El malestar de los trabajadores crece por lo que consideran un magro aumento del salario mínimo, vital y móvil (SMVM), insuficiente para seguirle el paso a la escalada inflacionaria que golpea cada vez con más fuerza a nivel nacional.
La bronca generalizada recrudeció luego que el Gobierno nacional anunció que el salario mínimo aumentará un 15,6% en abril, para pasar a ser de $80.342; mientras que en mayo y junio se darán otros incrementos de 6% y 5%, respectivamente, hasta llegar a un piso de $84.152. La decisión fue tomada el pasado martes en la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, encabezada por la ministra de Trabajo, Raquel Olmos, y llevada adelante de forma virtual con la participación de referentes gremiales y ejecutivos de cámaras empresarias.
Sobre los resultados, el secretario general de ATE Misiones, Jorge “Koki” Duarte, en diálogo con PRIMERA EDICIÓN, remarcó: “Siempre venimos corriendo detrás de la Canasta Básica, y el ingreso del trabajador popular sigue estando muy distante de ese valor que lo proporcionan los organismos oficiales”.
“El nuevo valor de la canasta todavía tiene una distancia muy significativa que ubica a muchas familias trabajadoras y muchos sectores del mundo laboral por debajo de la línea de pobreza y hasta de la indigencia”, apuntó y agregó que “el salario mínimo aprobado no cubre las necesidades más vitales, cuando en realidad debería mantener un equilibrio para la adquisición de esa canasta compuesta con productos necesarios para la vida cotidiana de los trabajadores”.
En la misma línea dijo: “Lamentablemente, en el contexto actual muchas familias están ubicadas por debajo de la línea de pobreza e indigencia. Esa es una ecuación que se tiene que revertir inyectando ingresos a los sectores populares y poniendo en debate la distribución equitativa de los recursos que son generados entre todos, porque incluso la clase trabajadora es un actor fundamental en la producción de los bienes y los valores que circulan en nuestro país”.
En relación a las preocupantes cifras que marcan una creciente caída del poder adquisitivo a nivel general, el secretario general de ATE aclaró que “el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) es el organismo oficial que emite los valores de la Canasta Básica, pero además algunos trabajadores del mismo organismo vienen llevando adelante un ejercicio distinto al que se usa oficialmente porque es una fórmula que carece de algunos gastos dentro de un hogar y que hoy ya se convierten en una necesidad primaria”.
“Esta fórmula, que es una alternativa y es emitida mensualmente, incluye gastos relacionados a Internet o alquiler, por ejemplo. Y estos valores llegan a una suma mucho mayor a la oficial. Nosotros entendemos que ese es el parámetro que se debería considerar, recordando que a febrero de este año esa canasta para una familia se ubicó por encima de los $224 mil, muy distante a la oficial”, relató.
Consultado sobre la posible influencia de las problemáticas económicas en un año electoral que define la continuidad o cambio de varios mandatos en todo el país, Duarte sostuvo que “el Gobierno pone en uso mecanismos para paliar la situación, como es la ayuda social que reciben muchos sectores de la comunidad, pero eso no alcanza”.
“Seguramente, en distintos momentos coyunturales el pueblo salió a la calle para decir basta a las formas de gestionar el Estado, en donde la rentabilidad la llevan determinados grupos mientras recae sobre toda la población una deuda externa totalmente ilegítima que genera que el Fondo Monetario Internacional (FMI) presiona para llevarse injustamente los recursos del país a costo de la pobreza y el hambre”, recordó y amplió: “En algún momento las autoridades que están al frente del Estado tienen que poner en debate, en serio, la cuestión de una justa distribución de la riqueza en el país”.
Además, opinó: “Creo que el pueblo siempre se expresó en las urnas para poner en debate los temas prioritarios. Apostamos y bregamos por que las elecciones permitan poner en debate estas necesidades para distribuir los recursos del Estado en forma equitativa, y sacar de la pobreza al pueblo que está en ese sector. Y eso no se logra con refinanciar la deuda externa”.
“Hay que auditar esa deuda, porque es fraudulenta e ilegítima, siendo que se transfirió deuda del sector privado al Estado. Eso se debe rediscutir y definir políticas que estén a favor de las mayorías populares”, completó.
CTA prepara medida de fuerza
La CTA Autónoma que participó de la reunión virtual del Consejo del Salario rechazó el aumento propuesto de 26% en tres cuotas, como oferta del Gobierno para actualizar el salario mínimo.
Por ello, desde la representación gremial manifestaron que “se debería establecer desde el mes de abril aumentos de fuerte impacto que no pueden estar por debajo del 50% para este primer trimestre, y volver a tener una convocatoria al Consejo dentro de no más de tres meses”.
Además, se reiteró el pedido de que el Salario Social Complementario no se desenganche del monto establecido por el SMVM. Así, la CTA resolvió que en los próximos días se convocará a la conducción nacional para resolver una medida de fuerza que se daría a mediados de abril.
Durante su exposición en el Consejo, el secretario general Hugo Godoy recordó que en febrero pasado hubo un 6,6% de inflación general y 9,4% de inflación en los alimentos, y que en los últimos doce meses la inflación fue del 102% y en alimentos alcanzó el 116%. Asimismo, todas las consultoras coinciden en que la inflación este año va a seguir estando alrededor del 100%.
“Cualquier aumento que se establezca tiene que estar muy por encima del aumento del 116% que ya ha tenido la canasta de alimentos en nuestro país el último año. Creemos que hay que garantizar un incremento y un porcentaje que nos acerque lo más posible a esa canasta mínima”, comentó Godoy y añadió que “el SMVM debería estar en los $180 mil”.
El dirigente planteó que para la discusión del Consejo se debería evaluar que “el plan económico que impuso el FMI, y que el Gobierno nacional aplica, es un plan inflacionario. Hay una falta de políticas activas de parte del Gobierno para ponerle límite a esta inflación y a la actitud especulativa codiciosa de las grandes empresas, fundamentalmente las alimenticias, que por otro lado tienen cifras extraordinarias de ganancias”.
