Finalmente, los dos efectivos acusados de tortura en Bernardo de Irigoyen seguirán tras las rejas. En su momento el juez de San Pedro Ariel Belda además de negarle el pedido de excarcelación, agravó la acusación que originalmente era de “apremios y privación ilegítima de la libertad”, agregando la figura de “torturas” en concurso real. Ahora la Cámara de Apelaciones ratificó lo dispuesto en su momento por el magistrado.
El pedido de cambiar la calificación fue requerido por el fiscal Javier Francisco Insfrán a fines de septiembre cuando se obtuvieron los primeros resultados de las medidas dispuestas por el magistrado.
De esta manera, los efectivos de 25 y 28 años, quienes cumplían funciones en el Comando Radioeléctrico de Bernardo de Irigoyen de la Unidad Regional XII, seguirán detenidos.
Según la denuncia de la víctima, durante la madrugada del 7 de agosto cuando caminaba por la avenida Juan José Junes de Bernardo de Irigoyen, fue interceptado por dos policías que lo someterían a una detención ilegal.
Según explicó y al momento de ratificar su versión en la Justicia, lo llevaron hasta un descampado cerca del basural municipal y lo golpearon y sometieron a torturas de todo tipo. Físicas, psicológicas y hasta reconoció que en un momento pidió que lo mataran porque no “aguantaba más”.
Siempre de acuerdo al relato en la denuncia, fue atacado a puñetazos y puntapiés, además de objetos contundentes que presume fueron tacuaras o palos y antes de dejarlo al borde del desmayo, lo rociaron con combustible y lo amenazaron con prenderle fuego. Luego lo llevaron a las inmediaciones de la terminal de colectivos local y antes de retirarse, le habrían dicho que si denunciaba lo que pasó lo iban a matar.
Según averiguó este medio, el joven quedó varios minutos malherido y a punto de perder la conciencia por los fuertes dolores. Una vez que pudo recuperarse, caminó hasta su domicilio ubicado a varios kilómetros y avisó lo sucedido a sus familiares.
La gravedad del hecho motivó a que todo se manejara con absoluta cautela y reserva. La investigación la tomó Gendarmería Nacional y tras la presentación del primer informe sobre lo actuado al juez Belda Palomar dispuso la detención preventiva de los dos sospechosos.
En las pericias se comprobó que la ropa de la víctima tenía restos de combustible y el certificado médico confirmó que presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo.
Cuando los sospechosos fueron trasladados para declarar, una semana después de sus detenciones, optaron por guardar silencio. Fueron imputados primeramente por “apremios” además de “privación ilegítima de la libertad” aunque finalmente la carátula cambió a “tortura” en concurso real, delito previsto en artículo 144 Ter del Código Penal Argentino y que prevé penas de hasta 25 años de prisión.
Desde la Jefatura de Policía nunca se pronunciaron qué sucederá con los acusados dentro de la fuerza. Sus defensas presentaron el pedido de excarcelación a fines de septiembre, pero al ser rechazada, apelaron a la instancia superior que ahora ratificó la decisión del juez.
