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Médicos del país anunciaron que cobrarán adicional a pacientes de prepagas y obras sociales

La decisión la comunicaron más de 30 sociedades y federaciones médicas de distintas especialidades de todo el país. El valor del adicional sería ajustado cada dos meses.

22 septiembre, 2023

Más de 30 entidades que congregan a médicos de distintas especialidades anunciaron que comenzarán a cobrar un copago o bono adicional por atender a pacientes de prepagas y obras sociales, y que lo ajustarán cada dos meses.

“Hoy, los médicos decimos ¡basta! Basta de imponernos un valor no digno para nuestros honorarios, basta de demoras en los pagos, basta de débitos injustificados, y basta de no tener control sobre el valor de nuestro trabajo”, advirtieron.

Ese adicional, que representará un dolor de cabeza extra para millones de argentinos, podría tener un piso de 6.000 pesos por consulta. La decisión la comunicaron más de 30 sociedades y federaciones médicas de distintas especialidades de todo el país.

Lo llaman “bono complementario no reintegrable”, que deberán abonar los pacientes para que los profesionales puedan llegar al piso de 6.000 pesos por consulta que, según reclaman, no estarían alcanzando.

El anuncio lo hicieron a través de un comunicado enmarcado en el “Día de la Sanidad”.

“Este 21 de septiembre, los médicos de la República Argentina no tenemos motivos para celebrar. Estamos atravesados por una triste realidad: una crisis que ha llevado los honorarios médicos al nivel más bajo de la historia”, alertaron.

“La consulta médica es un acto fundamental en el que atendemos las necesidades de nuestros pacientes, diagnosticamos enfermedades y trabajamos en su recuperación. También es el acto mediante el cual percibimos un honorario profesional que nos permite vivir dignamente”, sigue el documento.

Dijeron que “tradicionalmente, este servicio era valorado por los financiadores de salud, pero nunca hemos tenido la capacidad de fijar su valor nosotros mismos. Nunca pudimos determinar cuánto debemos percibir por esta labor y cuándo debemos recibirlo”.

Advirtieron que “en los últimos años, el valor de la consulta médica ha experimentado una drástica caída, situándose como uno de los más bajos de la región”.

Aseguran que a esto se sumó “el retraso en el pago de honorarios entre dos y seis meses”, lo cual, advierten, es “insostenible para los profesionales de la salud con el alto nivel inflacionario existente”.

 

“A partir de este momento el precio del servicio, el valor de nuestros honorarios estará en manos de los propios médicos, a través de nuestras asociaciones, cámaras, consejos, federaciones y sociedades médicas que nos representan”, afirmaron.

 

Explicaron que para seguir manteniendo la calidad y excelencia en la atención, implementarán a partir de la presente, un “valor ético mínimo de la consulta médica, y el ´honorario medico ético mínimo´ al que hemos arribado para mantener un piso arancelario federal digno es de 6.000 pesos”.

“La diferencia entre lo que percibamos del sistema (gerenciadores, obras sociales, prepagos, sanatorios, clínicas) como valor de consulta y dicho ´honorario médico ético mínimo´, deberá ser abonado por el paciente en la consulta”, señalaron.

Ese valor, anticiparon, “será ajustable bimestralmente teniendo como referencia el índice inflacionario en todo el territorio nacional”.

“No es un coseguro. No es un adicional. No es un copago. Dicha diferencia es un bono complementario no reintegrable “, aseguraron, lo que sugiere que tampoco pretenden facturarlo.

El texto lleva las adhesiones de 33 entidades, como la Asociación Argentina de Cirugía, la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, la Sociedad Argentina de Cardiología, la federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, la Sociedad Argentina de Urología y la Asociación Argentina de Oncología Clínica.

Además, otras seis entidades, entre las que se cuentan el Consejo Argentino de Oftalmología y la Federación Argentina de Cardiología, expresaron su adhesión.

Fuente: Agencia de Noticias NA

Tags: #saludAdicionalArgentinaBonoCopagoMédicosObras SocialesPrepagas
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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