Este viernes en los Tribunales de La Plata se realizó la última audiencia del juicio por la Masacre de Monte, donde la jueza Carolina Crispiani, titular del Tribunal Oral Criminal 4 de la capital bonaerense, fijó las penas para los cuatro policías condenados el 17 de mayo por un jurado popular por el crimen de Camila López (13), Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (14), Aníbal Suárez (22) y por dejar en grave estado a Rocío Quagliarello (hoy de 17).
El jurado declaró culpables al excapitán Rubén García y a los oficiales Leonardo Ecilapé, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez (los tres últimos siguen integrando la Policía Bonaerense) por los hechos ocurridos en la madrugada del 20 de mayo de 2019 en San Miguel del Monte.
Finalmente la jueza Crispiani condenó a prisión perpetua a García y Ecilapé en tanto aplicó 15 años de prisión para Monreal e Ibáñez.
El viernes pasado se realizó la “audiencia de cesura” en la que las partes pidieron los montos de las penas que consideraron pertinentes. El fiscal Mariano Sibuet solicitó “reclusión perpetua” para García y Ecilapé en tanto que pidió veinte años de reclusión para Monreal e Ibáñez. Las mismas penas solicitaron la doctora Dora Bernárdez, abogada de las familias de Aníbal y Gonzalo, y el doctor Ricardo Minoli, patrocinante de Rocío y su madre.
Por su parte la Comisión Provincial por la Memoria, como querella institucional y patrocinante de las familias de Danilo y Camila, pidió reclusión perpetua para García y Ecilapé y 26 años y ocho meses de reclusión para Monreal e Ibáñez, de cumplimiento efectivo en cárcel común. A su vez solicitó una serie de medidas de aplicación por parte del Estado a fin de garantizar una reparación (siempre parcial) para Rocío y todas las familias afectadas.
Desde el CELS, también como querella institucional, tienen una posición institucional que cuestiona la figura de “reclusión”. Por eso solicitó penas de “prisión” perpetua para García y Ecilapé y veinte años para Monreal e Ibáñez.
Las defensas de García, Monreal e Ibáñez cuestionaron los agravantes propuestos por el bloque acusador, no porque no fueran ciertos sino buscando anularlos con vericuetos jurídicos. Y destacaron la “buena educación, los valores y los principios” de los policías. Por eso rechazaron los pedidos de reclusión perpetua, en una supuesta defensa de dignidades republicanas. Pidieron el mínimo posible de penas para sus defendidos.
En tanto que la defensa de Ecilapé adhirió a lo que dijeron sus colegas y agregó una impugnación al jurado popular por “no saber nada” y emitir “un veredicto absurdo, arbitrario y fuera de la ley”. Así, le sugirió a la jueza que anule el juicio directamente y ordene la realización de uno nuevo.
