Transcurrieron seis presidentes y casi siete mandatos presidenciales, los últimos meses de Fernando De la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández, y la investigación por la muerte de los gendarmes misioneros Carlos Fabián Antúnez y Diego Javier Aranda continúa sin ningún avance que pueda abrir una esperanza de esclarecimiento.
Pasaron 22 años y durante las últimas horas se conoció que el cuarto asignado a la causa, que consta con al menos 19 cuerpos (más de cuatro mil fojas), también se inhibió de continuar con la investigación.
El juez Federal de Eldorado, Miguel Ángel Guerrero, rechazó seguir con el expediente por “doble homicidio agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario” que involucra sospechas en cinco efectivos de Gendarmería Nacional.
Decidió inhibirse de la pesquisa tras cinco años en los que los movimientos fueron pocos y algunos polémicos, como el de rechazar la solicitud de los querellantes en la causa, la viuda de Carlos Antúnez y la madre de Diego Aranda, para que el Estado nacional ofrezca una recompensa para que testigos de lo sucedido aportaran evidencias con sus declaraciones o permitieran profundizar la investigación.
El 28 de septiembre de 2018, diez días después que se cumplieran 17 años del hecho, Guerrero denegó el pedido a la Querella y cada planteo o movimiento que siguió tuvo la misma respuesta.
En los 22 años transcurridos vale resaltar también que, desde 2020 al expediente no “se le cosió” ninguna foja más y el pasado sábado 30 de septiembre el magistrado notificó su decisión de inhibirse, apartarse porque su estado de salud se lo impide y su juzgado “colapsó” por la cantidad de trabajo y la falta de recurso humano para enfrentar la contingencia.
Aumenta la curiosidad tras la decisión de Guerrero, si se contextualiza con el cambio de abogados querellantes. Pocas horas antes del apartamiento del juez, los abogados penalistas Hugo Daniel Zapana y Martín Federico Tilli comunicaron que asumieron como nuevos padrinos legales de los familiares del gendarme Aranda (22).
Desde septiembre de 2001 se sostiene como voz oficial que los gendarmes murieron accidentalmente cuando perseguían a un presunto contrabandista de cigarrillos. Ambos se arrojaron al agua para retirar las cajas que habrían arrojado desde el puente a la orilla del río en la cabecera Posadas del viaducto. Que lo hicieron con borceguíes puestos y el resto del uniforme que pudo desembocar en el desenlace trágico pero accidental.
Para la Querella la postura es contraria. Los jóvenes gendarmes fueron asesinados al ser arrojados al agua. La ausencia de una autopsia inmediatamente posterior a los decesos se transformó en uno de los puntos de mayor polémica
En julio de 2018 los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes revocaron el sobreseimiento de todos los implicados en la investigación de la muerte de los gendarmes Carlos Fabián Antúnez y Diego Javier Aranda.
Este tribunal de alzada, por subrogación de la Cámara Federal de Posadas, resolvió anular -y volver a la etapa de instrucción de la causa- los sobreseimientos de los efectivos de Gendarmería Juan Daniel Morel, Ernesto Andrés Pérez, Eduardo Mariano Sánchez y Juan José Álvez por su presunta participación en el delito de doble “homicidio agravado” (artículo 80 del Código Penal), a Juan Bernabé Sánchez por violación de deberes de funcionario público, y a una médica de la Policía provincial, Mirian Lojewski respecto del delito de “falso testimonio y violación de los deberes de funcionario público”.
Cuatro jueces
Desde entonces, el expediente fue girado al juez Miguel Ángel Guerrero. Pero el primer magistrado al frente la investigación fue Claudio Ramón Chávez (hoy exjuez federal de Posadas), quien se inhibió tras los primeros incidentes planteados y fue subrogado por José Luis Casals (juez de Posadas), quien confirmó el procesamiento de Eduardo Sánchez, entonces jefe de la sección “Puente Posadas” de GN, y de Juan José Álvez, oficial de servicio durante la fatídica noche.
Casals también se inhibió en la causa por lo que la Justicia Federal designó como conjuez a José Roberto Briñóccoli, que sobreseyó a todos los implicados. Los querellantes recurrieron a la Cámara de Casación Penal y desde allí se ordenó el análisis final de los magistrados de Corrientes y luego al juez Guerrero.
Ahogamiento
Para la médica policial, Lojewski, que atendió el caso en aquella madrugada del miércoles 19 de septiembre de 2001 los gendarmes murieron ahogados -posición a la que más tarde se sumaría un perito de parte- para los necrólogos del Cuerpo Médico Forense provincial el deceso no se produjo por penetración de agua en los pulmones.
Vale recordar que la médica legista no solicitó autopsia de inmediato. Esta postura derivó en que se la investigue.
A esa hipótesis, que hablaría de un doble homicidio doloso, se sumó más adelante un segundo perito de parte, quien entendió que Antúnez y Aranda fueron víctimas de un acto criminal provocado por terceros. Peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, apuntaron a dos muertes violentas, pero aclararon que no encontraron la intervención de terceros.
Antúnez y Aranda cubrían la seguridad en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz cuando alrededor de las 22 del martes 18 de septiembre de 2001 abandonaron su lugar y bajaron a la parte inferior del viaducto, en la cabecera argentina.
Eso fue lo último que se supo de ellos, hasta que cerca de las 4.30 del día siguiente la propia Gendarmería llamó a la Policía provincial para informar primero sobre la desaparición de ambos y sobre el hallazgo de los cuerpos, en el río Paraná.
La teoría de las autoridades es la de un accidente cuando ambos perseguían a contrabandistas. La lucha de las familias y nuevas pericias pusieron en duda esa versión y agregaron evidencias sobre que pudo haberse tratado de un doble crimen ligado a las mafias del contrabando.
