mejor”, ironizó.

 

Incertidumbre en 150 familias

Skrabiuk explicó que son 150 las personas que emplea de manera directa Bencivenga. Acerca del futuro de los trabajadores, apuntó que “se quedan sin trabajo” y que dependerá “de lo que decida hacer el Gobierno provincial”.

Skrabiuk describió un escenario de angustia entre los empleados, a quienes hasta ayer al mediodía no les había comunicado la decisión de irse de Posadas.

 

Nota al Gobierno

El apoderado legal de Bencivenga, Juan Manuel Fouce, presentó ayer una nota en el Ministerio de Hacienda, la Subsecretaría de Transporte y la Municipalidad de Posadas, para reiterar “la denuncia por incumplimiento” y hacerlos responsables de la paralización del servicio.

En el escrito dirigido al ministro de Hacienda, Adolfo Safrán; al subsecretario de Transporte, René Kegler; y al intendente de Posadas, Leonardo “Lalo” Stelatto, Fouce responsabiliza a la Provincia y al Municipio de “los daños ocasionados” a la empresa, intima a que intervengan “para garantizar la suma adeudada a la fecha y la continuidad de los pagos suspendidos, bajo amenaza de “iniciar acciones legales para el restablecimiento de las condiciones pactadas”.

“El silencio y la posición del Municipio de apartarse del reclamo de una empresa que presta servicio público para el Estado municipal deja expuesto un claro interés directo por acción u omisión en perjudicar a mi demandante (Bencivenga)”, apunta Fouce, quien advirtió, más adelante en el escrito, que se generó “un ambiente propicio para permitir la adquisición de sus servicios (de Bencivenga) posibilitando una dominancia monopólica”.

 

Idas y vueltas

Skrabiuk desembarcó en el servicio urbano de Posadas cuando adquirió, con Río Uruguay, en 2017 la empresa Bencivenga y sus respectivas líneas 14, 16, 23 y 28 que conectan la zona oeste de la capital provincial.

Desde ese momento, comenzó su conflictiva relación con la familia Zbikoski, dueña de Don Casimiro, Tipoka y Nuestra Señora del Rosario; las otras tres firmas que brindan el servicio urbano en Posadas.

También son quienes controlan “Servicios Urbanos” que tienen el monopolio de la tarjeta SUBE Misionero y del sistema para el pago a través del Código QR a través de celulares.

Los primeros conflictos entre ambas firmas se dieron por el ingreso a la terminal de transferencia de Quaranta, ya que el Grupo Z nunca permitió la entrada de Bencivenga.

Además, Skrabiuk siempre tuvo intenciones -sin éxito- de sumar más líneas o recorridos para llegar hasta el barrio de Itaembé Guazú, algo que, en paralelo, fue reclamado en varias ocasiones por los vecinos del lugar, que tuvieron que aprender a vivir con el monopolio del Grupo Z.

Ya en el tiempo más reciente, Bencivenga acusó en un comunicado publicado en septiembre pasado un “ostensible acto de discriminación” por parte de Servicios Urbanos, a quien acusó de no brindarle la provisión de los equipos y softwares para el pago de pasajes con Código QR.

“Servicios Urbanos SA en octubre de 2020 invitó a Bencivenga a sumar este servicio a sus usuarios. Siempre con respuestas negativas”, respondieron en su momento desde el Grupo Z.

La mala relación entre los dos grupos empresarios generó suspicacias y rumores, incluida una supuesta pelea a puños entre Skrabiuk y uno de los Zbikoski este año en una reunión en la sede posadeña de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

 

Licitan 6 líneas en Posadas

El Municipio abrió a la licitación pública Nº 01/2023, que tiene por objeto la concesión de líneas del transporte urbano de pasajeros de Posadas.

En ese sentido, de acuerdo a lo que explicó el secretario de Movilidad Urbana, Lucas Jardín, a PRIMERA EDICIÓN, en este llamado son seis las líneas que están siendo concursadas: las cuatro ya mencionadas de Bencivenga y dos de Don Casimiro.

Las consultas y adquisiciones de pliegos se realizarán en el edificio comunal. El valor del pliego es de $5.300.000 y la apertura de sobres se realizará el próximo 26 de febrero a las 10 en la sede municipal.

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Tags: #licitación#PosadasBencivengaColectivosGrupo Z
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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