Representantes de las comunidades mbya guaraní Takuapi Mirí y Ychyry presentaron ante la Justicia una denuncia penal contra la empresa Petrovalle por la tala de árboles dentro de un área reconocida como de uso tradicional. A pesar de que pararon los trabajos, desde el Equipo Misionero de Pastoral Aborigen (EMiPA) cuestionan la facilidad con que otorgan permisos a empresas privadas para trabajar en el monte.
En comunicación con FM 89.3 Santa María de las Misiones el vocero de EMiPA, Vasco Baigorri, contó sobre este tema que “ha habido una presentación judicial, hecha por los mburuvichas hace unos días. Ahora hay que esperar que el juez traslade la comunicación de la demanda a la otra parte”.
Sobre los tiempos de la Justicia, señaló que “cuando denuncian las comunidades tardan meses y años en responder, cuando son las denunciadas, en 48 horas tienen la comunicación en la comunidad”.
Respecto al daño ambiental denunciado por las comunidades, precisó que “solamente en este caso de Petrovalle, estamos hablando de más de 200 hectáreas”. Sin embargo, nombró numerosos casos de conflictos con empresas privadas y pueblos por la tala de árboles, como sucedió en Kaakupé con la empresa Carva: “No nos quedemos con una sola empresa”, lamentó Baigorri.
En Misiones, aseguró que este daño en la selva “es responsabilidad del Estado provincial, porque se les otorgó la propiedad sobre el predio”. Además, reiteró que “esto es una cuestión que supera a un solo emprendimiento económico”, en relación a al menos otras cinco empresas, que han realizado acciones similares en territorios de uso tradicional.
Sobre este punto, el vocero de EMiPA explicó que “con la Ley 26.160, con todas sus prórrogas ordenó el relevamiento territorial de ocupación de las comunidades, en función de una ley de propiedad indígena que sigue en discusión”. Por ello, “la Nación lo reconoce como territorio de ocupación y uso tradicional de las comunidades. Mayormente no tienen un título, pero están protegiendo este monte para no tener un desierto el día que salga esta ley de propiedad indígena”, agregó.
Para obtener un permiso de uso del suelo, indicó que “esto lo hace el Ministerio de Ecología y tiene que hacer lo que ordena el Convenio 169 de la OIT, con una consulta previa y obligatoria cuando algo puede provocar un daño o un cambio dentro de un territorio indígena y que impacte en una comunidad”. En este caso, “esto no se hizo, lo cual invalida cualquier permiso que se haya otorgado”, añadió. Asimismo, a nivel provincial aseguró que “hay un decreto que ordena una consulta previa”.
Baigorri relató que “Petrovalle, aparentemente, se pasó de las medidas del permiso. Además, una zona la denuncia como robada, porque dos apeos paralelos, uno más pequeño y otro más grande. El más pequeño es el que Petrovalle denuncia como robo de madera, el más grande es el que se estaba limpiando con la intención de cambio de uso de suelo para plantar yerba”.
A su vez, compartió que el daño en tantas hectáreas “no se hizo en cinco minutos” y por ello analizó que “la denuncia se hizo cuando ya había una amplia zona desmontada y el Ministerio suspendió la autorización”.
Siguen los trabajos en la selva
La organización internacional Greenpeace llegó a Misiones para filmar un documental sobre el desmonte provocado en territorios protegidos de la provincia y se intentó recuperar en parte el daño provocado en la selva. Este caso de apeo fue denunciado públicamente por las comunidades Guazurarí y Puente Quemado II, ubicadas en Puerto Libertad y Garuhapé.
Sobre este caso, Vasco Baigorri lamentó que “Arauco volvió a plantar pinos en esa zona, donde se estaban recuperando los árboles nativos”.
Valoró la intervención que realizaron, porque “es muy difícil para las comunidades salir en las noticias de los medios nacionales”. Es así que “cuando estas organizaciones internacionales toman partido, la noticia no solo sale en Argentina, sino en montón de países. Entonces, es muy importante”, resaltó el vocero de EMiPA.
