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Avanzó en Diputados el plan de salvataje a los deudores de créditos UVA

Los autores de los 11 proyectos trabajarán desde ahora en la unificación de criterios para intentar sintetizar las distintas propuestas. Hay posiciones encontradas entre los legisladores.

22 marzo, 2023

Luego de que un grupo nutrido de diputados, la mayoría de ellos opositores, retirara la convocatoria a la sesión especial que estaba pedida para tratar los proyectos que proponen una reestructuración de los contratos de créditos UVA a raíz de las deudas acumuladas, la Cámara baja reanudó el debate en comisiones dio un paso más en la búsqueda de consensos mínimos para dictaminar.

En un plenario conjunto de las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda, se acordó que los equipos de asesores de los autores de los 11 proyectos trabajen desde ahora en la unificación de criterios para intentar sintetizar las distintas propuestas.

El diputado nacional Julio Cobos (UCR), quien encabezaba el pedido de sesión especial junto a otros 40 legisladores de la UCR, el PRO, el Partido Socialista e incluso del Frente de Todos, había intentado apurar la votación, pero lo cierto es que no se habían enhebrado los acuerdos ni siquiera para habilitar el quórum en el recinto, ya que tanto en el oficialismo como en Juntos por el Cambio persisten las dudas sobre un plan de salvataje para los deudores UVA.

No obstante, la maniobra de presión le sirvió para reactivar el trabajo de las comisiones que tenían frenado el tratamiento desde septiembre del año pasado (en noviembre se realizó otra reunión pero sólo de Finanzas).

La realidad es que la sesión que se había convocado estaba condenada a malograrse, ya que si milagrosamente superaba el filtro del quórum, después el proyecto tenía que conseguir la improbable suma de dos tercios de los votos presentes, dando que hubiera llegado al recinto sin dictamen. El camino más lógico es a través de la discusión en las comisiones.

 

Créditos UVA

 

Al abrir el encuentro, la presidenta de la comisión de Finanzas, Alicia Aparicio (Frente de Todos) recordó que el año pasado se realizaron tres reuniones informativas en las que intervinieron deudores UVA que relataron “la gran angustia” que viven junto a sus familias por no poder cumplir con las cuotas del crédito, que se subieron exponencialmente producto de la inflación.

Por su parte, Julio Cobos señaló que su proyecto, que propone aplicar el índice de actualización UVI (vinculado al valor de la construcción), “contempla un principio de solución para los que hoy tienen el crédito, pero también para el futuro, porque lo cierto es que hoy no hay crédito hipotecario en Argentina”.

El mendocino detalló que “se otorgaron 75 mil créditos en 2017, 80 mil en 2018, solo 9 mil en 2019 y 20 mil en el 2020”.

Reconoció que “no hay morosidad porque la gente lo último que deja de pagar es su vivienda”, pero recordó que “hubo cinco congelamientos y el último una convergencia”, razón por la cual desde “mediados del año pasado recién (los tomadores de créditos UVA) están pagando la cuota en toda su magnitud”.

El radical explicó que el problema estructural que está detrás de las dificultades para afrontar las elevadas cuotas radica en la inflación, y destacó que “hasta septiembre de 2018 estuvo por encima la evolución del salario” por sobre la suba de precios, por lo que no representaba un asunto tan grave.

 

 

Respecto de las distintas alternativas para el cambio del índice de actualización de los créditos hipotecarios, que van desde el Coeficiente de Variación Salarial, el RIPTE o el UVI, se mostró confiado en que finalmente se van a “poner todos de acuerdo” en un criterio único.

“Hay proyectos que hablan de un fondo compensador, otros no. Otro punto a discutir es la fecha de corte (para la actualización)”, puntualizó Cobos, y agregó que hay consensos sobre la medida de suspender los desalojos y las ejecuciones hipotecarias.

Contrariamente al mendocino, el diputado de Evolución Radical Martín Tetaz defendió la continuidad del mecanismo UVA, del cual aseguró que “funciona muy bien y lo tenemos que cuidar”.

Para el economista, “no hay que romper contratos” ni “establecer regulaciones que terminen como la Ley de Alquileres”, de la cual dijo que se sancionó por “buena voluntad” de los legisladores, pero “terminó generando más problemas que soluciones”.

Tetaz afirmó que “todos los temas que son atribuibles a UVA no son por UVA, sino por la inflación y la caída de los salarios”, y en ese sentido argumentó que “la caída real de los salarios afectó a toda la economía y no tiene que ver con los UVA”.

 

 

“Si rompemos el mecanismo, empezamos a cambiar tasas o condiciones, o cambiamos los contratos vamos a generar mucho daño. Por eso no estoy de acuerdo con el reajuste de los créditos con anterioridad, sería una violación de los contratos que nosotros no vamos a acompañar. Lo que tampoco me gusta y genera mucho ruido es la figura de un fondo compensador”, consideró.

Por el Frente de Todos, Juan Manuel Pedrini indicó que la cotización de la UVA al 30 de junio de 2017 era de 19,33 pesos y hoy está en 214,25 pesos, un aumento del 1.108%, que calificó de “demencial”.

El chaqueño reconoció que “los que tomaron los créditos hipotecarios tienen un bien que se cotiza en dólares”, con lo cual se minimiza el daño, pero en el caso de los que tomaron créditos para comprar un auto, por ejemplo, “hoy tienen una deuda impagable y el auto vale el 30% o 40% de lo que valía en ese momento, por lo tanto la situación es muchísimo peor”.

 

Fuente: Noticias Argentinas 

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Tags: Cámara de DiputadosCongreso NacionalCréditos UVAsalvataje
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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