El Tribunal Oral Federal número siete escuchará la próxima semana los alegatos de las defensas de los acusados por “peculado de servicios”, en el juicio oral contra la misionera Katya Daura, la ex jefa de la Casa de la Moneda durante el gobierno de Cristina Kirchner.
Daura, que pasó más de 10 años en la ANSeS y es una excolaboradora del exvicepresidente Amado Boudou, está acusada por la contratación de un servicio de seguridad privada que pagó la Casa de la Moneda pero que estaba destinado a su protección personal, según entendió la fiscalía, que pidió para ella 5 años de prisión y el decomiso de casi $100 millones.
Su defensa alegará el próximo 29 de mayo y luego lo hará el resto de las defensas, en la recta final del juicio que debería tener veredicto en los primeros días de junio. Daura rechazó haber usado fondos del Estado para beneficio personal.
El fiscal adjunto Gabriel González Da Silva pidió también penas de tres años de prisión en suspenso para otros dos exfuncionarios de la Casa de la Moneda, el asesor de seguridad Mario Enrici y el gerente general Raúl Desmarás.
Millonario plan de seguridad privada
Según la acusación fiscal, entre el 13 de marzo de 2012 y el 23 de diciembre de 2015 la Casa de la Moneda contrató un “plan de seguridad que estaba conformado por cuatro agentes de custodia que rotaban en horario diurno y nocturno en la residencia particular de Daura, ubicada en la provincia de Buenos Aires y dos choferes-custodios para traslado de ella y su familia”.
El servicio incluía “un sistema de seguimiento satelital a seis rodados, como también, la instalación de cámaras de monitoreo en el domicilio personal de la imputada”.
Maniobra
Los imputados, señaló el fiscal en su alegato acusatorio, “llevaron a cabo una maniobra que fue perpetrada en conjunto para tratar de justificar, de manera artificiosa e indebida, un gasto desproporcionado, que no estaban habilitados a hacer, todo esto en perjuicio del erario público”.
La operación -agregó el fiscal- generó un “perjuicio patrimonial al Estado por $5.511.166,51”, cifra que actualizada trepa hasta unos 98.090.716,24 pesos.
“Emplearon caprichosamente en provecho de Daura, sin justificación expresa para el caso concreto y sin agotar la posibilidad de acudir a otros recursos estatales, servicios de seguridad pagados con fondos de la Casa de la Moneda”, sostuvo el fiscal.
Además de la expresidenta del organismo encargado de la impresión de billetes, la fiscalía también solicitó penas para otros dos imputados: el asesor en el área de seguridad de la entidad, Mario Enrici, y el entonces gerente general, Raúl Héctor Desmarás, por malversación de fondos públicos entre el 2012 y 2015. Ambos fueron procesados por el juez Sebastián Ramos.
Durante sus alegatos, el fiscal solicitó para los tres imputados la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso por la suma ilícita sustraída y actualizada.
Y para Enrici y Desmarás además la realización de tareas comunitarias no remuneradas, a razón de tres horas semanales, en la institución pública que designe el tribunal y la obligación de mantener el domicilio actualizado.
Durante su indagatoria en el juicio que comenzó en junio de 2022, Daura había rechazado haber usado fondos del Estado para beneficio personal.
“No había urgencia”, “sobreacturaron”
Al realizar el pedido de penas González Da Silva remarcó que en aquel entonces no había habido quejas respecto de la actuación de ningún efectivo policial y que la Policía Federal Argentina (PFA) podía cubrir no solo la seguridad de Daura sino también la edilicia.
En este sentido, para el fiscal no hubo ningún atentado que pudiera dar pie para decir que había fallado la seguridad y concluyó que los imputados “sobreactuaron, exageraron y contrataron a cuatro custodios más para prestar un servicio que, en lo formal, era análogo al que ya hacía la policía”.
Por otra parte, al cierre de su alegato cuestionó el procedimiento irregular de “urgencia” que se empleó para efectuar la contratación de un sistema de seguridad privada y el monitoreo satelital de los vehículos.
El abogado defensor de Daura, Matías Molinero, había planteado la excepción de falta de acción por inexistencia de delito alegando una novedad normativa de la Policía Federal Argentina en relación a la seguridad y custodia del titular de la Casa de la Moneda y de su grupo familiar. La defensa de Mario Enrisi y Héctor Desmarás adhirió al planteo.
Los letrados buscaban suspender el juicio y que sus defendidos fueran sobreseídos sin pasar por el debate.
Con respecto a los descargos realizados por los imputados, González Da Silva concluyó que no guardaban respaldo con la documentación que surge de la causa, “la que ya era suficiente para tener por probados los hechos”.
Según publicó Noticias en junio de 2012, cuando asumió al frente del enorme edificio ubicado en el porteño barrio de Retiro, Daura blanqueó su relación con Boudou.
“Somos muy amigos, a veces hasta me ha llamado a las 2 de la mañana para contarme sus problemas de trabajo, fue su carta de presentación ante los empleados de mayor antigüedad en su remozada oficina del primer piso de la avenida Antártida Argentina al 2000”, señaló la revista en una investigación sobre la misionera.
“Maniobra desmesurada y sin justificación”
Según el fiscal adjunto Gabriel González Da Silva, la operación de Katya Daura generó un perjuicio patrimonial al Estado de una suma que, según el peritaje que se realizó, rondaba los $5.500.000 entre 2012 y 2013, cuyo valor actualizado asciende a unos $98 millones y que comprende los pagos que se hicieron a la empresa, los sueldos de los vigiladores y el sistema de vigilancia satelital de su casa en la localidad bonaerense de Pilar.
Según la acusación fiscal, la Casa de la Moneda contrató un “plan de seguridad que estaba conformado por cuatro agentes de custodia que rotaban en horario diurno y nocturno en la residencia particular de Daura, ubicada en la provincia de Buenos Aires y dos choferes-custodios para traslado de ella y su familia”.
El servicio incluía “un sistema de seguimiento satelital a seis rodados, como también, la instalación de cámaras de monitoreo en el domicilio personal de la imputada”.
“En el 2015, Daura dejó al organismo casi fundido con un patrimonio neto negativo que supera los $320 millones y deudas por más de $1.300 millones, la misionera sigue en la función pública trabajando en la ANSeS”, informó el jueves Clarín. Luego también tuvo una denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito.
“Desde que asumió al frente de la Casa de la Moneda, a principios del 2011, la funcionaria misionera metió en el organismo, según fuentes de la entidad, a más de un centenar de empleados fieles, entre ellos cuatro parientes cercanos con sueldos abultados”, reveló una investigación de la revista Noticias en 2012.
La causa por supuesto peculado de servicios se originó en el 2015 a raíz de una denuncia formulada por Marcelo Pose, quien era entonces presidente de la Sociedad del Estado Casa de la Moneda. Y la investigaron el juez Sebastián Ramos y el fiscal Gerardo Pollicita.
En 2016 Ramos dictó el procesamiento de Daura por el delito de peculado por el uso de fondos públicos para beneficio personal.
En marzo de 2018 la Cámara Federal, al confirmar los procesamientos, refirió: “La estructura montada –custodios, choferes, seguimiento satelital de vehículos- para respaldar las actividades de Daura y sus 5 hijos, ha sido desmesurada, infundada e ilógica, y generó el uso de recursos del Estado para beneficio personal de la nombrada y su círculo íntimo”.
Fuente: Medios Digitales
