La Cámara Federal de Posadas notificó hace pocas horas al juez Federal de Eldorado, Miguel Ángel Guerrero, que deberá continuar con la investigación y buscar el esclarecimiento de la muerte de los gendarmes misioneros Carlos Fabián Antúnez y Diego Javier Aranda, quienes fueron rescatados sin vida del río Paraná, debajo de la cabecera del puente internacional San Roque González de Santa Cruz, el 19 de septiembre de 2001.
La Cámara coincidió con el juez Federal de Oberá, Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga que rechazó la excusación por inhibición de Guerrero planteada a fines de septiembre de este año.
El magistrado federal expresó en su fallo (al que PRIMERA EDICIÓN tuvo acceso) que “los motivos de decoro y delicadeza en referencia a que se habría configurado una situación de violencia moral producida por la impugnación y un informe pericial de la causa, no se encuentra prevista como una causal de inhibición”.
“Como jueces debemos estar preparados a los disensos y a los embates propios de las partes que buscan influir por distintos medios sobre las decisiones a tomar, para lo cual el cargo de magistrados nos impele a hacer el ejercicio de la virtud de la templanza y la objetividad”, sostuvo Gallandat pero amplió en la misma dirección que “existen otros remedios procesales, disciplinarios y/o judiciales para evitar que se configuren o continúen las circunstancias que podrían considerarse transgresiones contra la investidura del juez, pero ello de ninguna manera puede dar lugar a una inhibición de su función, de lo contrario sería suficiente con que la parte interesada haga un comentario agraviante para violar las reglas establecidas y las garantías del debido proceso previstas en la Constitución Nacional (artículo 18)”.
Guerrero, tal como lo adelantó este Diario, sostuvo que su función está al límite de capacidad, puntualizó problemas de salud y falta de recurso integral para el alcance del juzgado a su cargo. La opinión de Gallandat destacó por el contrario: “Tampoco existe una causal de inhibición por una eventual sobrecarga de tareas que permita dejar de instruir causas en las que fuimos designados como magistrados (….) Y tener cuestiones vinculadas con su salud y la indicación médica de reducir su jornada laboral, no se encuentran previstas como una causal de inhibición”.
El juez Guerrero, decidió inhibirse de la causa tras cinco años en los que los movimientos fueron pocos y algunos polémicos, como el de rechazar la solicitud de los querellantes en la causa, la viuda de Carlos Antúnez y la madre de Diego Aranda, para que el Estado nacional ofrezca una recompensa para que testigos de lo sucedido aportaran evidencias con sus declaraciones o permitieran profundizar la investigación.
Vale resaltar también que, desde 2020 el expediente no tuvo movimiento y el pasado sábado 30 de septiembre el magistrado notificó su decisión de inhibirse, apartarse porque su estado de salud se lo impide y su juzgado “colapsó” por la cantidad de trabajo y la falta de recurso humano para enfrentar la contingencia.
La decisión de Guerrero, llamativamente, se registró pocas horas después del cambio de abogados querellantes. Pocas horas antes del apartamiento del juez, los abogados penalistas Hugo Daniel Zapana y Martín Federico Tilli comunicaron que asumieron como nuevos padrinos legales de los familiares del gendarme Aranda (22).
Desde septiembre de 2001 se sostiene como versión oficial que los gendarmes murieron accidentalmente cuando perseguían a un presunto contrabandista de cigarrillos. Ambos se arrojaron al agua para retirar las cajas que habrían arrojado desde el puente a la orilla del río en la cabecera Posadas del viaducto. Que lo hicieron con borceguíes puestos y el resto del uniforme que pudo desembocar en el desenlace trágico pero accidental.
Para la querella, los jóvenes fueron asesinados al ser arrojados al agua. La ausencia de una autopsia inmediatamente posterior a los decesos se transformó en uno de los puntos de mayor polémica.
