“Rita está detenida con los plazos de prisión preventiva vencidos y nunca se le respetaron sus derechos porque toda acusación tiene que tener una base fáctica, pruebas incidentales y acá solo hay una mujer privada de la libertad que tiene como objetivo la maternidad”.
Gabriela Luciana Sommer Aromí y Karen Dalila Rodríguez De Olivera, son las abogadas que defenderán a Rita Marianela Cervantes Martínez en el debate oral ante el Tribunal Penal 2 de esta capital. Está acusada de “homicidio calificado por el vínculo, en grado de tentativa”, pero también por “hurto y alteración de la identidad de un menor de 10 años”, delitos todos “en concurso real” y penados en ese orden por los artículos 80, 162 y 139 del Código Penal Argentino.
El juicio a Rita se asoma con polémica y podría dejar en evidencia la vulneración de derechos básicos consagrados por tratados internacionales y con rango constitucional para el Estado argentino.
Sommer Aromí y Rodríguez De Olivera integran la delegación en Posadas de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Ambas asumieron la representación legal de Rita Cervantes Martínez y buscarán esclarecer la inocencia de la encartada y los puntos grises en torno a su detención y elevación a juicio.
“Rita es una madre de un niño que hoy tiene 6 años y de una niña de 3. Lo que nunca se informó fue que se trata de una mujer que trabajaba como ayudante de maestra jardinera y que tenía un proyecto de vida con una familia. La maternidad era su objetivo de vida”, resaltó a PRIMERA EDICIÓN Sommer Aromí.
Entre los grises de la detención y acusación, agregó: “Rita fue a parir a su hija hace tres años en estado de psicosis, con trastornos que se le manifestaron previos al parto, porque ella durante 36 semanas no supo que estaba embarazada, no tuvo ningún síntoma de embarazo durante ese tiempo. Hasta el último momento no lo supo. Cuando acudió al hospital por los dolores que asociaba a un fibroma uterino, la ecografía le confirmó que llevaba nueve meses y que estaba a punto de dar a luz”.
“Su cuerpo permaneció extremadamente delgado durante todo el embarazo, ni su esposo, ni ella, ni su familia sospecharon de un embarazo porque menstruó durante todo ese tiempo. El shock, que le produjo enterarse que iba a parir, derivó en el estado de psicosis, de disociaciones mentales”.
Sommer Aromí destacó además que la “disociación mental” que le provocó enterarse del embarazo y la inminencia del parto la llevó a no saber siquiera a qué hospital acudió, si al Favaloro de Villa Cabello o al Neonatal del Parque de la Salud Ramón Madariaga.
Y mucho mayor fue su desorientación al ser dada de alta sin que su familia pudiera encontrarla. Durante casi tres días la buscaron, del 5 al 7 de septiembre de 2020, cuando los protocolos de pandemia eran estrictos. Su esposo denunció su ausencia, la buscaron por su nombre y apellido en el hospital de Villa Cabello y en el Madariaga, pero la joven habría sido registrada con el documento que le prestó una amiga, el suyo lo había perdido.
“Sin los estudios completos que exigen los partos la obligaron a salir del hospital. Rita no sabía siquiera si tuvo una niña o un varón, cuando le pidieron que anote el nombre puso el de su hijo de 3 años entonces, estaba sufriendo episodios de psicosis”, completó la abogada.
“Ella merece ser escuchada, ella padece otras vinculaciones y trastornos del pasado. Fue abusada sexualmente durante su niñez y lo contó cuando tuvo 12 años. Delitos que fueron denunciados y que ocurrieron en el entorno familiar”.
Sommer Aromí acentuó que el proceso de instrucción del expediente habría vulnerado los derechos de Rita. “No hubo una observación de ella con perspectiva de género y eso es grave. Lleva tres años detenida, con los plazos de prisión preventiva vencida y con los requisitos para una excarcelación más que garantizados, ya no puede entorpecer la investigación, no tiene riesgo de fuga tampoco porque es una mujer pobre, no tiene antecedentes penales, fijó su arraigo. ¿A dónde iría?”.
“Rita, hasta septiembre de 2020, vivía para su hijo y pareja, para su plan de familia. Trabajaba como ayudante maternal y en su departamento, mientras su esposo también cumplía con su empleo. Durante todo este tiempo de detención ya no pudo ver más a su hijo tampoco porque las requisas de la cárcel (Unidad Penal V del SPP) a las visitas son extremadamente invasivas”.
“Hoy no puede ver a su hija, lo único que avanzó fue que ella (este Diario se reserva la identidad) vive con el padre y está vinculada a los abuelos maternos también”.
Sommer Aromí repite: “Rita debe ser escuchada y no merece la condena social. Por eso esperamos y confiamos en el Tribunal Penal 2. Con ella no se respetó la ley de obstetricia, la obligaron al alta a salir a la calle y hasta hoy no supo qué colectivo tomó ni dónde estuvo cuando hallaron la beba. La detuvieron en la calle y la volvieron a internar por las hemorragias que estaba sufriendo, le extirparon el útero y, mientras tanto, la familia no sabía nada de ella”.
