Dos comunidades guaraníes sufrieron en los últimos días nuevos atropellos en las tierras que ocupan y que ya fueron relevadas como parte de su territorio por el Gobierno. En la comunidad de Puente Quemado II, ubicada en Garuhapé, sus pobladores denunciaron que volvieron a ingresar máquinas a desmontar lo que queda de selva nativa y aseguraron que esta situación la vienen sufriendo desde 2019. Remarcaron además que la tala de árboles se realiza sin su consentimiento y con autorización del director general de Bosques Nativos, Mariano José Marczewski.
Consultado sobre este conflicto, Marczewski remarcó en diálogo con PRIMERA EDICIÓN que “no se autorizaron actividades sobre áreas demarcadas en el marco de la ley 26.160” e indicó que “hay un acta hecha por los inspectores del Ministerio de Ecología a pedido del cacique de la comunidad y suspensión del plan, para determinar bien si hay irregularidades en la ejecución del mismo”.
Precisó además que “esta semana se realizará una reunión con todas las partes para dialogar y aclarar temas”.
Por su parte, desde la organización no gubernamental (ONG) Rebelión o Extinción Misiones (XR) alertaron que “los que desmontan sacan la madera nativa para venderla. El Ministerio de Ecología solo arma actas que luego incumple otorgando permisos, no están del lado de las comunidades sino de los empresarios que tienen dinero para destruir la selva. Es un hecho muy grave porque los indígenas preservan y cuidan el monte desde siempre y sus voces no son escuchadas. Debemos preservar el territorio mbya y defenderlo de las empresas y empresarios que se creen dueños de la tierra y solo quieren destruirla”.
Recordaron además que la comunidad de Puente Quemado II no cuenta con agua potable ni luz eléctrica.
Dijo ser el dueño y comenzó a construir cabañas
También la comunidad Mbocayaty, ubicada en el valle del Teyú Cuaré (San Ignacio) debió acudir a la Justicia este fin de semana para denunciar que un hombre, que se presentó como oficial de Justicia de Oberá y propietario de las tierras de la comunidad, desmontó monte nativo y comenzó a construir cabañas.
No es la primera vez que el cacique de Mbocayaty, Bernardino Villalba, acude a la Justicia para frenar el avance de intrusos que desmontan el bosque. En marzo del año pasado, esa comunidad, con intervención judicial, logró sacar de sus tierras a un hombre de Posadas que ya había comenzado con las tareas de desmonte y trabajo del suelo, con la intención de instalar una vivienda.
El territorio de Mbocayaty, con Personería Jurídica N 045, fue relevado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) -en conformidad a lo establecido por la Ley 26.160 -, instrumento legal que obliga al Estado a garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión sobre el territorio violentado. Cabe recordar que está escrito en la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17) que el Estado reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y, por consiguiente, también la posesión y propiedad comunitaria de sus territorios.
Según contó quien hace de intérprete del cacique, Silvio Méndez, “el jueves pasado (9 de febrero) fuimos a Jardín América con el abogado del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA) para hacer la denuncia contra un tal Claudio, que se presentó como oficial de Justicia de Oberá y propietario de nuestras tierras y quiso construir cabañas en nuestro territorio que ya fue relevado por el Gobierno”. El hombre estaba junto a otras tres personas, que también dijeron ser oficiales de la Justicia.
Recordó que esa primera denuncia la hicieron el jueves a la tarde junto con el cacique, pero al día siguiente debieron repetir la denuncia ante la Fiscalía.
“En la comunidad, mientras tanto, se decidió cortar el camino que va hacia la zona donde estaban construyendo estas estructuras y no dejarlos ingresar más. Volvimos a la comunidad con la policía, hoy (por el sábado) ya no vino el intruso, pero regresaron los obreros a retirar sus herramientas”, detalló Méndez quien aseveró que “las leyes nos avalan, pero nosotros mismos tenemos que luchar por nuestro territorio, por eso decidimos cortar el camino para evitar el ingreso de los obreros a nuestra tierra”.
Si bien contó que los obreros prometieron que no regresarían, Méndez indicó que “seguiremos atentos para cuidar nuestro territorio, no es fácil para nosotros venir y enfrentar a los intrusos pero sin monte no hay vida. Tenemos que cuidar el monte, en esta área tenemos las plantas que usamos en nuestra medicina, tallas de madera para hacer artesanía y los chicos vienen a bañarse al río Yabebirí… y ellos ya les habían prohibido que pasaran para ir al río”.
