Si las empresas del Grupo Z siguen negándose a colocar la tarjeta SUBE nacional, y usando la Sube Misionera, en el año 2024 recibirán solo la mitad de los subsidios distribuidos por el Ministerio de Transporte de la Nación.
Si esto ocurre, es probable que la Provincia tenga que aportar más dinero de los misioneros (ya lo hace mediante un fideicomiso con fondos de Rentas) o que los usuarios deban pagar el boleto más caro para sostener los costos del servicio. Pueden darse las cosas en forma simultánea.
Esto ocurriría porque en el presupuesto 2024, que fue enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso para su tratamiento, se indica que “las Jurisdicciones que no tuvieran implementado el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), serán acreedores al 50% del mecanismo de distribución que establezca el Ministerio de Transporte como autoridad de aplicación”.
En el artículo 75 se lee que el 50% de saldo restante se redistribuirá “entre las jurisdicciones que contaran con el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE)”. Quiere decir que, por no tener la tarjeta, otras provincias recibirán parte del dinero que le debería llegar a Misiones.
El mismo artículo establece “la prórroga del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País por la suma de $117.000 millones, importe que comprenderá tanto la atención del atributo social federal como el reintegro de comisiones del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE)”.
De acuerdo a los datos de la distribución de 2022, la Provincia recibió $1.500 millones, equivalente al 0,6% de todo lo que se reparte a nivel nacional para el transporte.
El Gobierno, por su parte, conformó un fideicomiso millonario con un porcentaje fijo de la recaudación de Rentas que le aporta a las empresas para compensar sus “ecuaciones financieras”.
Lo concreto es que en lugar de 0,6% del total que se reparta, podrían ser solo 0,3%. La pregunta es ¿Quién se hará cargo del resto? ¿Los misioneros con sus impuestos? ¿O los usuarios con un boleto más caro?
Igualmente, los $117.000 millones calculados en el presupuesto 2024 se encuentran defasados y desactualizados ya que solo en 2022 el monto total distribuido por la Nación a las provincias y AMBA fue de $235.000 millones, de acuerdo a datos del CESID (Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo).
