Por Guillermo Baez
Aunque a diario la dirigencia argentina demuestre lo contrario, al final de todo la política es cuestión de razón y no de tripas. Hacia afuera vale más por lo que obtiene (por sus resultados) que por lo que insinúa. Intestinamente, más allá de sus interminables internas, funciona de la misma forma. Los resultados de las elecciones de los últimos años explican esa dinámica.
Hacia afuera los períodos de acumulación de crisis impiden que quien hoy gobierna pueda asegurarse un triunfo en la siguiente elección. Hacia adentro esa misma dinámica cambia la cohesión y dinamita los acuerdos.
En un país que se declara federal pero que encamina sus principales intereses hacia el centro desde hace años se viene produciendo un proceso de fragmentación política.
La Nación es la histórica caja que articula su relación con las provincias desde esa posición dominante. Pues bien, esa lógica dominante comenzó a romperse de un tiempo a esta parte y quedó al desnudo en la última semana de febrero.
Fue cuando después de tantos amagues se quebró el Frente de Todos en el Senado de la Nación. En la teoría no fue más que otra interna política devenida de los desacuerdos entre la Nación y provincias, entre el centro del poder y las periferias.
En la práctica fue un duro golpe al centro del poder del oficialismo a partir de su excesivo centralismo. El movimiento implica que incluso el quorum del oficialismo gobernante dependerá de los consensos y de agendas más federales. Los senadores que rompieron el bloque anunciaron esa intención en reiteradas oportunidades esperando sin éxito señales de las primeras líneas dirigenciales. Eso y la ausencia de debate interno terminó por madurar la decisión.
El senador Guillermo Snopek, dirigente del Partido Justicialista de la provincia de Jujuy, lo explicó sin vueltas en una carta: “Motiva mi decisión, en primer término, la distancia cada vez mayor que siento respecto al rumbo de gestión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, alejado -a mi humilde entender- de las prioridades que nuestro pueblo demanda”.
“No puedo dejar de señalar -agregó-, la falta de incidencia favorable que el presidente ha tenido en los últimos tiempos para con Jujuy”.
También lo hicieron los otros senadores que decidieron la fractura al exponer que pretenden “ser una alternativa desde donde se priorice la posibilidad de aportar a la reflexión sobre la Argentina que queremos para nosotros y las futuras generaciones, sin grietas, con discusiones que planteen soluciones a corto, mediano y largo plazo para todos los argentinos y argentinas. Apostamos a la unidad, al respeto y al diálogo para encontrar puntos en común, dejando de lado las retóricas petrificadas y los personalismos que tanto daño nos han hecho como sociedad”.
Unidad Federal, tal el nombre que adoptó el nuevo bloque, sostuvo que legislará con “una mirada verdaderamente federal poniendo el foco en las problemáticas diarias que atraviesan nuestras provincias; entre ellas la pobreza y el hambre que castigan a nuestros pueblos”.
Desde ahora y hasta que se renueven las bancas, el oficialismo tendrá serias dificultades para conseguir el quorum de 37 senadores, tal y como sucedió la semana pasada cuando la coaliciones Juntos por el Cambio y Unidad Federal unieron fuerzas y dejaron al oficialismo sin quorum en la sesión convocada para el jueves. Ahora el interbloque puro del oficialismo retiene solo 31 bancas y depende de legisladores no propios para determinadas votaciones.
Así fue como la salida de apenas cuatro legisladores que rompieron con el oficialismo y que responden a liderazgos provinciales cambió el balance de poder en la Cámara alta y con el Gobierno nacional… pero no es la única muestra.
A la inversa
Aunque la lista podría ampliarse, ya son dieciséis las provincias que decidieron separar las elecciones locales de las nacionales, un fuerte síntoma de la debilidad que hace tiempo exhibe la administración nacional y un fuerte indicio de las diferencias entre el centro y las periferias.
Aquella vieja y larga costumbre de la dirigencia de desanclar o fusionar comicios dependiendo del estado de las cosas, suma ahora el condimento del descontento, un elemento que termina por acelerar la toma de decisiones, es decir, el ejercicio de la autonomía.
Y es que la Presidencia lejos está de ofrecer soluciones a los distritos, por el contrario, pide mucho más de lo que puede dar y los resultados de esa relación quedan a la vista en el calendario eleccionario de este año. Córdoba, Santiago del Estero, San Luis, Tierra del Fuego y Chubut son algunos claros ejemplos de la disociación que se produce entre los distritos y la Nación… la política comienza a ser local.
Este nuevo escenario redistribuye los factores de poder y cambia el paradigma que comienza en el centro y termina en las periferias ofreciendo como resultado una suerte de paritaria política.
La caja ya no decanta la toma de decisiones porque, al fin y al cabo, queda poco y nada para repartir.
Y quien gane las elecciones presidenciales tendrá mucho más en la columna del debe que en la del haber. Esa será la dinámica que deberá administrar la persona que resulte elegida para gobernar Argentina hasta fines de 2027.
El panorama económico, social y político es altamente desafiante. La crisis no deja de sumar capítulos y a diario crecen las cifras de pobreza, indigencia y trabajadores cuyos salarios se quedan cortos.
Argentina, un país acostumbrado a los presidencialismos fuertes y contundentes, entrará a una nueva etapa con la próxima gestión, una que deberá caracterizarse por la negociación permanente y por la búsqueda constante del equilibrio con las provincias. Se impone la necesidad de desarrollar una paritaria política.
La relación fiscal entre la Nación y provincias
Según expresa un informe del think tank Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el federalismo fiscal argentino sufre de un elevado desequilibrio vertical, producto de la asignación de potestades tributarias y responsabilidades de gastos entre los diferentes niveles de gobierno. Como consecuencia, los gobiernos provinciales no pueden financiar con recursos propios la proporción del gasto de la que son responsables.
Esa brecha intenta ser compensada con un régimen de transferencias cuyo pilar fundamental es la Ley de Coparticipación Federal Nº 23.548. Adicionalmente existen regímenes especiales complementarios -derivados de la propia coparticipación o de determinados impuestos- y otras transferencias presupuestarias de carácter discrecional que el Gobierno nacional gira a las provincias bajo diferentes modalidades.
Las relaciones fiscales entre gobiernos transcurren en un complejo sistema de transferencias configurado al calor de las recurrentes crisis fiscales, y procesos de descentralización con financiamiento parcial. El marco de este sistema es la Ley de Coparticipación Federal con sus innumerables alteraciones que, a pesar del mandato constitucional de 1994, no ha podido ser modificada.
