Aunque todavía no se ha cumplido un año de que comenzó a regir la Ley 27.642 de Etiquetado Frontal, paulatinamente en las góndolas de los supermercados y de kioscos se ha comenzado a notar que los productos cuentan con la etiqueta color negro del octógono que advierte “los excesos” que contiene cada alimento.
“Por supuesto que la decisión final la tiene el consumidor, pero hasta antes de la ley nadie sabía qué tiene realmente el alimento cuando se lo procesa en la industrialización”, comenzó su relato Gabriela Reyna, licenciada en Nutrición y encargada de la Dirección de Nutrición Escolar del Ministerio de Educación, durante una entrevista con FM Santa María de las Misiones.
En este sentido, fue clara al explicar que los alimentos tienen sus nutrientes, “pero el problema está cuando se industrializa porque lo tienen que hacer durar para que sea redituable económicamente. Entonces todo lo que le agregan deja de ser tan saludable”.
Sin embargo, dijo que la idea de esta ley no es atacar a la industria, sino brindar mayor información a los consumidores y, a su vez, brindarle opciones a las empresas para que puedan readecuar la composición de sus productos.
Argumentó que no sólo el Ministerio de Salud debe ser el organismo que se encargue del bienestar de la población, en cuanto a prevención de enfermedades y educación; sino que también “a la industria también le correspondía hacerse eco de estas problemáticas”.
Y es que según indicó, las “cifras epidemiológicas de enfermedades cardiovasculares, sobrepeso, hipertensión, obesidad y diabetes es mayor, y es resultado del consumo de estos alimentos industrializados, más que nada por el ritmo de vida que llevamos”.
Por eso, insistió en que si bien la rutina es ajetreada y en ocasiones no se puede recurrir a elaborar alguna comida casera o tomarse el tiempo necesario, al menos las personas podrán conocer a ciencia cierta qué están consumiendo cuando compran productos industrializados, y en base a esta información, tomar decisiones más conscientes.
Compromiso de las empresas
Gabriela Reyna reconoció que “tampoco se pretende que no se le agregue nada a los productos, porque éstos tienen que tener cierta conservación”, pero, a lo que apunta la ley respecto a la industria, es que advierte sobre “no excederse, por ejemplo, de tal límite de cantidad de azúcar” en la elaboración. Por eso, señaló que “la norma contempla plazos establecidos”.
En un primer momento “las industrias tenían dos etapas para readecuar los niveles máximos; pueden pedir prórroga, y también tenían autorizado vender el stock sin etiqueta con el que contaban, y una vez agotado recién comenzar a incorporarla”.
En este punto, explicó que si las empresas readecuan la composición del producto y merman los excesos, “no será necesario que el producto lleve la etiqueta de advertencia”. Por eso, dijo que “quizás la gente ve ahora algo que tiene la etiqueta pero en cuestión de meses no la tiene más, y es porque readaptó su producto”.
Sin embargo, productos como las gaseosas o papas fritas, por mencionar un ejemplo, “seguramente siempre llevarán la etiqueta” porque no hay forma de cambiar su fórmula para que sean más saludables.
Qué puede hacer el consumidor
La nutricionista contó que en la página web de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) hay una calculadora virtual “para que el usuario introduzca los datos del producto que quiera evaluar si debería llevar o no el etiquetado, y el sistema te ofrece la información”, aclaró.
A su vez, señaló que otra arista que contempla la ley tiene que ver con la distribución de alimentos en ámbitos escolares o donde circulen menores: “Productos que tengan el sello no podrán ser vendidos en kioscos y tampoco entregados en el desayuno de los chicos“.
“Es todo un desafío porque las escuelas son también formadoras de hábitos. De todos modos la ley todavía está en proceso de implementación y la industria alimentaria se está readecuando”, finalizó la especialista.
